Lugo, presidente sin partido

Cecilia AVERSA

Politóloga y profesora en la UCA (Universidad Católica Argentina)

A sólo nueve meses de las próximas elecciones, el primer mandatario paraguayo fue formalmente destituido en tiempo récord. La precipitación de la resolución de la crisis del gobierno de Lugo cuestionó la legitimidad del proceso y reavivó, una vez más, el debate en torno a la inestabilidad política de los presidencialismos latinoamericanos.

Hace poco más de tres décadas América Latina experimentó la ola de democratización más duradera de su historia. Mientras que los autoritarismos eran la norma en las décadas del sesenta y setenta, a partir de los años ochenta se instauraron gradualmente gobiernos popularmente electos. Estas democracias gozaron de un elevado consenso en torno a las instituciones competitivas básicas, y la incorporación de los sectores excluidos a la esfera de participación política auspició una prometedora (aunque potencial) convivencia entre libertades civiles, progreso material y paz doméstica. 

El golpe de gracia al optimismo inicial que acompañó la transición fue la aparición de lo que el politólogo argentino Aníbal Pérez Liñán identificó como "nuevo patrón de inestabilidad", un patrón que no amenazó la sustentabilidad de los regímenes democráticos aunque sí la supervivencia de los gobiernos electos. Este nuevo escenario ha permitido distinguir dos clases de Ejecutivos: los de "bajo riesgo" y los de "alto riesgo" (de no concluir su mandato). Considerando la improbabilidad de la solución militar y el carácter excepcional de ciertos casos "híbridos" -el "serranazo" en Guatemala, el levantamiento de Lucio Gutiérrez en Ecuador, el golpe de Chávez en Venezuela, la insurrección militar en Honduras o la crisis de Correa en Ecuador-, pueden concebirse dos modalidades de resolución de las crisis presidenciales: un camino no legislativo (la renuncia anticipada del presidente) y un camino legislativo o "controlado" (el juicio político o la declaración de incapacidad física o mental dictaminada por el Congreso).

¿Cómo explicar el desenlace legislativo que puso fin al gobierno de Fernando Lugo? El caso paraguayo constituye un episodio más en el que el Congreso adoptó un rol proactivo para deponer a un presidente popularmente electo. Pero a diferencia de los sucesos de Fernando Collor de Mello en Brasil o Carlos Andrés Pérez en Venezuela, no se verificó previamente una irrupción de escándalos de corrupción que involucraran al primer mandatario, a su familia o a su círculo. Al igual que en el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia o Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde en Argentina, fueron las situaciones de violencia las que aceleraron la caída del gobierno. En efecto, los sucesos de Curuguaty que dejaron un saldo de 17 muertos se constituyeron en el motor del accionar del Congreso que activó, con 76 votos a favor, 1 en contra y 3 ausencias, el enjuiciamiento de Fernando Lugo acusándolo de mal desempeño. A diferencia del citado caso brasileño, no se verificaron grandes protestas populares contra el presidente, así como tampoco un repudio generalizado hacia toda la clase política como sí lo evidenció el  "que se vayan todos" evocado durante la crisis argentina de 2001. Por el contrario, los movimientos simpatizantes del líder se articularon cuatro días después de su salida para intentar revertir la medida y, en su defecto, anticipar las elecciones presidenciales previstas para abril del año próximo.

Los factores en definitiva presentaron similitudes con otros casos latinoamericanos fueron los que determinaron la modalidad de resolución de la crisis paraguaya.              

Al igual que en los restantes episodios de destitución, la activación del proceso obedeció a la relación Ejecutivo-Legislativo que dependió del apoyo parlamentario del primer mandatario y de los costos que para la elite política implicaba sostener al primer mandatario en el poder. Desde que llegó a la presidencia en el año 2008 de la mano de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), Lugo encontró serias dificultades para conformar un apoyo legislativo mayoritario en el Congreso, aunque fue el distanciamiento repentino de su principal socio, el vicepresidente Federico Franco, lo que sentenció el quiebre de la frágil coalición de gobierno. Por otro lado, la cercanía de las elecciones presidenciales aceleró la ruptura del Partido Liberal que aspiraba presentarse como oposición fortalecida frente al Partido Colorado que, durante seis décadas, había ocupado el poder ininterrumpidamente. Mantener la alianza con el primer mandatario era, simplemente, demasiado costoso para las perspectivas de éxito en las elecciones futuras.  El voto afirmativo de 39 de los 43 senadores presentes para despojar al Ejecutivo paraguayo de sus funciones convirtió a Lugo en un nuevo ejemplo de lo que el politólogo estadounidense Javier Corrales ha denominado "presidentes sin partido".