No conforme con haber dado su voto
para sancionar a Paraguay como socio del Mercosur, el gobierno uruguayo decidió
dar todavía un paso más y ahora dice que no reconoce al gobierno del presidente
Franco. La Cancillería instruyó al personal diplomático para que se abstenga de
todo acto que pueda implicar, siquiera tácitamente, tal reconocimiento.
Reconocer que un gobierno existe como
tal, y reconocer que además de ello reúne las calidades necesarias para
integrar una asociación determinada –como el Mercosur o la OEA, por ejemplo-
son dos cosas distintas. Así lo enseña, desde hace muchos años, la cátedra de
Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de la
República.
Ya desde los años cincuenta sostenía
Eduardo Jiménez de Aréchaga –quien llegó a ser presidente de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya- que el reconocimiento de gobiernos es
asunto jurídico, y no político. De esa manera se evita el uso del
reconocimiento como un instrumento de presión política sobre un estado, en
violación del principio de no intervención.
Para que el gobierno de un estado
deba ser reconocido como tal por la comunidad internacional, ha de reunir
ciertos requisitos. Ante todo, debe ejercer efectivamente su autoridad sobre la
maquinaria administrativa del estado, con la aquiescencia de la población
(principio de efectividad). Además, debe tener la capacidad y la voluntad de
cumplir con las obligaciones internacionales del país (principio de
responsabilidad). Finalmente, se requiere que no sea un gobierno impuesto por
potencias extranjeras (gobiernos “títeres”), en violación del Derecho
Internacional.
Dicho de otro modo: la legitimidad
democrática no es requisito para que un gobierno sea reconocido como tal. El
Mercosur puede exigirles esa legitimidad a los gobiernos de los estados
miembros, pero solo a los efectos de esa membresía, y no más allá.
Aún quienes sostengan que el actual
gobierno paraguayo es el producto de un golpe de estado (opinión que, como es
notorio, no compartimos), tendrán que admitir que satisface todos los
requisitos exigibles para ser reconocido como gobierno del Paraguay, en la
acepción estrictamente jurídica de la expresión. Ese reconocimiento, a su vez,
no sería obstáculo para que quienes piensen que el actual gobierno paraguayo se
constituyó de manera violatoria de la cláusula democrática del Mercosur,
siguieran sosteniéndolo y actuando en consecuencia dentro del Mercosur. Son
cuestiones distintas, como se ve, y así
deben tratarse.
Más allá de la discrepancia acerca de
si la remoción del presidente Lugo fue un “golpe de estado parlamentario” o una
crisis política resuelta de conformidad con la Constitución del Paraguay,
pensamos que el gobierno uruguayo vuelve a equivocarse, agravando el error
inicial, cuando no sólo no reconoce al gobierno del presidente Franco como
gobierno democrático, sino que ni siquiera lo reconoce como gobierno a secas.
De esta manera se profundiza innecesariamente la zanja abierta entre Uruguay y Paraguay, lo que no es justo
para con el Paraguay, ni bueno para ninguno de los dos estados.
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