En la República Oriental del Uruguay
acaban de plantear desde la Secretaría de Seguridad la posibilidad de producir
marihuana a cargo del Estado, distribuirla según un registro de inscriptos para
combatir de ese modo el pasaje al paco que es más grave.
La propuesta se asemeja a una idea
del campo de la ficción porque parece disparatada, no tiene fundamento válido y produciría un pasaje
seguro de la marihuana distribuida a un mercado negro de consumo con lo cual
más consumidores se convertirían en traficantes. El Secretario presentó su idea
de que un porro lleva un gramo de marihuana y que la dosis a distribuir sería
de 30 gramos por mes.
Resulta curioso que en temas de alta
especialización cualquiera pueda opinar menos los que venimos dedicando algunas
décadas al estudio de la cuestión. Por otro lado una propuesta de este tipo
contradice tratados internacionales que prohíben lo que aquí se propone y que
han sido ratificados por 180 países incluido el Uruguay. Por supuesto que
cualquier país tiene derecho a retirar su firma de las Convenciones de 1961,
1971 y 1986. Y a borrarse de la Organización Mundial de la Salud que redacta la
lista de sustancias ilegales.
Pero no deja de resultar
sorprendente la liviandad con que se avanza por un camino que tiene una
compleja red de determinantes y donde debería consultarse a la opinión pública.
Tal vez convendría recordar que en el gobierno de Batlle se despenalizó el consumo y al poco tiempo el
desmadre llevó a dar marcha atrás. Le
ocurrió lo mismo a Colombia y a Suecia. Hoy hasta Holanda endurece sus
controles. Suiza debió cambiar de idea respecto a la posibilidad de que las
estaciones de tren abandonadas sirvieran de centros inyectadores públicos de
heroína porque cuando llegaron ya se
habían instalado los narcos.
Entre nosotros tuvimos durante las
fechas 6 y 13 de junio Audiencias Públicas en el Congreso de la Nación donde se
presentaron a debate posturas de despenalización y las contrarias a esta
aventura de pretensión liberal, pero que lleva a la legalización de las drogas.
Resulta curioso que se desarrollen planteos sobre el derecho del consumidor a
usar drogas sin establecer si se trata de una acción pública o privada, de
mayores o de menores, y sin reparar en las consecuencias. Las mismas están a la
vista: no hay plazas suficientes para atender adictos en el país. Y las que hay
son mayoritariamente provistas por Asociaciones Civiles y Fundaciones, las
conocidas ONGs, sin las cuales
andaríamos mucho peor. Es que el Estado financia con bastante modestia estos
emprendimientos pero sólo posee algunas camas públicas. Debería haberlas en
todas las Provincias. Así como Centros de Prevención, desde los cuales
desarrollar la prevención educativa.
Los distintos bloques del Congreso
fueron afectados por este debate que llevó a divisiones claras de postura hasta
que finalmente se sumó esto a la impopularidad manifiesta de la medida y se dio
marcha atrás. Se convino que no se puede hablar de despenalizar mientras no se
cuente con un Programa Nacional de Prevención y Tratamiento. Y se postergó el
tema.
La siguiente etapa debería ser
coordinada por el órgano del Poder Ejecutivo que fija las políticas de Drogas,
que es la SEDRONAR (Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico), que fue deliberadamente dejada
de lado en los últimos años, aun cuando en el resto de los países de las Américas
se nos reconoce el mérito de contar con esta función antes de que los demás
descubrieran que resulta imprescindible. El intento de avanzar por otro lado ha
quedado desacreditado y se debería restituir a esta Secretaría las incumbencias
que siempre ejerció.
En este período han aparecido
expertos no acreditados ni académica ni científicamente que han ocupado
espacios públicos con estimaciones erradas sobre los problemas que enfrentamos.
No han tenido en cuenta la dimensión social que hace de estas enfermedades
ligadas al abuso de drogas un caso particular dentro del campo de la salud,
distinto de otros porque afecta en este caso valores y conductas sociales, se
acerca claramente al delito, y no debería clasificarse con las enfermedades
mentales sin las aclaraciones
pertinentes. Por algo el CENARESO (Centro Nacional de Reeducación Social) se
creó cuando se hizo evidente que los adictos no podían convivir con los
pacientes de los Hospitales Psiquiátricos. Ahora la confusión de los que
desconocen la historia nos querría hacer retroceder. Ya Raúl Carrea había
recomendado un Instituto Nacional de Salud Mental y un Instituto Nacional de
Adicciones.
Del otro lado están las madres, muy
cercanas a la realidad, peleando por conseguir ayuda específica. Cerca de lo
que el Padre Pepe di Paola (*)ha
definido como la diferencia de la droga para los ricos que la usan para
divertirse, mientras los pobres la usan para sobrevivir. Todos han reclamado la
reglamentación y puesta en práctica de la Ley de Prevención Educativa que el
Ministerio de Educación tiene cajoneada.
Tanto el GCBA (Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires) como la Provincia de Buenos Aires reconocen la nítida
determinante del campo social en el abuso de drogas, sobre todo en los casos
más deteriorantes que comprenden el paco y algunos inyectables. Es ahí donde
tenemos que bucear. Teniendo en cuenta los estudios de los Observatorios de
Drogas que señalan la distancia actual entre padres y adolescentes registrada
en una encuesta de nivel educacional secundario que comprende 90.000 casos en
todo el país. Preguntados los padres si saben dónde están sus hijos después del
colegio, el 70% lo ignora.
Es que antes de seguir la invitación
de "portarnos mal" que planteó una joven diputada en su campaña,
tenemos bastantes cosas que hacer. Y el país las necesita.
(*) El "Padre Pepe", José
María Di Paola, coordinó durante varios años el Equipo de Sacerdotes en Villas
de Emergencia de Buenos Aires, que entre otras tareas promovía un programa de
recuperación de adictos a las drogas. Por esta tarea recibió reiteradas
amenazas. Actualmente se desempeña en la diócesis de Añatuya, provincia de
Santiago del Estero, norte de la Argentina.
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