Hace un mes el Ministerio del
Interior anunciaba una reducción del número de rapiñas equivalente a un 15% en
Montevideo en los últimos dos meses. Era una muy buena noticia, por primera vez
se modificaba la tendencia ascendente desde hace largos años de los delitos de
rapiña en nuestro país.
Era un dato alentador porque
justamente las rapiñas son los delitos más impactantes sobre la seguridad
individual puesto que al despojo de los bienes materiales se agrega la violencia,
sea por vía de amenaza o por daño efectivo.
Sin embargo, la alegría duró
poquísimo. El Ministerio del Interior acaba de publicar las estadísticas del
delito cubriendo el período enero-julio y los resultados son nuevamente
decepcionantes. Las rapiñas aumentaron en ese período con respecto a igual
período del año anterior, en un 5,3%; también aumentaron significativamente los
homicidios en nada menos que un impresionante 50%; las lesiones en alrededor
del 8%; las violaciones en casi un 20% y las denuncias de violencia doméstica
en alrededor de 30%. Solo se registra una reducción en los hurtos.
La conclusión es impactante todos
los delitos asociados al uso de la violencia han aumentado en lo que va de 2012
con respecto al año pasado. Estos resultados vuelven a confirmar la tremenda
escalada de la violencia en las relaciones interpersonales de los uruguayos.
También pone de manifiesto que la política de seguridad pública sigue
fracasando en la medida que no tiene capacidad de disuasión sobre los
delincuentes.
El problema es que, además, los
datos de 2011 mostraban crecimiento con respecto a 2010 y así sucesivamente
desde hace muchos, demasiados, eternos años. Han pasado varias administraciones
y muchos ministros del ramo sin que se hayan obtenido resultados positivos o,
al menos, leves reducciones o cambios de tendencia.
Es inaceptable que se registre como
un síntoma positivo la desaceleración del crecimiento porque, más allá del
juego de palabras, la verdad inexorable es que la ocurrencia de los delitos
sigue aumentando y lo único que se puede mostrar como un supuesto
"logro" es que no aumentan tan rápido.
Esta reflexión encierra varios
engaños.
En primer lugar porque el aumento de
la comisión de delitos cuando cada año se producen más, lógicamente implica que
mantener el ritmo de crecimiento porcentual supone cada vez un mayor aumento de
delitos, por lo tanto que se reduzca el ritmo del aumento es una obviedad,
puesto que alcanzar la misma cifra porcentual de crecimiento en un indicador
que, a su vez, crece significaría un incremento cada vez más fuerte y,
obviamente, todo tiene un límite.
En segundo lugar, porque dado el
creciente deterioro de la situación de inseguridad, es cada vez más lógico que
haya un mayor número de víctimas que no denuncian los delitos, por lo que la
brecha entre los delitos registrados por el Ministerio del Interior y los
efectivamente ocurridos puede haber aumentado. Por lo tanto, quizás las cifras
registradas estén subrepresentadas con respecto a lo que efectivamente ocurre.
En tercer lugar, por la "razón
del artillero", simplemente porque "los hechos son porfiados" y
si los delitos aumentan, aunque aumenten menos, simplemente significa que
estamos cada vez peor.
Entonces a no tapar el sol con los
dedos, las cosas están cada vez peor.
Es muy triste porque nada nos
gustaría más que aplaudir un cambio de tendencia. Sin embargo, los hechos se
encargan de demostrar que la gestión del Ministerio del Interior no ha logrado
revertir una tendencia histórica tristemente negativa y crecientemente adversa.
Lo peor que pueden hacer los
responsables de la política de seguridad pública es pretender hacernos creer
que las cosas vienen mejorando cuando toda la evidencia indica que, lo único
que pueden ofrecer es que las cosas vienen empeorando más lentamente que antes.
Nosotros hemos sido particularmente
abiertos a encontrar un cambio en los resultados de la política de seguridad
pública; sin embargo el tiempo va transcurriendo y la ausencia de resultados
concretos que permitan revertir las horribles tendencias existentes, reducen
progresivamente el poco crédito disponible para quienes tienen a su cargo esta
responsabilidad.
Seguimos sin entender por qué no se
asume una estrategia firme y enérgica para desbaratar toda la estructura de los
intermediarios del delito, es decir aquellos que compran las cosas robadas y
las reintegran al mercado. Los reducidores son una pieza fundamental en el
circuito delictivo de los delitos contra la propiedad, que son los que más
impactan sobre la vida cotidiana de la gente.
Seguimos sin entender por qué no se
desarrolla una enérgica acción de desmontaje de las bocas minoristas de
distribución de drogas y, en particular, de la pasta base.
En definitiva, por qué no se avanza
sobre situaciones que están a la vista de cualquier ciudadano y, por lo tanto,
también están a la vista de la institución policial.
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