La ley 18596



La ley 18596 echó a andar un proceso complicado, sesgado, históricamente incorrecta en sustancia y en forma y dramáticamente consentido por el Parlamento Nacional. Esta ley, sin ambages, pretende regular, certificaciones mediante, la presunta acción ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, con el único fin de reparar de modo material, léase mediante el cobro de pesos, la ocurrencia de casos de tortura, secuestro, aniquilación psicológica de personas, y homicidios.
El lunes, en presencia del ministro de Educación y Cultura y del presidente de la Comisión Especial de Derechos Humanos, Ricardo Ehrlich, explicó que este acto responde a lo que dicta el Artículo 9º de la Ley 18.596, por el cual el Estado expide un documento que acredita la condición de víctima y asume la responsabilidad institucional al haber afectado su dignidad humana en el período entre 1968 y 1985.
La comisión especial creada por esta ley, junto a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, resolvió realizar en un acto público la primera entrega de documentos a las víctimas o familiares de víctimas amparadas en este artículo.
La ley 18.596 complementa un conjunto de normas adoptadas desde 1985 con la orientación de alcanzar una integralidad en el proceso de reparación. En ese sentido, reconoce el quebrantamiento del Estado de Derecho que impidió el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, en violación de los derechos humanos y la norma internacional en la materia. Y lo hace a partir de 1968, a partir del día preciso en que cayó muerto en una manifestación el estudiante sindicalista Líber Arce.
OPINAR no pretende en este breve espacio profundizar hechos controversiales de nuestra historia reciente, ni mucho menos juzgar a quienes pretendían con muy variados estilos subvertir el orden legal democrático y republicano.
Pero tras la consigna “OBREROS Y ESTUDIANTES, JUNTOS Y ADELANTE”, había mucho más que una manifestación espontánea, había una acción orquestada y sistemática contra el valor más importante en una República, el respeto irrestricto a la Ley y al Orden.
Esta Comisión nació mal con esta sustancia jurídica abiertamente cuestionable. Es parcial y está construida con verdades a medias: en su enunciado se califican muchas acciones pero nada se dice sobre secuestros, violaciones a los derechos humanos, robos, y criminalidad en toda su extensión al amparo de una causa que 30 o 40 años después pocos entienden y que ya nadie defiende.

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