Nadie había dicho que la Constitución sería
sólo de cumplimiento optativo. Nadie anticipó nunca que las resoluciones de la
Corte Suprema de Justicia (un nido de burócratas, según los gobernantes) pueden
convertirse fácilmente en papeles inservibles. Los caminos autoritarios que
eligió el gobierno de Cristina Kirchner están colocando a la Argentina en el
lote de países latinoamericanosque han decidido dejar de lado la democracia
plena en nombre de una revolución imprecisa.
La primera víctima de tales procesos es
siempre la libertad de prensa, porque ésta es el principal obstáculo para
avanzar sobre las otras libertades. Sobresale el engaño electoral: nunca se
anticipó, antes del 23 de octubre, que había una lista de enemigos por batir y
una guerra pendiente. Ahora sí existen la lista, el plan y la guerra.
Es probable que el Gobierno se haga cargo de
Papel Prensa antes de confiscar sus acciones. La ley aprobada por el Congreso
se lo permite. Más allá de la polémica entre funcionarios por la ley
antiterrorista, que describe por sí sola la confusión de su texto, el Gobierno
podrá aferrarse a su letra amplia y vaga para acusar al periodismo ante la
Justicia. La amenaza está en la ley. Los funcionarios pueden hacer mañana lo
que desmienten hoy. Ya lo han hecho. La persecución a LA NACION por parte de la
agencia impositiva y la incautación parcial de Cablevisión están explicitando
un plan, no el error casual de un funcionario o de un juez.
Surgen, inevitables, algunas preguntas
esenciales: ¿por qué muchos gobiernos de América latina desnaturalizan en el
ejercicio la legitimidad democrática de origen que ciertamente tienen? ¿Por qué
la Argentina de Cristina Kirchner prefirió reflejarse en los espejos más
desacreditados de la región latinoamericana? ¿Qué ofrecen las experiencias de
Hugo Chávez, en Venezuela, de Rafael Correa, en Ecuador, y de Daniel Ortega, en
Nicaragua, si no la parodia de un territorio excéntrico e imprevisible?
El Gobierno no esperará estar en desacuerdo
con un plan de inversiones para tomar el control de Papel Prensa, la única
fábrica argentina de papel para diarios. Mucho antes, seguramente, se
respaldará en la declaración de "interés público", que el Congreso le
dio al insumo básico de los diarios, para erigirse al menos en coadministrador
de esa empresa. Un oficialismo cerrado como un bloque de cemento fue
impenetrable a alternativas más civilizadas que la simple colonización de una
empresa privada. Ni siquiera tenía necesidad de convertirse por ley en árbitro
de las importaciones de papel, porque de hecho tiene las facultades para abrir,
cerrar o condicionar todas las importaciones. No se conformó con la facultad
implícita; la hizo también explícita y manifiesta.
A veces es necesario repetir lo obvio: los
diarios no tienen destino si no disponen del papel para ser impresos. ¿Qué
garantías de contar con ese bien imprescindible tendrá el periodismo gráfico
luego de que la administración kirchnerista tome el control de la producción
nacional y de la importación de papel? ¿Será Guillermo Moreno, el funcionario
que dirigirá la producción y la importación, ecuánime y comprensivo con todos
los diarios? No, desde ya; no son ésos los atributos de su personalidad. El
kirchnerismo les ha permitido hasta la ilegalidad a sus amigos y la ha negado
hasta la justicia a sus presuntos enemigos.
La Constitución protege a la libertad de
prensa en varios de sus artículos, pero además le prohíbe al Congreso legislar
contra esa libertad. Decenas de legisladores oficialistas y sus aliados han
votado contra la letra y el espíritu de la Constitución en una de las mayores
deserciones masivas de los compromisos institucionales que se recuerden. La
historia los recordará cuando describa un tiempo en que se usaron los nobles
mecanismos de la democracia para ahogar a la democracia.
El fuero judicial en el que se resolverá el
necesario conflicto por Papel Prensa (el contencioso administrativo) ya fue
también colonizado por los amigos del kirchnerismo. Sólo le quedará al
periodismo independiente el reaseguro de la Corte Suprema de Justicia, pero la
cuestión llegará a esa instancia luego de varios meses. La jurisprudencia de la
Corte indica que nunca trata medidas cautelares de tribunales inferiores; mucho
menos recurrirá al per saltum , una vía rápida que tiene para cuando están en
riesgo asuntos de gravedad institucional. De esa manera, Moreno ya habrá armado
y desarmado la única fábrica de papel para diarios cuando el caso llegue a la
Corte.
