Tabaré VIERA DUARTE
Siguiendo con la última sesión del Senado, nos opusimos
también al llamado” Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales”
(ICIR), por entender que es inoportuno, ineficaz e inconstitucional.
Lo primero porque viene a cambiar las reglas de juego. Incumple
el presidente Mujica lo que comprometió ante
empresarios y posibles inversores antes y después de asumir como primer
mandatario. En momentos en que la inversión agropecuaria le ha puesto motor al
desarrollo nacional, es muy malo que el gobierno emita señales contradictorias
que pueden desalentarla.
Veamos las cifras: en el período 2000-2002 exportamos 227
millones de dólares por granos y derivados; en 2009 pasamos a exportar
1.184 millones de dólares. En 2000-2002
este subsector tuvo una participación de 19% del producto mientras que en 2009
su participación fue de 35%. El incremento relativo en ese período fue de un
422% y la tasa anual de crecimiento fue de 20%. Algo parecido pasó en el sector
de la carne, que de una participación relativa de 27% pasó a 32%.
La pregunta es ¿Hay una situación de acumulación de tierra
improductiva? ¿Existe un problema de “latifundio improductivo” como sueñan los
marxistas criollos?
Ni siquiera hay datos oficiales que indiquen que la
concentración de la tierra en el Uruguay haya crecido. El último dato oficial
que es el censo agropecuario del año 2000 (el de ahora no se ha terminado y no
hay garantías de que tenga un buen fin) indica que el número total de
productores aumentó 12% y que los predios de más de 2000 hectáreas disminuyeron
2 %. Les dijimos que los datos en que se basa la exposición de motivos son
datos parciales de DICOSE que responden a una muestra de un organismo que no
mide el número de productores y no tuvimos respuesta.
Es ineficaz porque no cumplirá con los fines declarados. Se
dice que la recaudación esperada será del orden de los 60 millones de dólares,
lo que se destinará a la construcción de caminaría rural. Bien, al precio del
kilómetro de carpeta asfáltica este monto no alcanza para construir 200
kilómetros, de los 8 mil existentes de carreteras de primer orden. Tampoco
alcanzaría para construir el 7% de la caminería departamental, en otros
pavimentos, del país.
Por otro lado se grava la propiedad de la tierra, no a la
tenencia ni a la producción. Esto además de discriminatorio ya que va a ser el
único sector productivo en pagar impuesto por su predio, va a obtener
resultados absolutamente contrarios al deseado ya que al aumentar un costo, la
tendencia es a aumentar la escala para diluir ese aumento, por lo que
probablemente aumente la concentración de tierra en lugar de disminuir. Fue lo
que pasó con el Improme de los años sesenta.
Por último, es un impuesto claramente inconstitucional. Es
violatorio del artículo 297 de la Carta ya que si se tratase de un impuesto
debería tener un destino a los gobiernos departamentales de libre disposición y
el destino ya está fijado y adjudicada su administración, la Comisión Sectorial
de Descentralización, la que de acuerdo al artículo 230 no tiene potestades de
administrar nada (lo que no quieren entender en este gobierno). Si por otro
lado éste no fuera un impuesto podría ser un adicional, en ese caso su monto no
podría superar el de la contribución rural.
En fin, comprendemos que la llamada izquierda tradicional
tenga dificultades para asumir un gobierno de un sistema capitalista, porque
entre otras cosas no ha hecho la autocrítica correspondiente a un mundo que
cambió con respecto a las bases ideológicas que sostenían en los años 60, 70 y
80. Por ello este es un impuesto retrógrado que intenta volver a los temas de
esa época instado por los sectores más conservadores del Frente Amplio,
ignorando experiencias propias como el Improme o Imagro y ajenas como el
fracaso del mundo socialista-marxista-leninista.
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