El fin de semana pasado, el sector
UNA del Partido Nacional, emitió una declaración como resultado de su congreso
nacional, en el que denunció el peligro del “régimen totalitario del Frente
Amplio, que sólo concibe el ejercicio del Gobierno de un modo autoritario”.
Hace referencia además a “alarmantes y reiteradas afirmaciones acerca del deseo
de obtención del poder total -con dependencia del Poder Judicial y de las
Fuerzas Armadas al Frente Amplio- propias de la concepción de gobierno de
partido único”.
Ese comunicado fue cuestionado luego,
por parte de algunos participantes de la propia UNA y de ese mismo congreso, así como también por actores
políticos de otros partidos, que lo tildaron de exagerado y de llevar adelante una “polarización” o una “radicalización”
que nada bien le hace al país y a su democracia.
Nosotros no queremos entrar en
tremendismos simplistas, ni en radicalismos, ni mucho menos causar una falsa
alarma a la población. Tampoco queremos ser injustos con el gobierno por, más
que discrepamos en muchos aspectos de su gestión y acusarlo de lo que no es.
Por lo tanto, no se puede afirmar que en el Uruguay de hoy no
hay libertades y que no vivamos en
democracia. Pero he dicho en más de una oportunidad que la libertad no es un valor
que se pierda de un día para el otro, es generalmente un proceso lento, con
muchas etapas de deterioro paulatino. La democracia, es por otra parte, algo
que se construye día a día y no se limita al simple, aunque no poco importante, ejercicio de votar cada
cinco años. Y tanto libertad como democracia están directamente ligadas al
respeto de las Instituciones y a la plena vigencia del estado de derecho. En
ese sentido afirmaba el Dr. Hebert Gatto
en su columna del diario El País: “El estado de derecho, como dimensión de la
democracia, funciona subordinado a la norma jurídica, expresión de la idea de
justicia. Debiendo entenderse por tal, ya determinados valores naturales
mínimos, imprescindibles para una ordenada convivencia, ya aquellos principios
que todos los seres humanos racionales y razonables deben admitir para
interactuar civilizadamente en condiciones de pluralismo. Tal la formidable
importancia del derecho, para otorgar sustancia, límites y previsibilidad a la
política, superando su discrecionalidad”.
Y cuando, el propio Presidente de la
República actúa demostrando el poco respeto que tiene a la institucionalidad,
llegando a manifestar que “lo político
está por encima de lo jurídico” y que de esa forma se resolvió el ingreso de
Venezuela al Mercosur, hay una luz amarilla que se enciende cada vez con más
intensidad.
No se han perdido libertades, aún. Es
grueso tildar al gobierno del FA de totalitario. Pero sin dudas hay un
debilitamiento del estado de derecho que debemos denunciar.
La anulación de la ley de caducidad
fue un quiebre institucional claro. Se inventó un procedimiento legal
inconstitucional que aniquiló con las históricas garantías y lo que es más
grave, desconoció dos contundentes pronunciamientos populares.
Se votaron leyes, aprovechando una disciplinada mayoría absoluta en el
Parlamento, constituyendo al estado en juez y parte, vulnerando la normativa
legal y sin que se les mueva un solo pelo.
Así, la ley de liquidación de PLUNA,
más allá de las consideraciones hechas sobre el fondo del negocio, fue la
creación de una ley “a medida” que desplaza a acreedores, incluyendo créditos
laborales, e impone ilegítimas prioridades en aras de una pretendida defensa
del patrimonio estatal.
La suspensión de Paraguay del
Mercosur y la inclusión de Venezuela al bloque, violan las disposiciones del
Tratado de Asunción y los protocolos de
Ouro Preto y Ushuaia y nos expone
al ridículo ante tribunales internacionales, destrozando una tradición, que
mucho nos honra, de apego y defensa del
derecho internacional.
La permanente concentración de poder
en la Presidencia de la República que venimos denunciando desde el presupuesto
de 2010, tiene un nuevo capítulo en la instancia de la rendición de cuentas,
donde se crea la Agencia Nacional de Inversiones (ANI), o sea que desde la
Presidencia y sin control parlamentario, se manejará la totalidad de la
inversión pública, arrasando con las autonomías constitucionales de los
Gobiernos Departamentales.
El dos de julio pasado ingresó al
Parlamento el proyecto de ley de habilitación
del puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha. Nos apresuramos a decir que compartimos
absolutamente la necesidad de construir un puerto de esas características en
nuestro país. Iniciativa que tiene varias décadas en la agenda de varios
gobiernos de todos los colores.
Pero lo que ahora hago es denunciar
(ya lo hice en la oportunidad) la inconstitucionalidad del artículo 473 de la
ley 18.719 de diciembre de 2010. El mismo dispone, en el literal B, que se
habilitan los puertos que cuenten con la aprobación del MTOP que se ubiquen en
la costa oceánica del departamento de Rocha entre Cabo Santa María y el arroyo
Chuy. En el párrafo final dice, El P.E. promoverá, posteriormente la
habilitación correspondiente ante la
Asamblea General (numeral 9 del artículo 85 de la Constitución). Transcurridos
treinta días de recibida la solicitud sin que la misma haya sido aprobada o
rechazada por la asamblea general, se tendrá por concedida la habiltación.
Y esto es inconstitucional, el
artículo 85 de la Carta, en su numeral 9 dispone que le “compete a la A.G.
habilitar puertos” y el Poder Ejecutivo, por imperio de un plazo ridículo para
los tiempos parlamentarios, de hecho atropella a otro Poder del Estado. Es materialmente imposible
estudiar todo un proyecto técnico, en comisión de ambas cámaras más el debate y
la aprobación en ambos plenos en tan solo treinta días.
Estas cosas constituyen un flagrante
desconocimiento de las Instituciones, son actos autoritarios que violentan el
estado de derecho y que van debilitando a la democracia. Y esto lo vamos a
seguir denunciando para que la ciudadanía informada juzgue adecuadamente a un
gobierno que da muestras claras de no tener la vocación democrática que dice
tener.
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