La creación del tercer nivel de Alcaldías está generando a nivel de los gobiernos departamentales un nivel o grado de capacidad “autonómica” hasta ahora poco observado por la sociedad uruguaya. Los actuales desafíos orientan la acción política a la independencia en el cobro de tributos ocurridos en el interior y manejados por fondos especiales, y a su capacidad de ofrecer compartidas en obras y servicios a la comunidad, siempre y cuando el Gobierno Central asuma sus deficiencias a la hora de construir caminos, carreteras,l escuelas, hospitales y liceos.
El Frente Amplio como fuerza política gobernante, asumió, en el marco de un áspero debate entre quienes ejercen el Gobierno y la labor parlamentaria, que el Presupuesto Quinquenal, la madre de todas las leyes del Poder Ejecutivo, no será el único proyecto de ley relevante en el área económica para este año. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, presentó ayer al presidente José Mujica la Rendición de Cuentas 2009, sin modificaciones ni ajustes presupuestales, no obstante lo cual le dejó en claro que a través de leyes particulares ingresará al traspaso de lo público hacia lo privado, e incluso se dictarán normas sobre el manejo de capitales públicos.
Sobre este último aspecto, en quince días el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enviará a la bancada frenteamplista el anteproyecto de la futura ley que regulará los emprendimientos entre el sector público y el sector privado, una de las iniciativas más importantes a discutir en el primer año de legislatura.
El proyecto establecerá un marco jurídico para las asociaciones entre públicos y privados y también para las asociaciones entre sectores públicos. "El Ministerio de Economía ya tiene definida esa ley, que no será poca cosa, será una novedad", dijo al diario El País el martes 29, el Senador del MPP y ex ministro Ernesto Agazzi.
El proyecto será discutido por la bancada antes de su ingreso formal al Parlamento, debido a que la idea es que los legisladores discutan todo antes que vengan los proyectos de ley.
El nuevo criterio sobre la “cosa pública” que pretende aplicar Mujica va directamente a la raíz opositora del Frente Amplio al menos desde 1985 a la fecha, cuando desde la oposición criticó, censuró y hasta procuró plebiscitos con el fin de endentecer este tipo de procesos.
Rendición de Cuentas
Por su parte, el ministro Lorenzo anunció el lunes 27 a la Mesa Política del Frente Amplio -a donde asistió para analizar los lineamientos presupuestales- que enviara al Parlamento la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución presupuestal del último año de la administración de Tabaré Vázquez. Constitucionalmente, el Poder Ejecutivo disponía hasta el miércoles 30 para enviar esa iniciativa al Poder Legislativo
El proyecto contiene dos artículos. Uno de ellos tiene que ver con la ejecución del 2009 y el déficit presentado, mientras que el restante está referido a la situación carcelaria, estableciéndose un régimen de movilidad en el escalafón del Ministerio del Interior para permitir la conformación de 1.500 vacantes a fin de destinar los ingresos a la custodia de los establecimientos penitenciarios.
Se trata de uno de los acuerdos a los que se llegó en la comisión de seguridad conformada por todos los partidos políticos.
Proyecto AFAPs
El Parlamento también tiene a estudio un proyecto de ley enviado por el Ministerio de Economía que aumenta el tope que tienen las AFAP para invertir en emprendimientos públicos y privados, incluyendo obras de infraestructura, y además amplía las opciones de las AFAP para colocar fondos en el exterior.
La iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y por la comisión de Hacienda del Senado. Solo resta la sanción de la Cámara de Senadores y la posterior promulgación del Ejecutivo.
Gobiernos Departamentales:
como piedra en el zapato
En resumidas cuentas los Intendentes de todos los Partidos Políticos, incluidos los 5 frenteamplistas, discrepan con el gobierno por la previsión de fondos a destinarse para el interior. Mientras la OPP quiere disminuir el "piso" de las transferencias a los departamentos, los gobernantes departamentales buscarán mantenerlo e incrementar partidas que garanticen su funcionamiento pleno en materias tan controversiales como la caminería rural, casi inexistente a lo largo y ancho del país, y a la compra de maquinaria en condiciones más favorables que las actuales.