Otro problema surgirá cuando el Gobierno deba
cumplir con una eventual resolución del máximo tribunal de Justicia. ¿Lo hará?
Ya es una costumbre, mala por cierto, que el Gobierno no cumpla, o cumpla sólo
parcialmente, las decisiones de la Corte. El diario LA NACION fue inhibido de
disponer de sus bienes, en un viejo pleito con la AFIP, por una resolución de
un juez, Carlos Falco, que no tuvo en cuenta que la Corte había decidido que no
se innovara en la cuestión hasta que se decidiera la cuestión de fondo. Para
peor, la cuestión de fondo, o parte de ella, está esperando una resolución de
la propia Corte.
La AFIP no notificó al juez de que existía la
medida cautelar de la Corte ni el juez se preocupó en recabar la información.
Peor todavía: el magistrado decidió darle vista a la AFIP durante tres días
después que leyó, sorprendido, la medida cautelar de la Corte. ¿Por qué simples
funcionarios deberían convertir en opinable una decisión del tribunal más
importante del país? ¿Por qué un juez les abre las puertas de la opinión a los
funcionarios cuando se trata de una resolución de los máximos jueces de la
Nación?
Hace pocas semanas, la AFIP embargó cuentas
corrientes de muchos argentinos, que ni siquiera habían sido notificados de que
tenían causas abiertas en la Justicia por parte de la agencia impositiva. La
AFIP lo hizo respaldada en una arbitraria resolución de hace más de diez años,
que autorizaba los embargos sin sentencia judicial. Incumplió otra vez una
orden de la Corte: ésta declaró inconstitucional, hace mucho tiempo, aquella
resolución. No importa. El Gobierno necesitaba con urgencia esos recursos.
Pero ¿acaso no pasa lo mismo con los
jubilados, cuyos salarios deberían ser actualizados de acuerdo con una
resolución de la Corte? Deberían ser, pero no lo son. La administración no tomó
nunca ninguna resolución del tribunal como una doctrina. La editorial Perfil
está esperando todavía que el Gobierno cumpla con una orden de la Corte para
que le entregue publicidad oficial. La Corte ordenó, pero el Gobierno no
obedeció. Perfil fue excluida siempre, sistemáticamente, del reparto de la
publicidad del Estado.
Las instancias inferiores de la Justicia son,
la mayoría de las veces, funcionales a los intereses de los gobernantes. El
caso de Cablevisión es otro escándalo que se respalda, según la confesión de
los propios funcionarios, en la guerra contra el Grupo Clarín. El juez
mendocino Walter Bento decidió que Cablevisión tiene una posición dominante en
el mercado. Esa empresa de televisión por cable controla el 47 por ciento del
mercado nacional y el 59 por ciento de la Capital.
Los manuales indican que existe posición
dominante sólo cuando se controla alrededor del 80 por ciento de un mercado. No
hay peor imagen para una democracia, además, que la que muestra a militares o
policías fuertemente armados ingresando en medios de comunicación. Es lo que
hemos visto.
El hiperkirchnerista José Sbatella chocó con
kirchneristas más moderados como Florencio Randazzo y Miguel Pichetto por la
aplicación de la ley antiterrorista. Los medios caerán bajo ella, dijo
Sbatella. Randazzo y Pichetto lo desmintieron. Es probable, desgraciadamente,
que Sbatella tenga razón y que cualquier información u opinión indeseable para
el oficialismo se convierta en el futuro en un acto de terrorismo. Un
periodista que cuenta una mala noticia o que tiene una opinión crítica sobre
cuestiones sensibles podría merecer una dura acusación. Cristina Kirchner
comenzó a esbozar esa teoría en Montevideo, cuando dijo que los medios quieren
que a ella, y a los gobernantes que piensan como ella, les vaya mal. Eso podría
ser terrorismo en la letra de la nueva ley.
La Argentina actual vacila entre la Venezuela
de Chávez y la Rusia de Putin. En Rusia puede haber diarios y hasta
capitalistas multimillonarios. Siempre, claro está, que diarios y millonarios
sea indignamente sumisos frente a los que mandan.
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