En una resolución
fulminante,equivalente a un "golpe de estado" institucional, el bloque sudamericano decidió suspender
"de forma inmediata" a Paraguay "del derecho a participar en la
XLIII Reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes del
Mercosur, así como de las reuniones preparatorias", según una nota emitida
por la Cancillería argentina, organizadora de la cumbre en la provincia de
Mendoza.
La "Declaración de los Estados
partes del Mercosur y Estados asociados sobre la ruptura del orden democrático
en Paraguay" está suscrita por Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela,
Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, insólitamente muchos de ellos están
inhabilitados para firmar esa resolución, pues no son firmantes del protocolo
respectivo, por lo que es un documento ilegitimo.
El Mercosur , tomo la resolución en
tiempo record, no se le dieron las garantías institucionales de legítima
defensa al gobierno de Paraguay por el carácter de indefensión que soporta el
gobierno del presidente Franco y por la brevedad de los plazos del “fallo” mercosuriano , gestándose
la suspensión de Paraguay con los mismos
argumentos con que se acusó a
gobierno paraguayo de violar la constitución o sea que no contó con "las
garantías esenciales del debido proceso" y
la suspensión fue realizada bajo
características de un "juicio sumario" y se violó el artículo cuatro del Protocolo de Ushuaia,
que especifica : “en caso de ruptura democrática en uno de los países del
bloque, exige que sean realizadas las consultas pertinentes antes de adoptar
cualquier medida".
Los firmantes de dicho documento, no
tuvieron en cuenta que en Paraguay se preservó el Poder Legislativo, no se
disolvió el Parlamento; se respetó, se mantuvo y no se presionó al Poder
Judicial, el Poder Ejecutivo siguió el
orden natural de sucesión al haber sido el vicepresidente quién sucedió a Lugo
y no un presidente de “facto”.
Simultáneamente, la Suprema Corte de
Justicia de Paraguay en uso pleno de sus atribuciones, rechazó el pedido de
inconstitucionalidad que el ex presidente Fernando Lugo presentó contra el
juicio político que lo destituyó del cargo.
La Suprema Corte de Justicia expresó
en su fallo que la aplicación del juicio político es de exclusiva
responsabilidad del Congreso y que la cuestión ya es una cosa juzgada, teniendo
en cuenta que el Legislativo ya emitió su fallo en el caso y que,
anteriormente, el ex presidente Lugo había anunciado que acataría el fallo del
Legislativo.
Respecto al argumento de la defensa
de Lugo, por el corto período de tiempo que se le dio al mandatario para
defenderse (menos de 24 horas), la Suprema Corte sostuvo que el del pasado
viernes no fue un juicio ordinario, sino un juicio político.
El Tribunal Superior de Justicia
Electoral , también en uso pleno de sus atribuciones, por medio de su
presidente Alberto Ramírez Zambonini, aclaró que Paraguay no puede adelantar
sus elecciones para elegir al próximo presidente de la República.
Almagro, perseverante con su “operación
rodilla” siguiendo las pautas del gobierno argentino y ubicándose por encima de
la Suprema Corte de Justicia de Paraguay reiteraba en cada medio de difusión
que lo consultaba, que : “en Paraguay hubo un quiebre institucional porque no
se dieron las garantías constitucionales de legítima defensa: por el carácter
de indefensión que vivió el presidente Lugo y por la brevedad en los plazos que
determinaron la destitución del gobierno democráticamente electo" o sea
que para el canciller Almagro, pesa más la velocidad del cronómetro que las
pautas constitucionales paraguayas y las
correspondientes a un juicio político en dicho país.
El canciller Almagro manifestó que
en la cumbre de Mendoza "se podría
generar una comisión de seguimiento de temas en Paraguay, para que se respeten
las garantías fundamentales de la gente y haya el máximo contexto de libertad
política en ese país".
Muy bien se podría doblar esa
apuesta y que la misma comisión u otra comisión independiente y neutral, pueda
monitorear las democracias del Mercosur y elabore un balance sobre la “calidad” y el estado de
situación de las mismas, pudiendo recoger toda la información que sea necesaria
para dicho documento y en caso de que algún gobierno se niegue a colaborar o
impida el ingreso de esa comisión, suspender de inmediato su participación en
Mercosur y Unasur.
Esa comisión, debería presentar en
un plazo no mayor de 60 días un análisis de cada país en lo que respecta a : la
independencia del Poder Judicial , las presiones y amenazas a la prensa
independiente, la clausura de los medios de difusión, las “proscripciones”
políticas a ciudadanos que piensan diferente al gobierno, la situación de
ciudadanos que tuvieron que exiliarse o salir de los países por persecuciones
políticas, la corrupción que desvía dineros del pueblo para las cuentas
privadas de ciertos grupos de poder, la pérdida del “derecho a la vida” de la
población como consecuencia de la inseguridad , los sistemas de salud pública ,
la educación, etc.
De verificarse un deterioro en la “calidad”
democrática de alguno de los países inspeccionados, al mismo se le suspenderá
de inmediato su derecho a participar de las reuniones ordinarias y
extraordinarias del Mercosur, hasta tanto no recomponga los vicios democráticos
constatados.
Frente a todo esto hay que tener
cuidado con los excesos “solidarios” de la familia ideológica de América
Latina, pues con su presión pueden fracturar definitivamente la circunstancial
unión del continente por lo que, es urgente que el Mercosur se serene, porque su
actual actitud de censura y de intromisión en cuestiones en las que es
totalmente incompetente, está causando muchos atropellos.
En Uruguay, el presidente Mujica no
debe olvidar que todo lo concerniente al Mercosur y demás organismos
internacionales, son cuestiones de Estado, por lo que no debe ignorar ni dejar
de lado la opinión de todos los partidos políticos.
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