El gobierno anuncia que envía al
Parlamento un nuevo código de faltas con el objetivo de actualizar las
conductas que deben ser objeto de sanción y para que vuelvan a aplicarse
efectivamente las sanciones correspondientes.
Es una iniciativa totalmente
compartible. Hace unos meses, a raíz de ciertos episodios ocurridos en pocos
días, señalábamos que la aplicación de la normativa referida a las faltas es un
componente indispensable para la recuperación de la calidad de vida de nuestra
convivencia ciudadana.
Desde hace años y en forma paralela
al aumento de la delincuencia, se fue dejando de lado la aplicación de la
normativa referida a las faltas. Quizás por el desborde que supuso el aumento
de los delitos y de la violencia, quizás porque el cambio de las pautas
culturales de los nuevos tiempos generaron cierto aflojamiento en los controles
sociales.
Lo cierto es que la pérdida de
tonicidad en la sanción de las faltas se ha convertido en un componente que
retroalimenta la sensación de crisis social y de inseguridad pública.
Justamente el régimen de faltas
ocupa un lugar relevante para favorecer la calidad de la convivencia social.
Existe un conjunto bastante numeroso de conductas que, sin llegar a configurar
un tipo delictivo, sin embargo suponen una afectación de las reglas de
convivencia diaria. Los insultos en público, hacer las necesidades en la calle,
pintarrajear o arruinar monumentos o paseos públicos, presionar a los
ciudadanos para obtener una limosna son algunos ejemplos de conductas que
degradan la convivencia social sin que lleguen al nivel de gravedad que supone
una conducta delictiva.
Es por eso que se requiere de un
ordenamiento jurídico que ocupe ese espacio intermedio. La recuperación del
control del Estado sobre las conductas que configuran faltas hace a la calidad
de la convivencia social.
Por supuesto que no alcanza con esta
medida para mejorar las condiciones de la seguridad pública de nuestro país;
pero es un paso en la dirección correcta.
Es fundamental que el Poder Judicial
acompañe con decisión esta iniciativa; es muy importante que todos los actores
involucrados, los legisladores, la policía y los jueces entiendan la
importancia de recuperar esta línea de actuación de las políticas públicas.
Por lo tanto, es fundamental que
esta propuesta tenga un rápido procesamiento legislativo y que, luego, la
policía persiga las conductas tipificadas en la normativa propuesta y los
jueces apliquen las penas correspondientes.
Compartimos la idea de que buena
parte de las penas consistan en medidas alternativas y que se promueva la
importancia de realizar tareas comunitarias por parte de los infractores; pero
también deben permanecer las sanciones económicas como forma de complementar
las acciones reparatorias por parte de quienes cometen las conductas impropias.
Es clave que aceptemos que el camino
para superar la actual crisis de seguridad requiere de un fuerte esfuerzo de
recuperación del ejercicio de la autoridad y de que existan límites claros y
firmes ante las conductas de aquellos ciudadanos que afectan la convivencia
social y la calidad de nuestra vida cotidiana. No alcanza con ejercer la
autoridad, pero no existe solución sin que se restaure la idea de un control
efectivo de la vida pública en sociedad.
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