En ese sentido, el gobierno quiere disminuir el "piso" de $ 5.200 millones de un fondo fijado en la Constitución para las intendencias que se nutre con los impuestos cobrados en el interior del país, previéndose que por allí pasen los más fuertes debates.
A partir de los próximos días, una delegación técnica del Congreso de Intendentes negociará con la OPP los montos que serán destinados a dicho fondo de acuerdo a lo que establece el artículo 214 de la Carta Magna. Hace cinco años dicho fondo se constituyó con un tope máximo de 3.33% del presupuesto nacional.
El contexto actual da cuenta de que la recaudación del gobierno central en 2009 fue de $ 197.000 millones, de los cuales el 3.33% representan $ 6.500 millones. Y el "piso" de dicho fondo representa $ 3.400 millones. Este monto fue fijado hace cinco años como forma de garantizar el cumplimiento por parte del gobierno de esta norma constitucional.
El gran debate
A juicio de los intendentes, el gobierno deberá actualizar ese "piso" en base al Índice de Precios al Consumo (IPC).
El jueves 24 una delegación del Congreso de Intendentes integrada por Marcos Carámbula (Canelones) y Artigas Barrios (Rocha) se reunió con el director de la OPP, Gabriel Frugoni, para plantearle que los jefes comunales también pretenden que el gobierno mantenga el tope (3.33%), ya que la recaudación real del Estado se incrementará en el 2010.
Sin embargo, el economista Frugoni como director de la OPP, le señaló a Carámbula y a Barrios que el gobierno garantizará el fondo pero que desea reducir "el piso" ante una eventual disminución de la recaudación.
Una fuente municipal señaló que las negociaciones "todavía están abiertas" y que es posible que el gobierno acceda a fijar un piso algo más bajo al que pretenden los intendentes, aunque eso será producto de un debate de fondo sobre el nivel o grado de compromiso de los gobiernos departamentales en tareas y funciones que van más allá de sus competencias, las que son competencia inobjetable del Gobierno Nacional.
El Fondo de Desarrollo del Interior
Otro tema que genera diferencias entre el gobierno y los jefes comunales es el del Fondo de Desarrollo para el Interior (FDI) establecido en el artículo 298 de la Constitución.
Esta norma prevé que este fondo específico debe ser destinado a políticas de descentralización.
El FDI se nutre de un porcentaje de los impuestos nacionales que se recaudan en el interior del país. En el 2010, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo del Interior representó unos $ 580 millones.
Los intendentes pretenden que este Fondo sea recalculado para que se determine con precisión el monto de los tributos nacionales recaudados en el interior desde 1999 hasta el presente, considerando la variación cuantitativa del Producto Bruto Interno (PBI), y no como hasta ahora en donde no se divisa con claridad su fórmula de cálculo.
También plantearon a la OPP que se debería variar el porcentaje del uso de esos recursos. Pese a que se llama Fondo de Desarrollo del Interior, apenas el 25% de ese dinero es de libre disponibilidad de las intendencias. El 75% restante se utiliza en políticas de descentralización del gobierno central, que se ejecutan a través de OSE y UTE.
A nivel de los municipalistas de todo el país, y no sólo de los Intendentes, sino también incluida la Academia y actuales legisladores que pasaron por las jefaturas comunales, este Fondo de operar sin ser compartido con el gobierno central ni bajo su tutela.
En los próximos días, delegados técnicos del Congreso de Intendentes y de la OPP discutirán sobre ambos fondos para mejorar el desarrollo del interior del país. Luego se reunirán autoridades políticas de la OPP con el Congreso de Intendentes para tratar de solucionar las diferencias que hayan quedado pendientes.
Apenas un mes le restará al gobierno y a los intendentes para alcanzar un acuerdo. El Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el 30 de agosto para enviar el proyecto de Presupuesto al Parlamento.
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