La publicidad oficial, desde hace decenas de
años, es la piedra del escándalo y
fuerte motivo de fricción entre el sistema político y los medios de
comunicación. Y como se trata de un uso controversial de los dineros de la
gente, es justa la preocupación por la falta de una ley que regule la misma, marcando
los límites sin violar esa delgada línea que la separa de los derechos a la
libertad de expresión.
La organización Grupo Medios y Sociedad (GMS)
reúne a los representantes de la totalidad de los medios de comunicación del
país y se ha caracterizado en los últimos años por un permanente trabajo con
las diversas autoridades del Poder Ejecutivo para llegar a un proyecto de ley
que contemple tanto los intereses generales de la comunidad, como los del
Estado y el sistema empresarial de los medios de comunicación.
En estos días GMS realizó una
fundamentada exhortación a no postergar más el envío del proyecto de
publicidad oficial al Parlamento. En la comunicación manifiesta: “La semana pasada nos enteramos de una nueva mala práctica que
estuvo a punto de consumarse con los recursos públicos destinados a la
publicidad oficial. Al parecer, por una "omisión" el diario "La
República" casi utiliza el nombre del presidente de la República para
obligar a los ministerios a contratarle publicidad oficial para un suplemento
oficialista. De concretarse, hubiese sido una grave violación a la libertad de
expresión y una grave injerencia en el sistema de medios. No se concretóy el
presidente personalmente aclaró el asunto, pero el amague volvió a poner sobre
el tapete el uso de "recomendaciones" oficiales por parte de los
medios para fines publicitarios. Este sistema lo utilizan casi todos los medios
escritos para hacer suplemente propagandísticos y recaudar a costa del sector
privado que contrata con el Estado. Una vergüenza, que habla mal de la
independencia de los medios y del sector privado-contratista”.
Atento a lo expuesto, GMS, recuerda: “El tema
más profundo que subyace a esta cuestión es el de la omisión histórica del
Estado uruguayo de regular por ley la asignación de publicidad oficial, algo
que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció como una
obligación de los Estados, pero que como suele ocurrir, recién se hará cuando
llegue alguna denuncia internacional. En Uruguay la asignación de publicidad
oficial sigue siendo discrecional, injusta y plagada de inequidades”.
Fundamentando la aseveración, señala los
siguientes ejemplos:
“1.- Los entes estatales solo informan cuánto
asignan de publicidad oficial y a qué medios lo hacen ante pedidos de acceso a
la información, cuando deberían hacerlo en forma proactiva y permanente. Antel,
que gasta en el orden de U$S 18 millones anuales en publicidad, se niega a
informar cómo gasta esa enorme cantidad de recursos alegando que es información
secreta.
2.- Los diarios del interior del país,
nucleados en la Organización de la Prensa del Interior (OPI), venden
semanalmente más diarios que todos los de Montevideo e individualmente algunos
superan a varios diarios de la capital; sin embargo, reciben en el orden del 3%
del total de la publicidad oficial destinada a la prensa gráfica, el resto es
todo para los medios escritos de Montevideo.
3.- Las radios comunitarias regularizadas
hace dos años siguen sin percibir publicidad oficial. Para el Estado sigue
siendo un sector de la comunicación invisible.
4.- Existe una práctica cuestionable por
parte de los medios y el Estado de pedir autorización para realizar
"suplementos promocionales". Con una carta de recomendación de un
ministro o director de ente la mayor parte de los medios escritos acuden a los
principales contratistas del Estado a "ofrecerles" participar en un
suplemento a favor del organismo con el que contratan. ¿Qué contratista se
arriesgaría a quedar ausente del "homenaje" a su principal cliente?
5.- Muchos organismos delegan en las agencias
de publicidad la asignación de publicidad oficial. Pierden así el control de
una potestad estatal. ¿Alguien sabe cómo asignan este recurso estatal? ¿Qué
comisiones cobran a los medios y al Estado?
6.- Hay organismos cambian en forma periódica
sus logos, incurriendo en gastos de decenas de miles de dólares innecesarios.
Los organismos que no compiten en ningún mercado deberían tener prohibido por
ley cambiar sus isotipos oficiales.
7.- No existen fondos especiales para el fomento
de la creatividad periodística o de nuevos emprendimientos, sin embargo, se
subsidian publicaciones que no llegan a vender dos o tres mil ejemplares por
día.
8.- Cuando aún resta un buen tiempo para las
elecciones debería regularse en la ley de asignación de publicidad oficial la
prohibición de que los directores del organismo aparezcan en los spots y la
prohibición de realizar campañas en el año electoral. Después, será nuevamente
tarde.”-
Por último GMS recordó “que el Presidente
José Mujica a poco de asumir prometió volver a estudiar y remitir al Parlamento
el proyecto de ley sobre asignación de publicidad oficial construido con
participación de todos los actores involucrados”.
Si se
concreta tal iniciativa será, sin dudas,
uno de los pasos más importantes que dará su administración en materia
de transparencia, buen manejo de los recursos públicos y respeto a la libertad
de expresión, el derecho a la información. Según GMS, si lo demora, “el país no
tardará en volver a ser condenado en una corte de derechos humanos como
lamentablemente viene ocurriendo con otros varios temas en los últimos años”.
Frente a esa realidad, sumamos nuestra
modesta voz de preocupación, reclamando, en nombre de la cultura y la
civilización, también en materia publicitaria, mayor equidad,
transparencia y racionalidad en el uso
de los recursos públicos. Recordando dicho sea de paso, que el Estado es una
institución que no crea riqueza ni recursos económicos. La riqueza y recursos
que administra son producto del trabajo de todos los ciudadanos uruguayos. Elevemos nuestra conciencia republicana y
democrática y exijamos que nadie, ni aún el Presidente de la República, se
apropie de lo que somos dueños y señores.
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