Esta semana ha quedado de manifiesto
la existencia de una pulseada entre el gobierno y los sindicatos en torno a dos
asuntos que, a nuestro juicio, son representativos de una disputa central y de
primera importancia para el futuro del país.
Por un lado el Directorio de ANCAP,
con el apoyo presidencial, defiende el derecho de la conducción del ente a
descontar las horas no trabajadas por los funcionarios de la empresa en virtud
de la realización de paros distorsivos. El fundamento es un decreto del
gobierno de Tabaré Vázquez que, parece ser que hasta ahora prácticamente no se
había aplicado. Detrás de este conflicto está la pretensión sindical de obtener
el derecho de parar sin que luego se les descuenten los días u horas no
trabajadas.
La firmeza exhibida hasta el momento
por el Directorio de ANCAP merece nuestro más cálido y firme apoyo. Se trata de
una tensión en torno a un asunto crucial que, en caso de resolverse a favor de
la pretensión sindical, se habrá dado un paso sustancial en el incremento de la
capacidad de chantaje y del poder de fuerza de los sindicatos públicos.
Por otro lado, el gobierno está
avanzando en una reforma del estatuto de los funcionarios públicos que
incorpora, con mayor peso, los criterios de evaluación efectiva de la gestión,
el mérito en el desempeño de las funciones en lugar de los viejos y patéticos
criterios de la antigüedad y del mero transcurrir del tiempo para progresar en
el escalafón funcionarial del Estado.
Esta pretensión que va en línea con
un proceso razonable de modernización y mejora de gestión del Estado, también
está siendo objeto de resistencia y causa de conflicto entre los sindicatos
públicos y la conducción gubernamental.
Los dos conflictos tienen un
componente central en común, se trata de batallas entre la reivindicación del
interés general y la mejora del Estado como servidor de los ciudadanos y la
reivindicación corporativa que prioriza el interés particular de los
funcionarios aumentando la apropiación de sus parcelas de poder dentro del
Estado.
Esta disputa es, a nuestro juicio,
de las más importantes cuestiones que tiene por delante nuestro país, más allá
de la gestión de este gobierno y de definiciones o adscripciones partidarias.
Vencer a los corporativismos es una de las claves principales para el progreso
del país y de los ciudadanos.
Estos conflictos adquieren
particular relieve porque es el partido de gobierno, tradicionalmente asociado
y con vínculos directos con los sindicatos, quien parece haber decidido
modificar su tradicional debilidad y tibieza para enfrentar los desbordes y
desplantes de los corporativistas, asumiendo una actitud enérgica y firme ante
los reclamos desbordados de quienes parecen sentirse dueños de los lugares en
donde trabajan.
Como hemos visto una y otra vez al
partido de gobierno claudicar o bajar la cabeza ante un poder sindical
exacerbado, valoramos muy positivamente esta postura asumida en los últimos
días. Esperamos que se resistan a las presiones sindicales y que estén
dispuestos a enfrentar a aquellos que, integrando el partido de gobierno,
siguen creyendo que estos actores sociales son aliados naturales y de primer
orden para el Frente Amplio, por lo que deben ser siempre satisfechos en sus
demandas y reclamos.
La mera observación de lo que pasa
en los ámbitos de la educación pública nos hace bajar las expectativas sobre la
firmeza gubernamental para enfrentar estos reclamos corporativos; pero debemos
apostar a lo positivo y esperar que, finalmente, se impondrá la concepción de
defender a los ciudadanos de a pie, a los hombres comunes, que no tienen
padrinos ni respaldo de organizaciones sociales o económica.
Si la postura a asumir implica
mantenerse firme y exigir a los sindicatos que depongan sus excesivos reclamos,
si el gobierno actual prevalece sobre los corporativismos y logra imponer la
lógica del interés general sobre los particularismos, tendrá el apoyo más firme
y solidario de nuestra parte.
Es decir que si esto va en serio,
todo el sistema político debería dejar a un lado las diferencias políticas y
los cálculos electorales menores para acompañar el quiebre de los reflejos
corporativistas que son uno de los principales obstáculos para nuestro
desarrollo nacional.
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