No debería provocar duda que la solución a la
crisis de la minoridad no pasa sólo por la reclusión de menores como sistema. Mucho menos debería
asumirse ése como el método más eficiente para encontrar una salida a la
delincuencia peligrosa. El Partido Colorado no ha planteado nunca esto y la
iniciativa que hoy ha superado todas las expectativas, y que alcanza a menores
infractores, basa su escenario en la gravedad del delito cometido más que una
cuestión de edades.
Todos los días las calles céntricas de Montevideo
son escenario de rapiñas, como también lo vienen siendo, paradójicamente, los
barrios ubicados en la periferia de una ciudad desprotegida y sin signos claros
de vigilancia sostenible.
Los delincuentes saben que operar en las calles
demanda poca imaginación y apenas una visión del entorno, siendo posible captar
fácilmente a un patrullero o policía en moto, apenas con observar a vuelo de
pájaro tan solo la calle por la que transitan. Apenas un dato pinta la
realidad: el tiempo de demanda entre el llamado al 911 o la Comisaría para denunciar
una agresión supera en todos los casos 15 minutos. Ese lapso es suficiente para
consumar el delito, escapar y distanciarse del lugar al menos 10 quilómetros.
Motos, celulares y la complicidad de una ciudad con
barrios oscuros, son la garantía para una actividad ejercida casi con
impunidad, la que preferentemente emplea a jóvenes en situación de calle o
deprimidos por la droga.
Pero vayamos más allá de la expectativa y
consideremos algunos otros parámetros que conforman este complejo escenario y
sin pasión, evaluemos a fondo llegada la hora de las soluciones.
***
Trascendió estos días en el diario EL OBSERVADOR
que, el comité de observadores, integrado por un delegado del Poder Judicial,
uno del Instituto de Pediatría Luis Morquio y una delegada de Unicef, visitó el
3 de noviembre del año pasado los establecimientos Las Piedras, Ser, Sarandí y
el centro de atención sanitaria (“Hospitalito”) de la Colonia Berro. El
documento se presentó el 17 de abril a la Suprema Corte de
Justicia.
Entre los incumplimientos figuran carencias en el
sistema de seguridad. “Lo primero que se percibe ni bien se ingresa al predio
de la Colonia Berro
es la fuerte inversión económica que el Instituto ha realizado en materia de
seguridad”, señaló.
Describió que los centros Sarandí, Las Piedras y
Ser “han sido cerrados con tres altas vallas construidas de alambre concertina,
es decir, barreras de cuchillas de alta seguridad para protección perimetral,
con un sistema de sucesivos portones de acceso a la planta física”.
Sin embargo, como paradoja, subrayó que el comité
“ingresó al establecimiento Las Piedras sin necesidad de que nadie le abriera
estos portones ya que todos se encontraban abiertos”.
Los observadores también dieron cuenta de que el
ingreso a los hogares “no estuvo precedido por ningún control de identidad ni
de ningún otro tipo por parte de los funcionarios y lo mismo ocurrió cuando se
ingresó al predio de la
Colonia Berro ”.
Los técnicos cuestionaron la permanencia
obligatoria de los adolescentes en las celdas del nivel dos del centro Ser
“durante todo el día, por períodos que duran hasta 14 y 15 días”. Según se
informó a los observadores durante su visita, esto es consecuencia del bajo
número de funcionarios por turno (cinco), mayoritariamente mujeres.
Los técnicos relevaron un “clima hostil” entre los
funcionarios y los adolescentes y dieron cuenta de la inexistencia de “una
rutina diaria de mínimas actividades que los adolescentes deban cumplir.
Desayunan, almuerzan, meriendan y cenan en sus
celdas. Algunos tienen TV y radio en las celdas”, señalaron los observadores.
Otra carencia que subrayaron fue la ausencia de un
proyecto educativo. En el establecimiento Ser había dos maestras que daban
clase a 13 de los 46 adolescentes.
El equipo observó un total desconocimiento por
parte de los adolescentes acerca de quiénes son sus defensores y quién es el
juez de su causa.
Los técnicos comprobaron que un coordinador de Las
Piedras le había dado información errónea a un menor sobre la fecha de su
egreso. El procurador del establecimiento le había dado otra fecha y esto
provocó “angustia en el joven”.
En el documento describe que al momento de la
visita, un adolescente estaba “aislado”,
por haber discutido con el coordinador por la información contradictoria que
éste le había dado.
Las condiciones generales de higiene, según el
informe, son inaceptables. “Los pisos de los establecimientos estaban pegajosos
de tanta suciedad: restos de comidas, envases de plástico, bolsas de nylon”.
El trabajo detalló que en el nivel dos del Ser, los
adolescentes “hacen sus necesidades en un balde, que permanece en las celdas
por 24 horas sin agua potable”.
Agregó que los baños son comunes y el lugar es
“extremadamente frío”, pues es abierto y las ventanas tienen vidrios rotos. Hay
agua caliente en algunos momentos del día.
Además, se destacó que casi todos los menores
reciben medicación psicotrópica: anisolíticos, antidepresivos e hipnóticos. Hay
consulta psiquiátrica casi todos los días. No hay médico de guardia durante la
noche.
Cuando los adolescentes son trasladados al
“hospitalillo” lo hacen esposados y engrillados, según relató la enfermera del
lugar.
En las celdas tampoco se les permite a los menores
infractores tener pasta de diente, desodorante ni jabón. “Estas condiciones
pueden calificarse de trato cruel e inhumano”, según los estándares
internacionales de protección de los derechos de las personas menores de edad,
remarcó el informe. Lo mismo señaló respecto al aislamiento y la
incomunicación.
***
Qué hacer desde el lugar en que se esté: qué desde
el Gobierno, qué desde la oposición, qué desde la sociedad civil, qué desde los
medios de comunicación social.
La realidad no se nutre de un solo elemento: la
cárcel o la reclusión es la consecuencia natural por el cometimiento de u
delito peligroso cualquiera sea la edad que se tenga, pero estar sometido a
este deterioro enfermizo supone un desliz social inadmisible tanto para un país
sin problemas demográficos, como para un país con 130 legisladores que deben
ver la ceguera de un Gobierno que no sabe poner en el acento en lo que hay que
hacer.
No hay impedimento jurídico ni político para
rehabilitar a 150 menores; lo que hay es una soberbia infundada de creerse
“político” cuando en realidad se es tan solo un aprendiz a burócrata.
El Frente Amplio debe bajar ¡YA! Su eslogan
político de sus elecciones elecciones internas que arenga al CAMBIO. ¿De qué
cambio nos hablan quienes hicieron caso omiso a la inseguridad ciudadana, la
ley y el orden?
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