Exceso de potestades

El aumento de las potestades de las que pretende munirse a la Dirección General Impositiva (dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene a su cargo la fiscalización del cumplimiento y recaudación de impuestos, para nutrir las arcas del Estado) en la Ley de Rendición de Cuentas, que tendrá que analizar y aprobar el Poder Legislativo, resulta desmedido y a la vez atenta contra los derechos de los ciudadanos.

Se pretende por el Poder Ejecutivo, dotar a esta repartición pública de su dependencia, de mayores potestades que buscan legalizar y por ello, legitimar la creciente injerencia en el ámbito de la libertad de las personas.

En este sentido, se propone entre otras, la posibilidad de aplicar multas de significación a terceros que no proporcionen datos, solicitar el auxilio de la fuerza pública en forma por demás genérica, la multiplicación de las contravenciones o hasta suspender la vigencia de los certificados únicos que hubiere expedido, sin que se prevea en qué casos puede adoptar esta decisión que limita en gran forma el acceso a créditos y toda la actividad comercial.

Solo por estas circunstancias, que significan y cómo, un cercenamiento de libertades, debieran analizarse con todo detalle estas disposiciones contenidas en ese proyecto de ley. Pues, a nuestro entender, distan mucho del respeto que debe brindarse a los contribuyentes, que son en definitiva quienes con sus aportes, sostienen el mismo peso de su burocracia y la del Estado todo.

La única garantía de los derechos de los ciudadanos afectados, antes de que sea demasiado tarde, será el más profundo debate parlamentario sobre esas pretensiones, a efectos de poder excluirlas o limitarlas.

Pues, en el continuo afán recaudatorio, quienes contribuimos a sostener el funcionamiento del Estado, hemos advertido cómo se ha incrementado la presión tributaria y la misma recaudación de este organismo…sin que paralelamente, hayamos sentido una mejora real en temas que nos afectan en nuestra calidad de vida y hasta, (y lo que es más grave) en el futuro que pretendemos como nación. Tan es así que, temas tan acuciantes como la salud, la educación y la seguridad, siguen sin mostrar buenos resultados, y los planes de asistencia social no han logrado más que aumentar el número de beneficiarios que solo reclaman, pero que no logran su superación, ni menos salir de la pobreza en base al propio esfuerzo. Algo ciertamente preocupante. ¿Qué ciudadanos estamos formando?

Si no se corrigieran, sustituyeran o simplemente, si no se suprimieran estas disposiciones, solo nos quedaría la defensa en sede administrativa y ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (encargado de anular resoluciones que hayan sido dictadas contrario a derecho o con desviación de poder) y luego, la eventual reparación patrimonial. Todo este camino por imperio legal se nos presenta largo, tedioso y por supuesto costoso, y los que podrán recorrerlo, serán quienes cuenten con salud, paciencia y recursos para encarar estas defensas. Pero, el mayor número de ciudadanos no podrá asumir tales costos y tendrá que reducirse o limitar su nivel de vida, en pos de poder seguir cumpliendo con la voracidad estatal, y recibiendo a cambio un retorno, muy pero muy magro, en relación a  la exacción de la que es objeto mes a mes.