El desenlace de la crisis política paraguaya
era previsible. La conformación del gobierno del presidente Fernando Lugo
mostraba una falla originaria, un vicio congénito; el presidente electo no
tenía detrás ningún partido político propio y no contaba, por lo tanto, con una
bancada parlamentaria que respondiera a su liderazgo.
El presidente Lugo ganó las elecciones debido
a su fuerte prestigio personal y al apoyo que obtuvo de un conjunto de partidos
que pusieron sus respectivos aparatos partidarios para apoyar su candidatura.
La combinación resultó exitosa para derrotar, por primera vez en largas
décadas, al viejo, conservador y autoritario Partido Colorado que había
permanecido dominante en el poder en ese país.
Sin embargo, la propia combinación incluía un
factor de fuerte inestabilidad debido a que el presidente carecía de aparato
partidario y respaldo parlamentario propio. Estuvo durante todo el tiempo de su
mandato a la merced del apoyo de otros partidos. Esta ingenuidad, de una manera
u otra, en política se paga.
Por otra parte, el presidente cometió errores
y subestimó la necesidad de contar con los apoyos parlamentarios que le
permitieron ganar la presidencia. Lo cierto es que ya en los últimos tiempos el
gobierno de Lugo carecía del más mínimo apoyo parlamentario.
En un régimen parlamentarista, como la casi
totalidad de los regímenes europeos, la situación de Lugo se habría resuelto de
forma natural mediante el retiro de la confianza del Parlamento al gobierno
determinando la caída del gobierno y encargando al Parlamento la constitución
de un nuevo gobierno que cuente con mayoría parlamentaria.
En un régimen presidencialista, como son
todos los regímenes de gobierno latinoamericanos, este mecanismo no existe. Sin
embargo, la Constitución paraguaya prevé, como casi todas las constituciones
presidencialistas, el instrumento del juicio político al presidente, único
mecanismo posible para sustituir a un presidente en los regímenes
presidencialistas.
Ese fue el camino elegido por el Parlamento
paraguayo para resolver la crisis política; y es un camino absolutamente
constitucional que en nada puede equipararse a un "golpe de Estado".
Hablar de la ausencia del "debido proceso" es no entender la
naturaleza del acto político que supone el juicio político.
No se trata de un procedimiento judicial en
el que se deben probar tales o cuales hechos; por su propia naturaleza es una
decisión política que expresa la pérdida de respaldo al presidente por no
poseer capacidad para ejercer el gobierno. Por supuesto que el proceso podría
haber demorado más; pero la Constitución paraguaya, igual que la uruguaya, nada
dice sobre procedimientos específicos, ni plazos, ni instancias concretas que
obliguen a los cuerpos parlamentarios a efectos de tramitar el juicio político.
Por eso es particularmente rechazable la
actitud asumida por buena parte de los gobiernos de la región, porque asumieron
una postura intervencionista sobre las decisiones de los poderes
institucionales paraguayos y exigieron la restitución de un presidente que fue
legal y legítimamente sustituido.
Pero en el caso de nuestro país es aun menos
entendible la actitud asumida, por cuanto un país pequeño debe bregar y
defender de manera vigorosa el derecho a la libre determinación de los países y
el principio de no intervención. Uruguay debe mantener este criterio como
bandera indiscutible, porque estos principios son la garantía de los estados
menos fuertes.
Hacer "barra" con el resto de los
países de la región es un grave error que, mañana o pasado, se puede volver en
nuestra propia contra. Porque acá no ha habido un "golpe de Estado";
ni siquiera se lo puede comparar con el caso de Honduras, en el que la
destitución del presidente fue efectivizada por las Fuerzas Armadas de ese
país.
En Paraguay el presidente Lugo estuvo
presente durante todo el juicio político en el Parlamento y tomó la palabra
luego del veredicto, aceptando el resultado y retirándose en forma cordial. Las
cosas cambiaron cuando el presidente destituido recibió el respaldo de sus
colegas de la región, en un acto de inaceptable intervencionismo.
Las cosas van a decantar y con el transcurso
del tiempo quedará en evidencia que lo ocurrido en Paraguay está muy lejos de
haber sido una ruptura institucional que afectó la democracia de ese país.
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