Salvo
en aquellos casos y para las circunstancias en que la Ley autoriza hacer uso de
este recurso, (por agentes a quienes se les confía esa función) la violencia,
ejercida como medida de fuerza para imponer determinada decisión, debiera
evitarse en toda organización social que se precie de practicar los principios
republicanos y democráticos.
En
caso contrario, nos encontraríamos en un escenario donde se privilegiaría a
quienes en uso de su fuerza física, intimidación o presión, logran su objetivo
de imponer su voluntad a toda costa, llegando incluso a desconocer los derechos
de los demás, amparados en pertenecer a un colectivo que se considera
representante de un “interés superior”.
Los
incidentes vividos como consecuencia de la ocupación de la Biblioteca Nacional
-donde la violencia no sólo verbal sino además física, quedó registrada en
video y sonido- o los registrados en ocasión del remate de los bienes de
Paylana –donde se denunció que mediante la violencia, no se permitió el libre
acceso al acto de un particular interesado en ofertar por determinada
maquinaria que se ofrecía- no hacen más que mostrarnos la penosa cara de un
corporativismo que nada favorece al fortalecimiento de los valores republicanos.
En este último ejemplo además, se corre el riesgo de la posible anulación del
remate en cuestión, con los consiguientes perjuicios para el Estado, que somos
todos…pues por más que pudiera entenderse la convicción reinante entre los ex
funcionarios de la textil (quienes al parecer se beneficiarían por una
anticipada decisión a su favor del propio Banco de la República, cuya oferta
por única, resultó ganadora) impedir el ingreso de otro eventual oferente a un
remate, en modo alguno legitima su conducta.
Estas
actitudes, más propias de regímenes de tipo fascista que democrático, no pueden
permitirse y las autoridades nacionales debieran hacer uso de su deber de
protección, para garantizar al mayor número, los derechos humanos básicos a la
“vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad” que nuestro
Constituyente, desde la fundación de nuestra República, consagrara como
aquellos de los que ningún habitante de este suelo podría ser privado, “sino
conforme a las normas que se establecieren por razones de interés general”.
Lamentablemente,
ha quedado en evidencia un mensaje muy confuso a la ciudadanía y en especial a
aquellos más jóvenes, sobre el alcance de los derechos y de las obligaciones de
cada uno de los actores en estos asuntos, donde con tristeza, hemos podido
comprobar que el gran ausente ha sido el Estado de Derecho.
¿Existía
en los casos mencionados alguna ley que por razones de interés general,
limitara el derecho de los demás? ¿Nuestro legislador pudo haber privilegiado
de alguna manera a quienes en ambas situaciones ejercieron la violencia, para
lograr sus objetivos? ¿Todo quedará en la anomia? ¿Es que nadie será llamado a
responsabilidad? Nada bueno podrá venir si se siguen admitiendo pacíficamente
estas conductas. ¿Es que acaso nadie advierte el daño que este tipo de
manifestaciones le hacen al sistema democrático y republicano de gobierno?
¿Podrá
recomponerse el respeto por los valores republicanos que en otros tiempos nos
distinguieron? Debiéramos permanecer alertas, para que la fractura que
advertimos, pueda llegar a restaurarse sin más dilaciones.
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