Legitima Defensa

Editorial

Antes de entrar directamente en el tema que nos ocupa, debemos indicar que existen cometidos esenciales a cumplir por el Estado, entre los cuales se encuentra su obligación de brindar seguridad a los habitantes de la República.

En este caso no importa el -más o menos- del Estado; éste tiene una obligación fundamental para la posibilidad de convivencia entre todos los habitantes de su territorio y ese, y no otro, es su rol. Aún en el sistema de un Estado pequeño, desde el punto de vista de sus acciones directas, se encuentran las de Estado “juez y gendarme”, precisamente indicando cuáles son las funciones básicas en un Estado.

Uruguay, viniendo al contexto actual,se encuentra ante una situación de “emergencia nacional” en su sistema de seguridad.

Ante esa deserción del Estado uruguayo es que nos encontramos con empresas de seguridad, vigilando y operando en temas de seguridad pública, mediante un servicio que debemos pagar, tanto en casas de familia, como en empresas, y nos olvidamos que dentro de la parafernalia de impuestos excesivos de los que nos hacemos cargo, ya hemos pago por ese servicio esencial que no se nos brinda, y lo peor, del que carecemos y que no es fácil de sustituir, por lo que implica esa tarea en cuanto a su especialización, peligro intrínseco a su función y por las garantías ofrecidas para todos los involucrados.

Pero la deserción estatal que ya nadie cuestiona es tal, que lleva a los ciudadanos prácticamente a tener que usar armas, y peor aún, a utilizarlas para defender a los suyos y a lo que es suyo.

Para defender a su familia, a sí mismos, a clientes, a su propiedad, a sus objetos más preciados, todos bienes que nos animamos a definir como prioritarios en la vida de un ser humano común.

Todo ello ha llevado a numerosos ciudadanos, a veces, a varios en el transcurso de una misma semana, a tener que actuar en defensa de su vida o la de sus familiares, en lo que se denomina por las leyes, doctrina y jurisprudencia penal, como la legítima defensa.

Concepto de Legitima Defensa

Nuestro Código Penal, en su artículo 26 define asíu a la Legítima Denesa:

Art. 26. Legítima defensa. “Se hallan exentos de responsabilidad:

1º. El que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

a) Agresión ilegítima.

b) Necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño.

c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. … “

De tal forma se define como concepto la “legítima defensa“ en nuestro derecho, pero desgraciadamente tal declaración y las causas de justificación de dicho actuar, no exoneran a su protagonista, de su propia conciencia y las razones, que por justificadas que sean a nivel legal, a veces no importan para la psicología del que se ve forzado a realizar tal legítima defensa.

El Estado, si cumpliera su misión en forma eficiente y eficaz, sobretodo en lo que hace a sus funciones esenciales, entre las que está la seguridad pública, evitaría esta situación de caos social en que vivimos todos los uruguayos en todo el territorio nacional.

Lamentamos la situación a que deben someterse los ciudadanos que tienen que ejercer la tan mentada “legítima defensa”, y lo peor acarrear para siempre, en su mente, heridos graves o muertos, por más que su actuar sea con una causa de justificación que lo exima de pena.

El episodio, el hecho, el enfrentamiento, la herida, la muerte, como tales existieron, fueron razones de vivida protagonizadas por personas comunes, a quienes obviamente, se los llenará de sufrimientos, y quizás muchos de los que hayan actuado con legitimidad, puedan quedar con secuelas para continuar viviendo tranquilos. Todo ello debe ser evitado por el Estado uruguayo, esa es su función esencial, no puede claudicar de hacerlo, deben usarse ene se sentido todos los recursos necesarios para cumplir con el mandato constitucional .

Realmente y luego de pasados los 100 días de este nuevo gobierno, continuidad de otro del mismo partido político, que en el anterior gobierno demostró incapacidad absoluta para resolver estos temas, no hemos visto mejora alguna. Todas son promesas, comisiones, pero la gente sigue sufriendo en la calle, en sus hogares, en sus negocios, en los ómnibus, en los restaurantes, en ferreterías, bares, carnicerías, taxis, y a muchos de esos compatriotas se les ha cambiado la vida.

No cualquier ser humano está preparado para dar muerte a un semejante, esa no es la misión de un ciudadano común, padre, hijo, vecino, hermano, sino que como tales, lo que esperamos todos, es vivir en un Estado que cumpla sus funciones esenciales; para eso se votan los recursos económicos y pagamos nuestros impuestos.

El ciudadano uruguayo, está harto de tener que pagar por servicios que no recibe, la seguridad es uno de ellos, y a veces ni alcanza con pagar además de al Estado (a través de impuestos) , a empresas de seguridad (mediante contratos).

La delincuencia hay que enfrentarla, para lo cual no hay que temer en utilizar la represión.

Se esperan medidas legislativas que bajen o no la edad de imputabilidad, recursos económicos a través del Presupuesto Nacional, edificios de cárceles mediante leyes especiales, negociadas entre gobierno y oposición, pero nuestra gente común, el ciudadano de a pie, no quiere ver más a padres de familia, guardas, carniceros, ferreteros, serenos, pequeños comerciantes, almaceneros, quiosqueros, taxistas, etc. teniendo que tomar las armas para defenderse, actuar hiriendo o matando para luego esperar la acción policial y judicial, que determinará o no su procesamiento, y además quedar con posibles secuelas el resto de sus vidas, puesto que no son quienes tienen que actuar en dichas acciones que están reservadas al Estado.

Los uruguayos no soportamos más, no queremos seguir viviendo algunas situaciones no queridas de la llamada “legítima defensa”, por más que se pueda quedar eximido de pena.

En el Uruguay democrático el ejercicio de la autoridad no es delito, más bien todo lo contrario, es una obligación.