DERECHOS HUMANOS EN LA AGENDA SEMANAL

Caso Gelman y dieciséis asesinatos en CTI uruguayos

Dos importantes acontecimientos en la semana, dominaron gran parte de los noticieros de radio y televisión y las portadas de los diarios nacionales.

El acto del presidente Mujica por el llamado caso Gelman y el horror que supuso el descubrimiento de por lo menos dieciséis asesinatos en dos CTI uruguayos a manos de enfermeros ya confesos y procesados.

El acto de reconocimiento público, de responsabilidad del estado en el caso de desaparición forzada de María Claudia García de Gelman, así como de la supresión y sustitución de identidad de su hija, Macarena Gelman fue realizado en la sala de la Asamblea General, con la presencia de ministros de estado, autoridades de la Suprema Corte de Justicia y legisladores de todos los partidos; también se constataron varias ausencias.

Fue realizado por el Presidente José Mujica, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH), la que de acuerdo a la denuncia presentada por la familia Gelman,  condenó a Uruguay a una indemnización financiera (500 mil dólares) y a realizar este acto de carácter internacional.

QUE QUEDE CLARO

Nosotros en particular y el Partido Colorado todo, repudiamos el secuestro de María Claudia García y su alevoso asesinato, así como la sustracción de Macarena Gelman, hechos perpetrados por la dictadura de los años setenta y compartimos que el estado uruguayo es uno solo y por lo tanto debe responder por esos actos aunque fueron perpetrados durante un gobierno de facto. Es más, ni siquiera la ley de caducidad impidió darle curso a las posibles pretensiones indemnizatorias.

Nuestros gobiernos, desde 1985, que aseguraron todos los derechos ciudadanos y las libertades más absolutas, fueron los primeros en reparar e indemnizar a miles de uruguayos, reparando carreras funcionales, repatriando ciudadanos del exilio e indemnizando a través de leyes especiales, a muchísimos casos de perjudicados indebidamente por el régimen de facto al que nos opusimos siempre.

De igual modo votamos una ley de amnistía para quienes también violaron derechos humanos, en una guerrilla levantada contra gobiernos democráticos, los tupamaros.

Pensamos que se debe cumplir esta sentencia de la Corte Interamericana, de lo contrario Uruguay debería salir del Pacto de San José de Costa Rica.

Por ello decidimos concurrir al acto, aún en discrepancia con el fallo que entendemos equivocado y fundamentalmente contrariados al no permitírsenos hablar, ya que el acto se hacía en la sede del Parlamento Nacional la voz del cincuenta por ciento de los ciudadanos debería oírse.

No es de recibo que en la sentencia de febrero de 2011 la Corte Interamericana diga que “las violaciones graves a los derechos humanos no son amnistiables, aunque la Ley de Caducidad (de la que la Corte dice que es, por sus efectos, una ley de amnistía) haya sido sancionada por un Parlamento democráticamente electo y ratificada directamente en plebiscito por la nación soberana”.

Peor que eso, en el parágrafo 238 dice que “la participación de la ciudadanía en el referéndum de 1989 y en el plebiscito de 2009 no sólo no le da validez a la Ley de Caducidad, sino que compromete la responsabilidad internacional del Estado uruguayo”.

Estas afirmaciones son profundamente equivocadas, la ley de Caducidad fue votada por un Parlamente democrático, legítimamente electo por la nación uruguaya y ratificada en dos oportunidades por toda la ciudadanía en actos de democracia directa y para nada incumple el derecho internacional ni los acuerdos de los que somos signatarios.

En particular, ningún artículo del Pacto de San José niega el derecho de los estados a votar leyes de amnistías, por el contrario claramente establece que el derecho de las personas está limitado por el bien común y los derechos de los demás, (art. 30 y 32).

Lo que ocurrió es que el gobierno de Mujica, el gobierno en el que están los que también violaron DD.HH y no han hecho ningún acto de arrepentimiento, no hizo valer en el juicio ante la Corte Interamericana estos argumentos. ¡No se defendieron!

Aún así, entendimos que al haber aceptado la jurisdicción de la mencionada Corte, el estado uruguayo debe dar cumplimiento al fallo honrando la tradición de respeto al derecho internacional.

Por supuesto que no avalamos puntualmente todo el documento leído por el presidente. Creemos que debería haber sido mucho más concreto al caso Gelman y que podría haber realizado el acto en la sede del Poder Ejecutivo. El haberlo hecho en el Parlamento y con la presencia de otras autoridades no le agrega jurídicamente nada, se buscó tener un respaldo político mayor ante la Corte, por ello debió Mujica aceptar que la oposición fijáramos nuestra fundamentación, que iba a ser en estos términos.

OTRO CASO DE VIOLACION DE DD.HH.

El otro tema en el que estuvo y seguirá centrada la atención ciudadana es en la comprobación de que, en principio, dos enfermeros y una enfermera cómplice habían, segado la vida de por lo menos dieciséis personas internadas en dos CTI uruguayos. Varias de las cuales no estaban en situación de “enfermos terminales”.

La noticia causa espanto y fue rápidamente difundida en todo el mundo.

Deja una primera reflexión: ¿habían controles y controles de los controles? Esto es ¿los nosocomios tenían controles internos y a su vez el Ministerio de Salud Publica tiene inspecciones si esos controles se hacen?

Las investigaciones internas en el Hospital Maciel y en la Asociación Española determinarán las respuestas a esas interrogantes, así como también si hay otros casos similares y la participación o responsabilidades penales de otros profesionales.

Pero el punto es que el gran responsable de lo que pasa en la salud es el Ministro del área. Es el responsable político, no estamos diciendo culpable, decimos responsable ya que ésta es indelegable.

Los que fiscalizamos constitucionalmente al poder ejecutivo, los parlamentarios, no podemos pedir explicaciones a directores de hospitales, ni a médicos o enfermeros, solo podemos hacerlo a través del ministro. Y éste no ha concurrido al Parlamento hasta el día de hoy. Por el contrario fue a reunirse con la bancada del Frente Amplio partidizando el tema.

Existe, a partir de este momento además, una gran crisis de desconfianza de los usuarios de la salud. Ni que hablar de las decenas o quizá centenares de compatriotas a los que se les murió un ser querido de manera un tanto inesperada, que estarán pensando si no lo mataron.

¿Cómo se restablecerá esa confianza?

Investigando a fondo todos estos posibles casos, sus derivaciones e identificando a todos los responsables.

Indemnizando a las familias afectadas.

Y sobre todo demostrando claramente que existen controles que se hacen efectivamente para que esto no suceda nunca más.

Más allá de que somos consientes que existen cientos de médicos y enfermeros que trabajan con amor y eficacia en todos los Centros del país. A ellos nuestra solidaridad en este difícil momento.

Por último me parece que el Ministro Venegas tendrá que renunciar. No es que esté queriendo aprovechar la coyuntura para hacerme de un pequeño triunfo político. En estos casos pretender hacerlo sería ruin. Pero en todo el mundo, en las más diversas actividades y en Uruguay mismo, hay numerosos ejemplos. Cuando ocurre un desastre de esta naturaleza, la cabeza se cambia.

El Ministro no será culpable, no irá preso, pero es responsable y más tarde o más temprano deberá irse. Son dieciséis asesinados y posiblemente sean más. También éste es un caso de violación de derechos humanos.