Fernando HENRIQUE CARDOSO
Sociólogo y escritor, fue presidente de Brasil del
1 de enero de 1995 al 1 de enero de 2003 (Distribuido por The New York Times
Syndicate)
Las recientes y tardías decisiones del gobierno de
Brasil de enfrentarse al pésimo estado de la infraestructura aeroportuaria [N.
de la E.: ver
puntos importantes] dieron lugar a loas por parte de quienes conocen la
precariedad de nuestros aeropuertos y a justificaciones avergonzadas por parte
del Partido de los Trabajadores, según el cual las "concesiones" no
son "privatizaciones", como si no fuesen ambas modalidades del mismo
proceso.
Pasados tantos años desde las primeras
privatizaciones de empresas y concesiones de servicios públicos, y dada su
continuidad en gobiernos controlados por partidos que se oponían ferozmente a
ellas, la relevancia ideológica de la discusión es marginal. Sólo el
oportunismo electoral puede explicar por qué se insiste en un necio debate que
sostiene que es "patriótico" mantener bajo el control estatal un
servicio público, mientras que concedérselo a la iniciativa privada, con o sin
venta de propiedad, es cosa de "entreguistas".
Desahogar al Estado de las funciones económicas no
pasó por la cabeza de los constituyentes, ni de los congresistas o de los
gobiernos que reglamentaron o modificaron la Constitución para
adecuarla a las transformaciones de la realidad productiva.
Todavía a fines de los años 1980 hubo privatización
de empresas de menor importancia, que se habían vuelto estatales porque el
Estado las había salvado de la quiebra, en las llamadas operaciones-hospital
del Banco Nacional de Fomento Económico y Social (BNDES). A principios de los
años 1990, ya reglamentadas por ley, las privatizaciones ganaron cuerpo.
Alcanzaron, por ejemplo, a la obsoleta planta siderúrgica del país, que a
partir de entonces se sometió a una inmensa modernización, también con el apoyo
del BNDES pero esta vez no en función de socorrer empresas fallidas sino de
promover la actualización del sector productivo.
En la segunda mitad de los años 90, cuando se trató
de atraer el capital privado para que hiciera las inversiones que el Estado ya
no podía hacer en materia de telecomunicaciones, energía, petróleo, etcétera,
se flexibilizaron los monopolios estatales y se crearon las agencias
reguladoras para garantizar la competencia en esos sectores, evitando el
surgimiento de monopolios privados. El Gobierno actuó no sólo para aumentar la
competencia en las subastas -y por tanto el interés recibido por la Tesorería- sino también
para apoyar, por medio del BNDES, la inversión privada que siguió a la
desestatización.
En el caso del petróleo, después de la quiebra del
monopolio, en 1997, Petrobrás se transformó en una auténtica empresa moderna,
menos sujeta a las influencias político-fisiológicas que, por cierto, ahora se
insinúan nuevamente. Decían que el Gobierno quería privatizarla cuando en
verdad estaba comprometido en fortalecerla. Conservada bajo el control federal,
pero sometida a la competencia, Petrobrás se convirtió en una de las cinco
empresas petroleras más grandes del mundo.
Se amplió la participación accionaria del sector
privado en la compañía, que existía desde el período de gobierno de Getúlio
Vargas de los años 50, incluso con la posibilidad de que los trabajadores
usaran el Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (fondo de pensiones) para
comprar acciones. Las cuentas de la empresa se volvieron más transparentes para
el Gobierno y para la sociedad. El fin del monopolio vino acompañado por una
política de inducción de la inversión local en la industria petrolera, con el
establecimiento de porcentajes de contenido nacional desde las primeras
licitaciones realizadas por la Agencia Nacional del Petróleo. Esta medida se
adoptó, no obstante, con el equilibrio necesario para evitar aumentos en el
costo de los equipos y atrasos en su producción, como ahora se verifica.
En materia de telecomunicaciones, en 1998 hubo una
combinación de privatizaciones y concesión de servicios. En el caso de la
telefonía celular, fueron pocos los activos transferidos pues prácticamente no
existía en Brasil. "Estamos vendiendo viento", bromeaba Sergio Mota,
entonces ministro de Comunicaciones, que soñaba con el día en que se venderían
celulares en todos los rincones. Es una pena que haya muerto sin ver realizado
su sueño. Hoy en día, en Brasil existen más teléfonos celulares que habitantes.
En la desestatización del grupo Telebrás sí hubo
transferencia de activos. La división de la matriz en varias empresas fue
llamada descuartizamiento, siendo que sólo pretendía asegurar la competencia en
el sector. Gracias a ese nuevo ambiente y a las reglas establecidas por el
Gobierno, las empresas privatizadas se vieron obligadas a hacer fuertes inversiones
para acompañar los avances tecnológicos y ampliar el acceso a las líneas así
como a Internet, dejándonos sin añoranzas por el anticuado sistema de telefonía
anterior a la privatización.
En el caso de la minera Vale do Rio Doce, así como
del fabricante de aviones Embraer, hubo una privatización pura y simple, con la
salvedad de que en esta última empresa el Gobierno mantuvo una acción
privilegiada, con derecho a veto, y el BNDES adquirió y mantuvo una posición
importante, de cerca de 20 por ciento, en el control de la minera. Por no
hablar de la participación de los fondos de pensión de las empresas estatales.
En la privatización de Vale do Rio Doce, los
críticos dijeron que el Gobierno estaba enajenando el subsuelo nacional,
afirmación descabellada ya que éste era y sigue siendo propiedad de la Unión , conforme manda la Constitución. También
hablaban de que la empresa terminaría "desnacionalizada", con menor
número de empleos, retórica que los hechos posteriores desmintieron sin margen
de refutación. Todavía se escuchan murmullos con el gastado argumento de que la
minera, que hoy vale mucho más de lo que a buen precio se pagó por ella en ese
tiempo, fue vendida por debajo de su valor (no fue eso lo que se vio en la
subasta, ganada por un grupo nacional que se atrevió en el precio mucho más de
lo que los demás competidores consideraron razonable). Ahora, si se oye que
Vale tiene un valor en bolsa de US$ 100 mil millones es porque, liberada de las
amarras estatales, pudo llegar a donde ha llegado.
Los que critican las privatizaciones son los mismos
que ahora se jactan de esas empresas y de que ahora seamos la sexta economía
del mundo. Se olvidan de que eso se debe a lo que siempre criticaron, además de
las privatizaciones, el Plan Real, el Programa de Estímulo a la Reestructuración
y el Fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional, a la Ley de Responsabilidad Fiscal,
en fin, a la modernización del Estado y de la economía.
Pero, atención: no basta con otorgar concesiones y
privatizar. Es preciso hacerlo con criterios bien definidos, elaborar
condiciones claras en las licitaciones, exigir que se cumplan las cláusulas de
éstas y evitar que las agencias reguladoras se conviertan en balcones
partidistas.
Para juzgar, esperaremos a ver lo que suceda con
los aeropuertos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario