Hace unas semanas varios medios de difusión
publicaron un artículo de mi autoría, en el cual adelantaba que en el anterior
remate de los aviones de PLUNA, no se presentaría nadie a pujar, pues el precio
de los aviones estaba sobrevaluado.
Lamentablemente mi vaticinio se cumplió
En este segundo llamado, en las mismas condiciones
que el anterior, solo se cambió el lugar del remate, tampoco habrá oferentes y
se caerá nuevamente la posibilidad de venta de los aviones y la posterior venta
de sus rutas.
Ante esto, vale preguntarse qué parte de las rutas
intentarán vender de las que PLUNA tiene desde Uruguay.
El gobierno sabe que está intentando vender humo,
pues para efectivizar las rutas con destino Argentina, las mismas deberán ser
autorizadas por la Autoridad
de Aviación Civil de la
Republica Argentina , que es la Administración Nacional
de Aviación Civil.
Su administrador es el Dr. Alejandro Agustín
Granados, hijo del intendente de Ezeiza. Hace algunas unas semanas se nombró al
Dr. Manuel Baladrón como subsecretario de Transporte Aéreo, por arriba del
Administrador Nacional de Aviación Civil, el Dr. Granados.
Dentro de su Administración se encuentra la Dirección Nacional
de Transporte Aéreo a cargo de la
Sra. Paola Tamburelli, que tiene como “responsabilidad
primaria” la de controlar en forma eficiente la explotación de servicios
aeronáuticos y la actividad comercial de la aviación civil para lograr su
desarrollo organizado, bajo los principios de eficiencia, seguridad y economía,
acorde con la legislación vigente y recomendaciones internacionales.
Y sus “acciones” son, entre otras, supervisar y
controlar la aplicación de normas y regulaciones relacionadas con la
habilitación de los Servicios de Transporte Aerocomercial y cumplir con los
procedimientos técnicos definidos en la aprobación de las solicitudes de
carácter comercial de operadores comerciales nacionales y extranjeros.
Si se lee con detenimiento, entre sus acciones
están las relacionadas con las líneas aerocomerciales, o sea conceder los
permisos para las rutas e itinerarios.
¿Qué se supone está subastando el Uruguay? ¿Aviones
para volar entrecasa?
Detrás de todo está Aerolíneas Argentinas,
sostenida y subvencionada por el Estado Argentino.
Las condiciones para una nueva aerolínea o
transportador serán siempre aprobadas por esta Dirección Nacional, y conforme a
los objetivos que el Estado le defina.
Las rutas y frecuencias son parte de la
negociación. Todo transportador que pretenda dar servicios debe tener un
Certificado de Operador Aéreo (AOC) otorgado por el país de registro de
Empresa, o validado por el país donde pretende operar.
Un posible comprador deberá enfrentarse a los
posibles cambios de reglas que establecerá la ANAC a instancias del Estado Argentino, en vista
de favorecer el crecimiento de Aerolíneas Argentinas, y no el de una aerolínea
uruguaya. Sobre todo en los momentos actuales, en que el gobierno argentino
trata de bloquear toda oportunidad de conectividad de Uruguay con el exterior.
Una negación del AOC o de los permisos de rutas o
asignación de frecuencias son algunos de los aspectos a los que deberá
enfrentarse un posible comprador.
Adicionalmente, el AOC requiere que operador
demuestre solvencia económica para mantener la seguridad operacional del
material aéreo como la capacitación, manuales y procedimientos.
El operador deberá contar con la certificación de
IATA, luego de haber aprobado las auditorias de seguridad operacional, lo cual
implica un esfuerzo importante antes de empezar a volar, lo cual, de lograrse,
nos transporta, en el mejor de los casos al otoño. El Ministerio de Turismo
debería tener muy presente esta circunstancia de cara a la próxima temporada
turística.
Finalmente, está el tema de los gremios
aeronáuticos que en la
Argentina , por razones políticas, están alineados al gobierno
en un caso y en oposición en otros, con el agregado de que los operadores
aeronáuticos reclaman con insistencia que se establezcan menos frecuencias en
aeroparque.
Definitivamente, el trámite final dependerá de los
requisitos que, conjugados, confluyen a que no se trate de vulnerar la
conveniencia operacional de Aerolíneas Argentinas.
A mi manera de ver, los trámites pueden ser
demorados o negados, por lo que el gobierno uruguayo, deberá definir el futuro
de PLUNA y solo tiene una posibilidad en sus manos y es que PLUNA vuelva a ser
una empresa estatal, despidiendo a un numero importante de funcionarios,
enviando a otros a seguro de paro y quedándose con el personal necesario para
que PLUNA funcione con las mínimas pérdidas.
Esto significa que el capricho presidencial de
cerrar intempestivamente PLUNA, le costará a Uruguay, además de millones de
dólares, perder conectividad con la región, pues le será difícil recuperar
rutas e itinerarios.
Como siempre, toda este “zafarrancho” de negociados
gubernamentales los terminamos pagando nosotros, los uruguayos de a pie.
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