“Eppur si muove”

El presidente Mujica no autorizó al Partido Colorado a hacer uso de la palabra en el acto en el que el Estado uruguayo declarará que asume su responsabilidad internacional en el caso Gelman. El acto a celebrarse hoy, miércoles 21, tendrá lugar en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados y la Asamblea General,  para dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso indicado.

El Partido Colorado había resuelto solicitar el uso de la palabra en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del pasado lunes. La Secretaria General del Cuerpo, la diputada Martha Montaner, trasmitió personalmente la solicitud al presidente Mujica en una reunión celebrada ayer por la tarde en la Torre Ejecutiva. Pocas horas después, desde la presidencia se hizo saber que la respuesta al planteo colorado era negativa.

Los colorados estimamos que la sentencia de la Corte Interamericana es equivocada e injusta, pero que aun así debe cumplirse.

La sentencia es equivocada e injusta, afirmamos, no porque haga responsable al Estado uruguayo por los crímenes de la dictadura, sino porque lo responsabiliza también, expresa y específicamente, por la sanción legislativa y la ratificación popular de la Ley de Caducidad. La Corte ha resuelto, por sí y ante sí –no hay ningún órgano superior que pueda revocar sus sentencias- que las violaciones graves de los derechos humanos no son amnistiables. Por lo tanto, no reconoce la validez de la Ley de Caducidad. Y no sólo eso, sino que agrega que el Estado uruguayo incurrió en responsabilidad internacional cuando el pueblo se pronunció, en las urnas, a favor de la ley.

El Frente Amplio fue el gran promotor de las dos consultas populares, la de 1989 y la del 2009. Las campañas de recolección de firmas para llegar al referéndum del 89 y al plebiscito del 2009 decían: “para que el pueblo decida”. Pero el pueblo decidió en contra de lo que el Frente quería, y entonces cambió el discurso. Tabaré Vázquez se acordó de Benedicto XVI y citó sus palabras para sostener que, en materia de derechos humanos, la voluntad de las mayorías no cuenta.

El gobierno frenteamplista no defendió, frente a la Corte Interamericana, el derecho del pueblo uruguayo a decidir en las urnas su destino. Mientras el juicio transcurría el canciller Almagro hacía declaraciones públicas diciendo que la Ley de Caducidad era una vergüenza, y los abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores no mencionaron siquiera en sus escritos los artículos del Pacto de San José que reconocen que los derechos de las personas pueden limitarse, mediante la ley, por razones de interés general. La Ley de Caducidad hizo eso: limitó el derecho de acceso a la justicia de algunas personas, para asegurarle a la sociedad entera la consolidación pacífica de las instituciones democráticas. El pueblo lo entendió así, y por eso ratificó la ley en 1989 y se negó a anularla en 2009.

Ahora el gobierno de Mujica, en nombre de la necesidad de cumplir el fallo de la Corte, va más allá de lo necesario a ese efecto y no sólo declara la responsabilidad internacional del Estado sino que además repite y hace suyos los argumentos de la Corte, que ya no son  solamente argumentos en contra de la Ley de Caducidad, sino que son también argumentos en contra de la voluntad popular que la ratificó.

Es en este punto que los colorados discrepamos. Para cumplir el fallo alcanza con decir que el Estado asume la responsabilidad internacional que la Corte le atribuye en su sentencia. Pero no tenemos porqué aceptar además los fundamentos del fallo, que le niegan el respeto debido a la voluntad popular. La nación es soberana, y su voluntad, cuando se expresa de acuerdo con la Constitución, debe respetarse siempre.

Hace siglos, la Iglesia Católica condenó a Galileo Galilei porque este sostenía una opinión científica que era considerada herética por la jerarquía eclesiástica; Galileo decía que era la tierra la que giraba en torno al sol, y no a la inversa. Tan fuerte fue la presión sobre el pobre Galileo que al final éste, ya anciano y frágil, acabó rindiéndose y admitiendo frente a los censores que la tierra estaba fija en el centro del universo. Sin embargo, después de haber abjurado así de lo que realmente pensaba, agregó en voz baja (o dice la leyenda que agregó): “eppur si muove”, o sea, “y sin embargo se mueve”.

 El gobierno del Frente Amplio no sólo quiere cumplir la sentencia, sino que además quiere decir “amén”.

Aunque no nos dejen hablar en el recinto de la Asamblea General, los colorados seguimos pensando: “eppur si muove”