Banderas, puertos y soberanía

 

Cuando parecía superada la doctrina Zeballos que pretendía -para asombro de todos quienes habitaban este suelo- que las aguas del Río de la Plata, que bañaban nuestras costas no nos pertenecían (doctrina de la costa seca) y por ende, que la jurisdicción aplicable sería de la República Argentina, nuevamente nuestros hermanos, pretenden incidir en la política exterior de nuestro país.

Nuestro puerto natural que siempre generara la envidia de muchas potencias, sigue siendo una pieza de significación a la hora de hablar de “llaves de acceso” de mercaderías -no sólo a los países del Mercosur sino de toda América Latina- y las utilidades que deja la prestación de los servicios de nuestro puerto capitalino, no son nada despreciables al momento de realizar las cuentas y comparar resultados financieros. ¿Qué está ocurriendo?

Ahora parece que Argentina, sigue teniendo resabios de los enfrentamientos y rivalidades portuarias que nos enfrentaran durante tantos años (prueba de ello lo constituye el Tratado del Río de la Plata que suscribieran Perón y Bordaberry recién en 1973) al presionar para que no se permita el acceso a Montevideo de buques “con bandera de las Malvinas” y tampoco de buques de otras banderas que mantengan negocios con las disputadas islas del Atlántico Sur, cuya administración detenta el Reino Unido -con mayor celo- desde su victoria en la guerra de 1982. De la que se cumplen treinta años sin haberse logrado una solución a este diferendo que resulte satisfactoria a ambas partes.

Esta suerte de bloqueo, pone en juego el ejercicio de nuestra soberanía, afiliándose a la posición argentina, a cambio de nada.

Esta posición, simpática con nuestros vecinos, es afín a la superada política de “amigos comunes o permanentes” olvida que, en cuestiones de derecho internacional, lo que debieran prevalecer son los “intereses permanentes”, que en definitiva, son los que hacen al crecimiento y bienestar de cada una de las poblaciones involucradas. Fin último y razón de ser de las políticas públicas.

Pero además, influye negativamente en los ingresos de divisas que por prestaciones de servicios de amarre, aprovisionamiento, reparaciones y mantenimiento de estos buques, las empresas y el propio Estado Uruguayo dejan de percibir en su perjuicio, pues se ha comprobado que muchos de estos servicios se están prestando en alta mar, lejos de nuestro puerto.

Llama la atención la actitud adoptada por nuestro Primer Mandatario, quien en su momento, soslayó la conducta de una nave argentina que intentó abordar una nave de bandera española en aguas de uso común del río “ancho como mar”, (debiendo internarse en aguas uruguayas para evitar ser abordada por los argentinos) todo, para complacer los deseos de una Presidente que a su tiempo, nada hizo para evitar el bloqueo por cuatro años del puente internacional que nos une y por el cual, dejaron de pasar personas y bienes, en claro perjuicio de nuestros intereses. Y cuya política no acierta en destrabar el ingreso de nuestros productos a su mercado.

Sin pretender justificar la posesión de estos territorios (desde 1833) por parte de esta potencia europea, advertimos que la decisión adoptada desde nuestro gobierno, -que en los hechos, supone colaborar con una suerte de bloqueo económico que se pretende ejercer sobre la población que los ocupan- supone en definitiva desconocer la libre determinación de la población isleña, que sigue apostando a su desarrollo y crecimiento, encantada de pertenecer al Reino Unido, por más alejada que se encuentre de su metrópoli.