Sanciones por informar

Cuando su propio y cuestionado funcionamiento debiera estar en tela de juicio, el INAU (Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay) nos sorprende una vez más. Hace muy poco tiempo, fue noticia, por otra fuga de un menor infractor confiado a su cuidado. Las condiciones en que viven sus internos, la situación con sus funcionarios, el deterioro de sus instalaciones y equipamiento, así como la casi nula información sobre los resultados de su gestión con respecto a los menores cuya guarda ejerce, han sido moneda corriente.

En esta oportunidad, adquiere notoriedad, con la sanción económica que le pretende imponer al diario El País, por difundir hace un par de años noticias relacionadas con un menor, de quien sólo se difundió su apodo (tristemente notorio, por su participación en hechos de violencia al frente de una banda, que a marronazos pretendía robar locales de cobranzas, o en otra modalidad, amenazaba con detonar una granada), su condición de “menor”, su edad, barrio y peculiar corte de pelo. Circunstancias que, a juicio del departamento jurídico del Instituto, pueden “vulnerar los derechos del adolescente” y llegar a ”violar la privacidad del menor”. Aún no se dictó una resolución al respecto. Con anterioridad, el mismo ente, sancionó y embargó con una importante multa al diario El Heraldo, de Florida, por haber difundido la noticia de una violación que se habría cometido dentro de una de sus dependencias.

¿No se estará errando el camino?¿Puede este organismo irrogarse el ser juez y parte y sancionar doblemente la misma conducta? Pues tipifica la conducta por sí y ante sí, impone la multa (embarga y ejecuta la misma) y además aconseja al juez de Familia la clausura del medio de prensa. ¿No estamos ante una encubierta limitación a la libertad de prensa? ¿Se pretende sancionar a los medios que informan? ¿No se estará buscando la autocensura? ¿No se estará encubriendo, lisa y llanamente una censura al derecho a la información cuando no, la propia viabilidad financiera de los medios de prensa?

¿Cómo es posible desconocer el principio constitucional que prohíbe la doble sanción por un mismo hecho?

Nos encontramos ante un evidente conflicto, no solo de intereses, sino además, de valores. Pues si bien es cierto que debe protegerse la intimidad de los menores, incluso de aquellos que delinquen (para no estigmatizarlos al creerse en su posterior rehabilitación) también el resto de la sociedad que se ve afectada por sus desmanes, tiene el derecho de saber qué está ocurriendo en su entorno y cómo funcionan los entes del Estado al que contribuye con pesados impuestos. Pues los derechos así como las obligaciones, debieran ser establecidos para todos y debieran regularse y ejercerse en forma equilibrada.

Debiera ser la Justicia quien, con todas las garantías para los involucrados, determinara si se violaron los derechos que se pretenden defender. O si el comportamiento dentro de las instalaciones del organismo fue ajustado a derecho, que sería más trascendente que sancionar a quienes informan. Y no olvidemos la importancia de informarse para ejercer un control ciudadano.

Todo nuestro sistema democrático y republicano de gobierno debiera ser la garantía de respeto de cada uno de los derechos que consagra la Constitución para los habitantes de este territorio. Vemos con preocupación la pérdida de derechos solo para quienes deben asumir siempre y en todo caso las obligaciones consiguientes, mientras el equilibrio y la ponderación, se muestran lejos del fiel de la balanza.