La ley 18596 echó a andar un proceso complicado,
sesgado, históricamente incorrecta en sustancia y en forma y dramáticamente
consentido por el Parlamento Nacional. Esta ley, sin ambages, pretende regular,
certificaciones mediante, la presunta acción ilegítima del Estado entre el 13
de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, con el único fin de reparar de
modo material, léase mediante el cobro de pesos, la ocurrencia de casos de
tortura, secuestro, aniquilación psicológica de personas, y homicidios.
El lunes, en presencia del ministro de Educación y
Cultura y del presidente de la Comisión Especial de Derechos Humanos, Ricardo
Ehrlich, explicó que este acto responde a lo que dicta el Artículo 9º de la Ley 18.596, por el cual el
Estado expide un documento que acredita la condición de víctima y asume la
responsabilidad institucional al haber afectado su dignidad humana en el
período entre 1968 y 1985.
La comisión especial creada por esta ley, junto a la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara
de Representantes, resolvió realizar en un acto público la primera entrega de
documentos a las víctimas o familiares de víctimas amparadas en este artículo.
La ley 18.596 complementa un conjunto de normas
adoptadas desde 1985 con la orientación de alcanzar una integralidad en el
proceso de reparación. En ese sentido, reconoce el quebrantamiento del Estado
de Derecho que impidió el ejercicio de los derechos fundamentales de las
personas, en violación de los derechos humanos y la norma internacional en la
materia. Y lo hace a partir de 1968,
a partir del día preciso en que cayó muerto en una
manifestación el estudiante sindicalista Líber Arce.
OPINAR no pretende en este breve espacio
profundizar hechos controversiales de nuestra historia reciente, ni mucho menos
juzgar a quienes pretendían con muy variados estilos subvertir el orden legal
democrático y republicano.
Pero tras la consigna “OBREROS Y ESTUDIANTES,
JUNTOS Y ADELANTE”, había mucho más que una manifestación espontánea, había una
acción orquestada y sistemática contra el valor más importante en una
República, el respeto irrestricto a la
Ley y al Orden.
Esta Comisión nació mal con esta sustancia jurídica
abiertamente cuestionable. Es parcial y está construida con verdades a medias:
en su enunciado se califican muchas acciones pero nada se dice sobre
secuestros, violaciones a los derechos humanos, robos, y criminalidad en toda
su extensión al amparo de una causa que 30 o 40 años después pocos entienden y
que ya nadie defiende.
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