La racionalización del uso de la privación de libertad, el fortalecimiento de las medidas cautelares y la creación de programas de reinserción social eficaces, que impidan la reincidencia, son algunas de las sugerencias que emanaron del Consejo para la Reforma Penitenciaria para enfrentar el hacinamiento en cárceles de Chile.
Hace algún tiempo que distintos organismos han llamado la atención sobre las deplorables condiciones que se presentan en los recintos penitenciarios del país. Hacinamiento, deficiencias higiénicas, violencia y una población que crece cada vez más, son sólo algunos de los problemas que se presentan en las cárceles de todo Chile.
Por lo mismo y luego de ocho meses de diagnóstico, el Consejo para la Reforma Penitenciaria hizo entrega de sus primeras conclusiones en la materia. Dentro de las sugerencias que se plantearon para enfrentar este complejo escenario se incluyen la racionalización del uso de la privación de libertad, el fortalecimiento de las medidas cautelares y la creación de programas de reinserción social eficaces, que impidan la reincidencia.
“La principal conclusión a la que se llegó en el Consejo fue que el hacinamiento es una situación de crisis en la que los avances sólo se han concentrado en la construcción nuevos recintos de detención. Sin embargo, no se observa una política carcelaria que presente un diseño integral de estrategias para enfrentar este problema. Por ello, recomendamos un uso más efectivo y eficaz de medidas alternativas a la prisión, generar programas de reinserción social que apunten a facilitar la integración de esas personas y reducir la reincidencia delictual”, puntualizó la abogada del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, Olga Espinoza.
Por su parte, la directora del programa de Seguridad y Ciudadanía de Flacso, Lucía Dammert, criticó el sistema concesionado de cárceles.
“La sobrepoblación carcelaria no se soluciona con más recintos penitenciarios. Cuando partió el sistema concesionario se dijo que las diez nuevas cárceles iban a solucionar el problema, pero el crecimiento de la población carcelaria continúa en ascenso y, probablemente, cuando se terminen de construir todos los demás vamos a necesitar otros para tener a la gente en condiciones dignas. Si la cárcel se convierte en un espacio donde se va a ser maltratando y donde hay riesgo de contagio criminal esa no es una solución. Y esa tiene que ser una de las prioridades del próximo gobierno”, dijo la socióloga.
Según Dammert la primera tarea es terminar el diagnóstico para poder ponderar opciones, tanto de reinserción como de ayuda psicológica y social.
“Hay múltiples revisiones que hacer. Hay que fortalecer el sistema de medidas alternativas, pero con mayores niveles de eficiencia. Hay que revisar la cantidad de personas que van presas con condenas de menos de un año, cuya experiencia carcelaria, muchas veces, va en detrimento de sus capacidades de sociabilización. Además, hay que mirar algunos problemas de salud, en especial, serios casos de adicción que son los detonadores de los problemas delictuales. Tal vez se podrían buscar mecanismos para separar a los distintos tipos criminales que ocurren para que no lleguen al mismo lugar”, explicó la especialista en temas de seguridad.
Otra de las posibilidades que ve el Consejo para terminar con los problemas carcelarios es que Gendarmería se aboque exclusivamente a la custodia y seguridad de los internos, dejando a un servicio de reinserción social también dependiente del ministerio de Justicia, la supervisión de las medidas alternativas.
La instancia propone además el aumento de plazas en establecimientos penales especiales para el cumplimiento de la reclusión nocturna y la remisión condicional, evitando con ello que las personas lleguen a las cárceles.
En este sentido, Olga Espinoza se mostró optimista respecto del recibimiento que podría tener el estudio entre las nuevas autoridades y adelantó que ya tienen programada una reunión con el nuevo ministro de Justicia, Felipe Bulnes, para analizar el trabajo realizado.
“Las perspectivas son positivas. Todavía no nos hemos reunido con nuevo el ministro de Justicia y esperamos que en esa ocasión podamos presentar los resultados de ese trabajo y ponernos todos a disposición de colaborar con una futura política penitenciaria que sea más adecuada a nuestra realidad y que responda de manera más eficiente a lo que todos queremos: que es mayor seguridad a través de la reintegración de los sujetos que pasaron por la cárcel”, sostuvo.
El Consejo para la Reforma Penitenciaria está integrado por el ministerio de Justicia, Flacso Chile, la Fundación Paz Ciudadana, el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile (CESC) el Centro de Estudios de las Américas (CEJA) Gendarmería, y el Poder Judicial, a través de la Fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado.
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