Marcelo
GIOSCIA CIVITATE
Los datos
-aun parciales- del censo más demorado de la historia de nuestro país, han
dejado en evidencia tanto, la baja natalidad que padece nuestra sociedad, como
las transferencias de recursos que destina el gobierno a quienes considera más
vulnerables y cómo éstas transferencias, inciden en el incremento de la
informalidad laboral.
Resulta
preocupante que, el 80 por ciento de los inscriptos en los planes de asistencia
y en el programa que tiene por objetivo conseguirles un trabajo formal,
rechacen las ofertas laborales que se les formulan…y prefieran seguir
percibiendo esas transferencias que pagamos todos.
Pero lo que
es peor aún, su rechazo a formalizar su situación laboral no las excluye de los
planes de asistencia. En gran porcentaje, aducen que están ocupadas en
actividades informales, (esto es lisa y llanamente “trabajando en negro”) y
temen que, al regularizar su situación de desempleo, puedan pasar el umbral que
los inhabilita a seguir percibiendo la asistencia social por el sólo hecho de
existir y ser parte de ese grupo social “vulnerable”.
Tamaña
cuestión. ¿Cómo resolverla? ¿Cómo devolver a los beneficiarios de este tipo de
asistencia sin contraprestación, el sentido de la dignidad? ¿Qué hacer para
volver a inculcarles valores morales a quienes han venido usufructuando desde
mucho tiempo esta cómoda percepción de auxilio económico? ¿Cómo trasmitirles el
valor del esfuerzo personal para superarse?
La cuestión
no es sólo disminuir la pobreza, sino incluirlos verdaderamente en una sociedad
de la que también forman parte, y que sin embargo, la perciben como ajena y a
la vez, “obligada” a brindarles este tipo de solución, que por cierto sabemos,
no los libera ni dignifica sino que, por el contrario, los hunde en una
dependencia tremenda. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando?
Seguimos
utilizando eufemismos para en cierto modo, encubrir o no mostrar directamente
la realidad. Se detraen recursos de aquellos ciudadanos más emprendedores -a
quienes se los castiga con mayores presiones tributarias- para destinarlos a
quienes se transforman en eternos dependientes del Estado. Estos planes, de cuya buena intención inicial
no dudamos, al salir de la peor crisis financiera que afectara nuestro país, ya
sea el de Emergencia, el de Equidad, Uruguay Trabaja (y el Programa Objetivo
Empleo), tarjeta Uruguay Social, Uruguay Educa, debieran haber arrojado otros
resultados, pero duro es comprobar que no hacen más que destinar recursos
públicos sin una efectiva contraprestación. Atentan, contra la dignidad de los
destinatarios quienes, en aras de una pretendida inclusión social, se
benefician de la “generosidad” de los planes de asistencia del gobierno y
prefieren continuar en la informalidad a regularizar su situación y menos,
disponerse a asumir sus propias responsabilidades. Ciertamente, inadmisible.
Este tipo de
asistencia o transferencia de recursos (que hoy ¡ronda el millón de dólares por
día!) no ha logrado disminuir ni la deserción escolar, ni menos la pobreza, Más
aún, no ha logrado disminuir la informalidad laboral, ni apostado a la
verdadera solución de empleo para aquellos postergados, (en su gran mayoría sin
formación ni especialización) del mentado “país de primera” que los eslóganes
electorales anunciaban como posible.
Sabemos que
lo constante es el cambio, pero ¿cómo devolver a nuestra sociedad el entramado
que la contuvo y una vez la distinguió en la región y en el mundo?
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