Marcelo
GIOSCIA CIVITATE
Las
desafortunadas manifestaciones del Presidente Sarkozy al expresar las
conclusiones del encuentro del G20 (Grupo integrado por la Unión Europea como
bloque, más diecinueve países que representan economías emergentes, entre los
que se encuentran nuestros “vecinos-socios-hermanos” Brasil y Argentina) que
tuvo lugar en la cinematográfica localidad de Cannes, dejan en evidencia hasta
qué punto la desinformación puede llegar a jugar una mala pasada, incluso en
aquellos líderes que integran el “primer mundo”.
Porque
incluir a Uruguay en la lista de paraísos fiscales, y amenazarlo incluso con
excluirlo de los organismos internacionales, a los que ha honrado con su
conducta desde su fundación, luce no sólo excesivo, sino además agraviante. Sin
pretender atribuir intencionalidades, queda de manifiesto la ligereza con que
se nos califica y equipara con otros países, con la finalidad manifiesta de
presionar (para que se adopten decisiones o se firmen tratados de intercambio
de información tributaria) en favor de intereses que no son los nuestros.
Más
que un problema en las relaciones bilaterales con Francia (con quien rige un
tratado de intercambio de información tributaria, que por cierto no se menciona
y que el presidente galo seguramente ni recordó) el enojoso asunto, radica en
las presiones de un grupo que, cuenta con informes de otro organismo como la
OCDE, que nuestro país no integra. Por esta sola circunstancia, no podría
siquiera controlar el proceso de presuntas sanciones que le aplicarían las que,
no resultarían siquiera procedentes a su respecto.
Considerar
a nuestro país despectivamente, como un “paraíso fiscal”, supone desconocer
cuál es la realidad jurídico-tributaria a la que estamos sometidos no solo
quienes habitamos este suelo, sino también quienes no poseen la calidad de
residentes. Ambos grupos humanos, son sujetos pasivos de los controles y de la presión
tributaria o fiscal de los organismos de recaudación del Estado dependientes
del Ministerio de Economía y Finanzas, que por cierto no resulta menor a la
hora de evaluar costos, en emprendimientos de tipo productivo-financiero. Nada
tenemos de paraíso fiscal y aquí, los controles se aplican.
Por
ello es bueno, para los inversores extranjeros, conocer nuestro ordenamiento
jurídico, así como el correcto y cristalino funcionamiento de un Poder Judicial
independiente y la plena vigencia de un tribunal como el de lo Contencioso
Administrativo que, fuera de este poder, garantiza la legalidad de los actos
administrativos que eventualmente puedan lesionar los derechos de los
habitantes de este territorio. Y sus sentencias, habilitan a corregir actos que
afecten a particulares y se hayan dictado contrarios a derecho o con desviación
de poder. ¿Cuántos ordenamientos jurídicos pueden exhibir tales garantías?
Es
así que resulta inaceptable que se pretenda endilgarnos el mote de “paraíso
fiscal” cuando, nuestra realidad jurídico-tributaria y la transparencia de
nuestros procesos administrativos y judiciales, nos colocan muy lejos de estos
lugares.
En
territorios de pequeña escala como el de nuestro país, debemos actuar con
dignidad soberana, cautela e inteligencia a la hora de sancionar leyes que nos
permitan poder obtener ventajas comparativas que redunden en una mejor calidad
de vida de nuestros habitantes, pero además, debemos prestigiar el pleno
funcionamiento de las normas que rigen nuestro orden jurídico interno, de
conformidad con nuestra Constitución, sin dejar avasallarnos por amenazas y
presiones foráneas, que no buscan más que nuestra sumisión y dependencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario