El Frente Amplio resolvió no
habilitar la creación de una Comisión Investigadora Parlamentaria con respecto
al proceso que culminó con la liquidación de PLUNA. Si una situación como la de
PLUNA no amerita la creación de una Comisión Investigadora en el Parlamento, ya
no sabemmos qué es lo que tiene que pasar en este país para que se investigue.
Porque es una postura engañosa la de
aquellos dirigentes frentistas que pretenden hacer creer a la opinión pública
que ellos van más allá al enviar todos los antecedentes a la Justicia. En
primer lugar porque los antecedentes ya están en la Justicia en virtud de que
los legisladores del Partido Nacional presentaron la denuncia penal hace
algunas semanas; pero además en segundo lugar porque se pretende mezclar o
confundir las finalidades de ambos tipos de indagatorias.
En efecto, la investigación judicial
tiene por objeto determinar la comisión de delitos o detectar conductas
ilícitas que se tipifican como delitos. Por lo tanto, para el Poder Judicial la
indagatoria se dirigirá a establecer si ha habido violación de normas penales;
además los sujetos de esa indagatoria serán todos los que formaron parte de
aquellos hechos que puedan tener apariencia delictiva, sean o no funcionarios
públicos.
Por el contrario, la investigación
parlamentaria no tiene potestades para determinar la existencia de delitos;
pero puede realizar una evaluación sobre la existencia de responsabilidades
políticas y administrativas por parte de aquellos funcionarios públicos que
actuaron. En efecto, el hecho de que ciertas conductas no configuren delitos no
significa que sean conductas diligentes o que hayan cumplido con el deber de
buena administración.
Por ejemplo, haber decidido que el
Estado saliera de garantía de la compra de aviones por parte de PLUNA S.A.
cuando en esta empresa el Estado era el accionista minoritario, no tiene por
qué ser un delito; pero es muy probable que sea un caso de mala administración.
Justamente, las investigaciones
parlamentarias tienen un objetivo de evaluación de las conductas políticas y
administrativas de los jerarcas públicos. Además las Comisiones Investigadoras
pueden resolver enviar las actuaciones a la Justicia, pero su cometido
principal consiste en controlar al poder administrador.
Por otra parte, el Frente Amplio,
junto con nosotros, en las épocas de oposición, impulsó numerosas y variadas
Comisiones Investigadoras sobre diferentes asuntos que, durante los gobiernos
de blancos y colorados, se evaluaban como sospechosos de irregularidades.
En varios casos contaron con el voto
favorable de uno o de ambos partidos tradicionales. Durante el período en que
me tocó estar en la Cámara de Diputados participé de dos Comisiones
Investigadoras, una sobre la crisis financiera y bancaria y otra, como miembro
denunciante, sobre las actividades de la Corporación Nacional para el
Desarrollo. Ambas fueron aprobadas en el Parlamento, a pesar de que el Frente
Amplio y el Partido Independiente no teníamos mayoría para que se crearan, en
ambos casos los partidos tradicionales (uno o ambos) habilitaron su
funcionamiento.
Sin embargo, ahora que el Frente
Amplio está del otro lado del mostrador y, lamentablemente, cuenta con mayoría
parlamentaria propia, ha decidido bloquear y neutralizar uno de los principales
instrumentos con los que cuenta el sistema institucional uruguayo para
controlar al poder administrador.
Es muy grave la decisión que acaba
de tomar el Frente Amplio. Es una decisión que quiebra una tradición que ese
partido había mantenido históricamente, reivindicando el derecho del Parlamento
a controlar las actuaciones del Poder Ejecutivo.
La larga etapa de mayoría
parlamentaria frenteamplista está dañando el funcionamiento institucional de
este país; porque esta mayoría funciona con los "yesos" capaces de
revertir, incluso, las afirmaciones convencidas de muchos legisladores
frentistas que habían asegurado que acompañarían la creación de una Comisión
Investigadora en este caso.
La mayoría regimentada del partido
de gobierno ha decidido quitar toda potestad al Parlamento. Ya ha cumplido una
labor destructora con respecto a los "llamados a Sala" o
"interpelaciones" que se han convertido en ejercicios vacíos, sin
ningún resultado, con independencia de la solidez de los argumentos o de la
existencia de evidencias o pruebas que se presenten.
También se ha horadado la
significación de los "pedidos de informes" de los parlamentarios que,
en muchísimos casos, "duermen el sueño eterno".
Ahora también se desarma al
Parlamento de otro instrumento de control, nada menos que la posibilidad de
investigar las actuaciones de la Administración. Se recorre el camino de
instaurar un hiper Presidencialismo de hecho, por la vía de hacer uso y abuso
de las mayorías parlamentarias absolutas.
La ciudadanía debe tomar debida
cuenta de estos hechos y evaluar críticamente la eventualidad de otorgar al
partido de gobierno el poder mayoritario de la representación ciudadana en
futuras instancias electorales.
Particularmente, en el caso de PLUNA
la reacción del partido de gobierno ha sido la de "barrer debajo de la
alfombra" y mirar para otro lado. Un paso más que provoca la justa
decepción y crítica de muchos ciudadanos que pensaron que el Frente Amplio,
como partido de izquierda, era otra cosa.
Curiosamente cada vez se parece más
en sus reacciones y conductas a aquellos partidos que combatieron y derrotaron,
hace ya tiempo, en las urnas.
Han perdido toda credibilidad por su
forma de actuar y legitimidad para reclamar ser diferentes que lo que se supone,
vinieron a sustituir. Un grave e irreversible paso en falso.
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