“Entre tanta
oscuridad por fin surgió un rayo de luz” me dijo mi amigo Domingo el Viernes.
Acabábamos de analizar la estrategia del Ministro de Economía Fernando Lorenzo
sobre el lío de la OCDE, el G20 y Sarkozy.
No pude más
que coincidir.
Escuchar al
Ministro Lorenzo fue una tranquilidad ante tanto desatino.
El Canciller
Almagro no paró de cometer errores en la semana. El último fue expresar que
ante las palabras del vocero del Ministro de Relaciones Exteriores de Francia
el tema se había solucionado.
El
Presidente de Francia nos acusó de ser un paraíso fiscal y nos amenazó con
radiarnos de la comunidad internacional.
Ante la
queja de nuestro país, un funcionario de tercera categoría aclaró que Sarkozy
no había hablado en nombre de Francia sino del G20.
Entonces
Almagro dijo ¡el asunto está solucionado porque Sarkozy no había hablado en
nombre de Francia sino que lo hizo en nombre de Francia, Alemania, Argentina,
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Méjico, etc!
A ello se
sumó el pedido que llegó desde la Presidencia a los partidos de la oposición:
no culpemos a Argentina porque se viene la temporada turística.
Es decir, no
digamos que fue Argentina quien junto con Brasil en el Comité de la OCDE
incluyó a Uruguay en la lista de paraísos fiscales, pese a que fue quien nos
incluyó. ¡No lo digamos porque los argentinos se pueden ofender y no venir a
veranear al Uruguay!
De ahí el
alivio de escuchar al Ministro de Economía decir cosas sensatas pero sobre todo
prestarle atención a lo principal y no a lo accesorio.
A mi juicio
el tema es claro: Argentina y Brasil utilizan la OCDE para que Uruguay les dé
información sobre las inversiones de sus ciudadanos en el Uruguay.
¿Para qué
quieren que Uruguay les dé información?
Para
ponerles impuestos sobre los bienes que puedan tener en nuestro país.
Uruguay,
desde hace mucho tiempo, sostiene que la riqueza que está en el Uruguay debe
pagar impuestos en el Uruguay y no en otro país. Es decir que si un extranjero
compra una casa aquí, tiene un depósito en un banco, instala una industria,
explota un campo o lo que sea, esa riqueza paga el impuesto en el Uruguay. No
en el país de origen.
¿Por qué?
Sencillamente porque está en el Uruguay y por ende el país tiene derecho por un
tema de soberanía.
El motivo
por el que no se le da a los otros países información sobre las inversiones de
sus nacionales es, justamente, para proteger la soberanía tributaria del país.
Esta es una
pelea de más de 300 años entre Europa y las colonias, primero, y entre los
países grandes y los pequeños después.
Los países
pequeños, como el Uruguay, quieren que la riqueza que se encuentra en ellos
pague los impuestos en el país donde está la riqueza, la inversión.
Los países
grandes, que tienen mucho capital, quieren que esa riqueza, si pertenece a un
nacional de ese país, pague impuestos en el país de origen de la persona.
Es la lucha
entre ponerle impuestos a la fuente de la riqueza o gravar la persona.
Que viene a
ser la misma lucha entre las imposiciones de las metrópolis a las colonias
(Inglaterra a Estados Unidos, España a América, etc) o de los mal llamados
“imperialismos” a los países sub desarrollados.
Con el
tiempo los países fuertes cambiaron de argumento. Dijeron que no dar la
información era captar capitales ilícitos. De esa forma nos pusieron a la
defensiva.
Pero, hace
ya mucho tiempo, se encontró la respuesta a esto en lo que se llamó el “tax
credit”: los tratados para evitar la doble imposición.
Esto es, los
países exportadores de capital reconocen que la riqueza paga impuesto en donde
se genera (por ejemplo en el Uruguay) por más que su titular sea un nacional de
ellos. Los países como Uruguay aceptan dar la información pero condicionado a
que se firme un tratado para evitar la doble imposición.
Esto no es
nuevo. Tenemos desde hace muchos años un tratado de este tipo con Hungría,
desde 1987 uno con Alemania, y unilateralmente Estados Unidos reconoce un “tax
credit” a sus nacionales cuando invierten en el Uruguay.
Esa es la
sensata posición del Ministro de Economía.
La misma que
solicitamos hace un año en el Parlamento cuando la mayoría oficialista aprobó
un Tratado de información con Francia sin exigir un convenio para evitar la
doble imposición.
Sí, hace un
año le dimos a Francia ese beneficio, y hoy nos acusa. Injusto ¿no?
Creo que
Uruguay no debe ahora negociar bilateralmente con país alguno. Tiene que ir al
G20, a la OCDE, y ofrecer dar la información a cualquier país que la solicite.
Pero condicionado, siempre, a la firma de un Tratado para evitar la doble
imposición.
Ahí veremos
si vienen por la información o, como hace 300 años, por la riqueza que se
genera en el país.
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