Respetar a los vecinos





El desenlace de la crisis política paraguaya era previsible. La conformación del gobierno del presidente Fernando Lugo mostraba una falla originaria, un vicio congénito; el presidente electo no tenía detrás ningún partido político propio y no contaba, por lo tanto, con una bancada parlamentaria que respondiera a su liderazgo.
El presidente Lugo ganó las elecciones debido a su fuerte prestigio personal y al apoyo que obtuvo de un conjunto de partidos que pusieron sus respectivos aparatos partidarios para apoyar su candidatura. La combinación resultó exitosa para derrotar, por primera vez en largas décadas, al viejo, conservador y autoritario Partido Colorado que había permanecido dominante en el poder en ese país.
Sin embargo, la propia combinación incluía un factor de fuerte inestabilidad debido a que el presidente carecía de aparato partidario y respaldo parlamentario propio. Estuvo durante todo el tiempo de su mandato a la merced del apoyo de otros partidos. Esta ingenuidad, de una manera u otra, en política se paga.
Por otra parte, el presidente cometió errores y subestimó la necesidad de contar con los apoyos parlamentarios que le permitieron ganar la presidencia. Lo cierto es que ya en los últimos tiempos el gobierno de Lugo carecía del más mínimo apoyo parlamentario.
En un régimen parlamentarista, como la casi totalidad de los regímenes europeos, la situación de Lugo se habría resuelto de forma natural mediante el retiro de la confianza del Parlamento al gobierno determinando la caída del gobierno y encargando al Parlamento la constitución de un nuevo gobierno que cuente con mayoría parlamentaria.
En un régimen presidencialista, como son todos los regímenes de gobierno latinoamericanos, este mecanismo no existe. Sin embargo, la Constitución paraguaya prevé, como casi todas las constituciones presidencialistas, el instrumento del juicio político al presidente, único mecanismo posible para sustituir a un presidente en los regímenes presidencialistas.
Ese fue el camino elegido por el Parlamento paraguayo para resolver la crisis política; y es un camino absolutamente constitucional que en nada puede equipararse a un "golpe de Estado". Hablar de la ausencia del "debido proceso" es no entender la naturaleza del acto político que supone el juicio político.
No se trata de un procedimiento judicial en el que se deben probar tales o cuales hechos; por su propia naturaleza es una decisión política que expresa la pérdida de respaldo al presidente por no poseer capacidad para ejercer el gobierno. Por supuesto que el proceso podría haber demorado más; pero la Constitución paraguaya, igual que la uruguaya, nada dice sobre procedimientos específicos, ni plazos, ni instancias concretas que obliguen a los cuerpos parlamentarios a efectos de tramitar el juicio político.
Por eso es particularmente rechazable la actitud asumida por buena parte de los gobiernos de la región, porque asumieron una postura intervencionista sobre las decisiones de los poderes institucionales paraguayos y exigieron la restitución de un presidente que fue legal y legítimamente sustituido.
Pero en el caso de nuestro país es aun menos entendible la actitud asumida, por cuanto un país pequeño debe bregar y defender de manera vigorosa el derecho a la libre determinación de los países y el principio de no intervención. Uruguay debe mantener este criterio como bandera indiscutible, porque estos principios son la garantía de los estados menos fuertes.
Hacer "barra" con el resto de los países de la región es un grave error que, mañana o pasado, se puede volver en nuestra propia contra. Porque acá no ha habido un "golpe de Estado"; ni siquiera se lo puede comparar con el caso de Honduras, en el que la destitución del presidente fue efectivizada por las Fuerzas Armadas de ese país.
En Paraguay el presidente Lugo estuvo presente durante todo el juicio político en el Parlamento y tomó la palabra luego del veredicto, aceptando el resultado y retirándose en forma cordial. Las cosas cambiaron cuando el presidente destituido recibió el respaldo de sus colegas de la región, en un acto de inaceptable intervencionismo.
Las cosas van a decantar y con el transcurso del tiempo quedará en evidencia que lo ocurrido en Paraguay está muy lejos de haber sido una ruptura institucional que afectó la democracia de ese país.


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