Encierro y psicofarmacos

Dr. Marcelo GIOSCIA CIVITATE

Han transcurrido más de tres años desde que, a consecuencia de una denuncia del Fiscal Civil Enrique Viana, se dictara una sentencia judicial que impuso al INAU (sigla con la que se conoce al Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay, que sustituyera al Consejo del Niño) a disponer medidas alternativas al simple encierro de los menores infractores a su cuidado, así como un mayor control en el uso de psicofármacos en quienes se encuentran privados de su libertad, dentro de las dependencias de la Colonia Berro. Concretamente, la sentencia del año 2008, hace referencia a dos “hogares” (Ser y Piedras) que fueran objeto de la denuncia que motivara el pronunciamiento judicial.

Sin embargo y pese al tiempo transcurrido, las autoridades de dicho ente público, -que debiera ser el primero en cumplir con el mandato judicial contenido en la sentencia- al parecer, no han logrado mejorar las condiciones de vida de sus internos.

Y lo resuelto, con todo el poder de imperio que la Ley confiere al Juez de Familia, en cuanto a disponer medidas alternativas al encierro, y al control del uso de psicofármacos, sigue sin cumplirse.

Mientras esta realidad que se denuncia, afecta la sensibilidad de unos pocos (ya que un gran número de integrantes de esta sociedad percibe a las dependencias de reclusión del INAU como un depósito de seres en general peligrosos, sin mayores expectativas por su recuperación e inclusión social) sigue sin concretarse la instalación de un verdadero Instituto de Rehabilitación para los menores que son privados de libertad.

Por ello, es muy preocupante conocer el informe del Defensor de Oficio de Menores Infractores Guillermo Payseé, cuando en su calidad de “veedor” designado por el Juzgado de Familia, comprueba que los internos pasan casi la totalidad de cada jornada en sus celdas (sólo tienen recreos, dos horas al día) y que el uso de medicamentos que se les suministra (para sobrellevar las condiciones de encierro que padecen) a la totalidad de esos jóvenes, no ha disminuído. Se repiten con respecto a los menores, las mismas condiciones de encierros prolongados en lugares inapropiados, que nuestro sistema carcelario reserva para los mayores de edad.

¿Cómo es posible aceptar tal situación? ¿Qué tienen que decir las autoridades del INAU? ¿Cómo es posible que luego se hable muy pomposamente, de la defensa de los derechos de la minoridad? ¿Cómo es posible que se convoque a marchas por los Derechos Humanos, si en las propias dependencias estatales se los viola a diario? ¿Dónde queda el Estado de Derecho?

Si el grado de civilidad de una sociedad se mide por cómo se trata a los menores y a los ancianos…y en general a las poblaciones más vulnerables ¿cuántos escalones hemos descendido como país?

No se alcanza a comprender que en el mejor período de bonanza económica que haya vivido el Uruguay, donde se han destinado enormes recursos para las áreas sociales y la educación, el INAU no haya dado cumplimiento a la sentencia que lo obliga. Tal vez sea porque, al decir de Quino “lo urgente no deja paso a lo importante”, pero ello no debiera servir de justificación. Estamos ante un incumplimiento grave. Ante un grave problema de gestión o de previsión presupuestal o de ausencia de planes técnicos que resulten eficaces. Alguien debiera ser llamado a responsabilidad.