Menos de mil piqueteros de Gualeguaychú decidieron levantar el bloqueo de la ruta que lleva al puente San Marín: 402 votos contra 315 por levantar la medida por 60 días.
Con críticas a los gobiernos de Cristina Fernández y José Mujica, la Asamblea de Gualeguaychú decidió entre dos alternativas: seguir con el corte de la ruta 136 que impide el tránsito por el puente binacional San Martín, o levantarlo por 60 días con el fin de que se alcance un monitoreo conjunto del río Uruguay que incluya controles en la planta de UPM.
Nadie estaba convencido de tener la razón anoche en Gualeguaychú y el desorden fue el ánimo reinante. Se votó a mano alzada pero al considerarse que no era seguro el conteo se optó por separar a quienes estaban a favor de cada propuesta a los dos lados del lugar de la asamblea.
Finalmente se resolvió que quienes estaban a favor de levantar el corte salieran a un patio y así poder contar los votos con más garantías. Ganó la posición de levantar el bloqueo por 402 a 315 votos.
En la asamblea de ayer hubo tres posiciones que se analizaron y que, con condiciones diferentes, contenían el levantamiento del corte de la ruta 136.
La propuesta que ya se conocía era la de los "moderados", que plantearon levantar el bloque por 45 días, con el objetivo de ver si se concreta el monitoreo conjunto de la planta de UPM, quitada la traba que según el gobierno argentino implica el piquete y convencidos que el monitoreo dará como resultado que UPM contamina.
Otra propuesta apuntaba a levantar el piquete desde el 1º de agosto, cuando se sepa si Mujica y Fernández firmaron el acuerdo del monitoreo de la contaminación del río Uruguay que el 2 de junio coincidieron en concretar en un plazo de 60 días.
La posición más radical planteaba la posibilidad de levantar el bloqueo tras negociar que el gobierno argentino acepte "el cumplimiento del Código Aduanero y el dragado del río Uruguay".
En 2006, los gobiernos de ambos países acordaron un memorándum de entendimiento para suspender las obras de Botnia, para que un grupo de seis expertos realizara un estudio ambiental del emprendimiento ajustados a términos técnicos de referencia presentados por Argentina.
Botnia aceptó suspender las obras por 10 días, período que fue considerado insuficiente por el gobierno de Argentina, en ese entonces presidido por Néstor Kirchner, para hacer un estudio ambiental.
Pero en esa ocasión, la empresa de capitales finlandeses también consideró que los requisitos que Argentina quería exigir a la empresa en sus procesos de producción eran inaceptables, porque no surgían ni de la normativa ambiental nacional ni de la europea, e incluso de la finlandesa.
En la pasada jornada, UPM siguió guardando silencio respecto a la posición presidente Mujica sobre habilitar este proceso y la posibilidad de un monitoreo conjunto con Argentina dentro de la planta, de lo que no tuvo comunicación oficial por parte del gobierno uruguayo.
Fuentes políticas y diplomáticas manifestaron su preocupación por consecuencias negativas que un monitoreo binacional dentro de la planta puede ocasionar y que no sólo refieren a la soberanía, sino a violaciones a derechos de la empresa y a la posibilidad que integrantes del grupo que inspeccione la planta reclamen condiciones de producción que busquen hacer inviable la planta.
De aquí en más el relacionamiento entre Uruguay y Argentina entra en un proceso distinto, más distendido en lo político aunque sin precedentes en lo social; nadie puede asegurar la normalidad para la zona de Gualeguaychú, sea por principio de un final anunciado, o por la inseguridad de un medio ambiente cargado de frustraciones habilitadas por años de inexistencia del Estado de Derecho.
No será fácil utilizar ese paso de frontera como sí lo es cruzar una calle entre Rivera y Livramento.
Algo cambió y aún no sabemos si para bien o para mal.
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