Los servicios de inteligencia

 

En más de una oportunidad, desde el debate sobre el presupuesto nacional a fines de 2010, hemos denunciado la concentración de poder que se viene produciendo en la Presidencia de la República. Y hemos dicho que esto no le hace bien a la salud de la democracia uruguaya, no es bueno para el funcionamiento del sistema republicano, basado en el equilibrio de tres poderes independientes.

La creación de oficinas y las tareas que directamente, o a través de la Oficina de Planeamiento y presupuesto han pasado a depender y ser manejadas por el Presidente es verdaderamente sorprendente.

Coordinadores regionales, una central de compras, la cooperación internacional y hasta el buque insignia de la pobre política de viviendas, el Plan Juntos, dependen de Mujica directamente. Esta política significa un gran contra sentido, pues para eso están los ministerios, llenos de técnicos, con toda una estructura funcional que se desperdicia en pos de un voluntarismo excesivo, que piensa resolver el problema de la vivienda con donaciones particulares. Hasta se llegó a proponer el pase de la DINAMA a la órbita presidencial.

Allí funciona también la Coordinación de los Servicios de Inteligencia del Estado. Oficina creada en el período del presidente Tabaré  Vázquez, por la ley de presupuesto de 2005, pero la falta de definición de una política común a nivel nacional y los desacuerdos entorno a quién designar, llevó a Vázquez a dejar vacante el cargo durante todo su mandato.

Se entiende que inteligencia en el Estado va más allá de lo que se ocupan las distintas unidades especializadas de las Fuerzas Armadas o de la Policía. En cada dependencia del gobierno que se maneje información reservada que pueda afectar el desarrollo de cualquier área, está implícita la idea de inteligencia. El concepto se amplía a todo lo referido a la reserva de información por razones estratégicas que defina el Estado.

Fue en éste período de gobierno que el cargo fue llenado con la designación de Augusto Gregori, ex guerrillero del MLN-T, quien en el gobierno municipal de Tabaré Vázquez se había  desempeñado como Inspector General.

Los servicios de inteligencia existen en nuestro país como en todo el mundo y son necesarios. Reunir la información (no siempre secreta) y procesarla para su mejor utilización, es importante para un país.

Ocurre que la historia muestra varios ejemplos de "Servicios" que terminan teniendo vida propia, en el marco de la reserva en que se mueven y sirviendo a obscuros intereses personales o de gobiernos generalmente autoritarios. Dar garantías legales en la materia a la sociedad democrática uruguaya, es un imperativo.

La inteligencia estatal uruguaya esta integrada por la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DINACIE, que depende del ministerio de Defensa Nacional), la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII, del Ministerio del Interior), y un abanico de agencias insertas en la orgánica de distintas carteras ministeriales y organismos públicos, como el departamento dos de los Estados Mayores del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea; la Prefectura Nacional Naval; el servicio de Información Exterior de la cancillería; la inteligencia financiera del Banco Central, la Dirección Nacional de Aduanas, entre muchas otras.

“En buena parte del mundo, los servicios de inteligencia se mueven sin que sepamos mucho de ellos”, reflexionaba el experto Philipp Fluri, del prestigioso DCAF de Ginebra, un centro que busca el control civil de los organismos de seguridad. El DCAF a sido uno de los difusores de las pautas definidas por la Unión Interparlamentaria Mundial, para organizar lo mas cristalinamente posible, a la inteligencia pública con normas precisas, criterios de selección de personal y evaluación; adecuada coordinación; supervisión judicial y legislativa.

Sobre fines del año 2011 logramos que en la Asamblea General se votara una comisión especial con fines de asesoramiento legislativo sobre Inteligencia del Estado. Esta comisión, que integro, trabaja en la elaboración de una ley que entiendo, deberá  establecer con claridad: el objeto del Sistema, dando las definiciones de lo que es inteligencia, contrainteligencia e inteligencia estratégica; indicando los cometidos y estableciendo la institucionalidad, es decir la estructura de la comunidad de inteligencia.

Una parte medular de la futura ley tendrá que ser lo referido a la forma de obtención de la información, cuando esta no procede de las fuentes abiertas. Definir los procedimientos para la intervención de las comunicaciones por ejemplo, que no son solamente las telefónicas, o la utilización de agentes encubiertos.

Otro aspecto sustantivo es el de los controles, internos del propio poder ejecutivo y externos,  judiciales y parlamentarios. En tal sentido el Partido Colorado esta proponiendo que se cree una comisión parlamentaria especial de supervisión a la inteligencia del estado, la misma tendría un carácter bicameral y estará integrada por un legislador de cada partido con representación en las comisiones de defensa de ambas cámaras.

También se tendrá que definir las responsabilidades y obligaciones de los servicios, como la de guardar secreto por ejemplo y las sanciones disciplinarias y penales.

Por último las garantías personales, la protección de la ciudadanía, tendrán que quedar perfectamente establecidas. Establecer las  limitaciones legales a realizar tareas represivas, policiales o de investigación criminal. Los servicios no podrán influir en la situación institucional o política. Por supuesto, tampoco en la vida interna de los partidos políticos; en la vida de las personas ni de los medios de difusión.  

Mientras tanto existe desde hace dos años una coordinación a nivel del presidencia de la república  que no sabemos que hace para bien o para mal.

Queremos que sea para bien, en el sentido de que el nuevo concepto de defensa nacional, que va mas allá de la defensa militar, requiere de información adecuada y sistematizada, por ello la necesidad de establecer una sólida Cultura de Inteligencia nacida de una previa Cultura de Defensa es algo que no solamente debe corresponder a políticos y gobernantes, sino que debe fomentarse desde todos los ámbitos, para de esta forma, crear una auténtica conciencia social.

No en vano, la seguridad y la defensa de un país y, por extensión, los mecanismos y recursos conducentes a garantizarla, son ámbitos de interés prioritario que deben preocupar a todos los ciudadanos sólo por el hecho natural de ser miembros de esa sociedad.

Es deseable que una Cultura de Defensa propia sea asumida y comprendida por todos como instrumento democrático con voluntad de servicio común y compartido.

Derivada de esta Cultura de Defensa, el fomento de una Cultura de Inteligencia implica hacer comprender a la sociedad, en primer lugar, la necesidad de la existencia y creación de organismos de inteligencia que garanticen la seguridad y la defensa del Estado.

En segundo lugar, es imprescindible incidir en su natural integración dentro de la Administración General del Estado como organismos sometidos al ordenamiento jurídico vigente, otorgando garantías a la sociedad.

Y en tercer lugar, como derivada de todo lo anterior, se hace necesario hacer comprender la misión y el sentido de los organismos de Inteligencia como instrumentos al servicio de los intereses generales de una sociedad.