El tema de la Educación parecía difícil, casi
imposible. Se presentaban propuestas (http://bit.ly/pGGede), proyectos de ley
(http://bit.ly/wesE03) y los mismos ni se trataban.
Se había firmado
un acuerdo entre todos los partidos hace más de un año y medio y no se había
cumplido siquiera con la posibilidad de tener veedores para acceder a la
información de primera mano.
Hasta pensamos en salir a recoger firmas, como lo
hicimos con la seguridad, y lo anunciamos públicamente en esta misma columna.
Desde el Parlamento los Partidos convocamos al Ministro
de Educación y a las autoridades de la Educación.
Las diferencias parecían insalvables.
Las palabras de los integrantes de los órganos de la
educación en el Parlamento, salvo la excepción del Presidente, no ayudaban.
Las de los gremios de la educación tampoco.
Sonaban a algo así como “el sistema político no debe
meterse en este tema de la educación; sólo nosotros podemos hacerlo”.
Creímos en ese momento y volvemos a creerlo ahora que
hay un error de enfoque en ello.
Grave.
La gente vota en el Uruguay cada cinco años. Elige
Presidente, Senadores, Diputados.
Somos, los representantes del Pueblo.
De acuerdo con la Constitución la soberanía radica en
la Nación y ella se manifiesta a través del voto.
Como representantes aprobamos leyes, presupuestos,
fijamos objetivos, prioridades.
Uno de ellos, quizás el más importante es la Educación.
Se trata del futuro de nuestros jóvenes y niños, sus oportunidades de vida.
También es nuestro deber, como representantes del
pueblo, controlar, analizar los resultados, exigir su mejora y los cambios y
correcciones que sean necesarios.
De ahí que pensar que sólo un sector, una corporación,
puede ocuparse del tema de la educación es un error.
La autonomía es para que no se utilice la educación
políticamente a favor de un Partido o una ideología.
No para que no se pueda evaluar la misma, exigir
mejores resultados, sugerir correcciones, crear nuevas instituciones, dictar
leyes y establecer formas de gobierno.
A las autoridades mayoritarias de los órganos de la
educación los designa el Poder Ejecutivo con venia del Senado. Eso se determina
por una ley que aprueba el Parlamento.
No las nombran las corporaciones gremiales. Ello porque
éstas representan a una parte, importante, pero una parte de la sociedad.
No es que no puedan participar. Es que no pueden ni
deben ser los que tengan derecho de veto o los únicos que pueden tomar
decisiones, porque su interés es, por definición, parcial.
Creemos que debe escucharse a los gremios docentes. Que
su opinión y voz siempre debe ser tenida en cuenta antes de tomar decisiones.
Pero no pueden ser la única ni tener capacidad de veto.
Volviendo a Diciembre del pasado año, todo parecía
complicado y de mal pronóstico. Las posiciones eran irreductibles los
enfrentamientos públicos también.
Pero se fijaron objetivos posibles, nos bajamos todos
de posiciones iniciales con el fin de lograr consensos y acordamos durante el
verano cuatro puntos.
Pero también fuimos claros en el momento del
cumplimiento de lo pactado.
Para nosotros era vital la Universidad tecnológica en
el interior del Uruguay. Es algo en lo que venimos insistiendo hace mucho rato.
Una nueva Universidad y en el interior.
También lo era otorgarle más poder a los representantes
del gobierno en el Codicen, lo que se logró con el acuerdo por el doble voto al
Presidente del mismo.
El plan de fortalecimiento de los centros educativos
acordado es empezar a retomar la línea que en 1996 señalaron German Rama,
Carmen Tornaría y José Claudio Williman. De la que no tendríamos que habernos
separado.
Instalar el Instituto de Evaluación significará poder
contar con información confiable.
Ahora viene la parte más compleja: su implementación
práctica, su cumplimiento.
No debe demorarse esto porque los números que se
hicieron públicos esta semana son realmente preocupantes o, mejor dicho,
desesperantes.
Hoy tenemos un 43% de repetición en primero de liceo en
Montevideo, la que aumentó más de 30% en los últimos seis años. Estamos mal y
venimos en picada.
Sólo uno de cada diez de los muchachos de los hogares
de ingresos más bajos terminan la Educación media mientras que 8 de cada diez
de los hogares con mayores ingresos si lo terminan.
Es injusto y no democrático. Cercena oportunidades de
miles de jóvenes uruguayos.
Enfrentamos una enorme caída de la cantidad de alumnos
en la Educación Pública en el Uruguay.
De ahí la importancia de lo que se hizo esta semana.
Insistiremos con otros desafíos: la fijación por ley de
200 días de clase como mínimo; la extensión de 7º, 8 y 9º a las escuelas
urbanas, la evaluación y acreditación universitaria, la puesta en
funcionamiento del plan de fortalecimiento, la instalación de la Universidad
tecnológica en el interior.
Viene el momento de la gestión, del hacer.
Tenemos un presupuesto educativo enorme, tenemos un
acuerdo. No hay excusas para no mejorar.
Parece difícil, pero no es imposible.
¡Vamos Uruguay!
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