Por José Luis Ituño
Resultó ser el Procurador en lo Contencioso Administrativo Gualberto Pérez Riestra, quien había asumido en ese cargo durante el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez en junio de 2009.
La propia Ministra María Simón le había confiado tal designación cuando ella era Ministra de Educación, inclusive utilizando palabras para con el ahora preso, tales como “un hombre de trayectoria, formación y criterio en el desempeño de la actividad profesional”.
Lo que Simón no dijo es que toda esa experiencia la utilizaría para beneficio propio y para urdir un complejo plan de estafa que incluyó quedarse con una casa que había sido donada a la Fundación Peluffo Giguens por un valor de 130 mil dólares.
La investigación que terminó con su procesamiento, determinó que el profesional había elaborado escritos y documentos en la maniobra.
Conforme falso
Cuando comenzaron los trámites de sucesión, la propiedad fue embargada por un grupo de personas que presentaron un conforme firmado presuntamente por el occiso. Uno de los herederos dudó del documento, presentó una denuncia para que se investigue, y se constató que el conforme era falso.
Una madeja insólita, máxime proviniendo de una persona supuestamente “de confianza” de la entonces Ministra, ahora Sub-Secretaria, que lo había elegido “por ser una persona de bien”.
Todos nos podemos equivocar juzgando personas, pero una cosa es equivocarse al elegir un sanitario que nos conecta mal el calefón o un socio que nos engaña y otra cosa es como Ministro de Estado confiarle la Procuraduría General de la Nación por diez años a una persona sin escrúpulos, capaz de intervenir en una estafa contra una de las fundaciones más prestigiosas de Uruguay y que atiende a miles de chiquitos con cáncer.
Cuesta creer que haya gente –con cargos de gobierno- capaz de asociarse a este tipo de delitos con total impunidad y tranquilidad, urdiendo planes vergonzosos, que tarde o temprano terminan comiendo guiso en San José y Yí
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