La resolana del juez Balliva

Por Cesar Garcia

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, insistió una y otra vez que la seguridad era un problema de todos que excedía las responsabilidades de este Gobierno. Hubo quienes lo entendieron y aceptaron que las causas del sistema lo sobrepasan y anteceden, y hubo otros más, quizá muchos más, que entendieron que las razones son múltiples, aunque las responsabilidades son institucionales más allá de quien sea el partido político gobernante.

Desde estas páginas y sin temor a equivocarme, creo que ha sido unánime el sentimiento de que Bonomi busca, aunque parece no encontrar, la senda que haga propicio el cambio de rumbo. Esto, ciertamente, no pasa sólo por más fondos salidos de la instancia presupuestal que se avecina rumbo a las cárceles, sino por la aplicación de medidas políticas que no admiten la menor demora.

Y en este contexto al promediar la semana pasada se dio un hecho no menor para la institucionalidad del país, que también lo tuvo como protagonista a Bonomi en su calidad de ministro de Estado, y a un Juez, el Dr. Washington Balliva, quien públicamente y sin saberlo, debatió acerca del fondo, de la sustancia, de lo que verdaderamente importa en estos temas, que es la causa de los hechos carcelarios, el porqué una persona -tenga la edad que tenga- debe terminar encarcelada por robar, rapiñar o secuestrar con fines de obtener dineros o bienes materiales de otros.

Mientras Bonomi sin proponérselo criticó drásticamente al Juez y al sistema judicial, porque éste puso en manos de sus padres a un menor infractor presuntamente involucrado en los tan mentados secuestros express de las últimas horas, Balliva la emprendió contra los policías que no entendieron que dicha decisión estaba estrechamente vinculada a la pesquisa que debió hacerse, en forma discreta, sobre ese menor y su grupo de influencia.

Es decir, el Juez pretendía que la Policía lo asistiera en su función de titular de la causa penal para que arbitrara en ese contexto todos los mecanismos posibles para averiguar qué hacía y con quiénes se relacionaba aquél menor que los secuestrados imputaban como uno de los responsables del delito cometido.

Pero Bonomi no quiso entender lo que el Juez Balliva planteaba respecto de la indagatoria y sus formalidades, sino que apuntó a defenderse él buscando una cabeza de turco, sin importar que verdaderamente le correspondía al juez por derecho otorgado por la Ley, valerse de sus atribuciones y competencias y así investigar. Es el juez, no el ministro quien tiene en el marco de la causa penal el rol proactivo de indagar utilizando a la policía como su auxiliar.

Y esto, en mi opinión, importa y mucho en la antesala de una interpelación, porque si bien Bonomi no es responsable individual del desastre de la cárcel de Rocha, no puede transformarse en el interpelante de la Justicia al extremo de obligar a un Juez a defenderse por las decisiones adoptadas, y ser objeto de desprestigio ante la opinión pública por parte de un ministro que lo que hace es manejar a los medios en el marco del suministro político de la información generada.

La consecuencia de este debate público entre el ministro y el juez, terminó -otra vez, y como ya ocurrió años atrás- en la sanción indirecta al juez. No es la primera vez que Balliva se enfrenta al sistema político y tan solo con la Constitución en sus manos, pierde. Antes, cuando citó a un diputado a declarar a un Juzgado Penal, lo sacaron literalmente a un Juzgado de Aduanas, y ahora cuando se enfrentó a un ministro lo pasan de un Juzgado Penal de Adolescentes a uno de Familia. Si este juez antes de jubilarse vuelve a tener un encontronazo con el mundillo político, seguramente terminará en un Juzgado en Bella Unión, porque más lejos no podrán mandarlo.

Lo variopinto de esta situación –ministro vs. Juez- deja en evidencia la búsqueda de una resolana que por fin tendrá evitar que quien imparte la justicia, se someta al viento de la política y sepa el juez que está librado al sol, o a la intemperie, que para este caso parece ser lo mismo.

Quizá mucho sobre esto debería debatir el Parlamento, más que analizar las causas de la inexistencia de una política pública en materia de privación de libertad.