Fernando
HENRIQUE CARDOSO
Socióloto.
Presidente del Brasil 1995/2003
Los últimos casos que involucraron a
funcionarios en Brasil revelan que lo que era episódico se volvió una constante
y que el sistema político empieza a tener como base a la convergencia de
intereses materiales y a la corrupción.
El nuevo ministro de Deportes de Brasil, Aldo
Rebelo, afirmó recientemente que los desmanes que ocurrieron en su ministerio
se deben a que las organizaciones no gubernamentales (ONG) pasaron a tener
mayor participación en la concretización de las políticas públicas. Y sentenció
que sólo hará convenios con las prefecturas, ya no con sectores de la sociedad
civil. O sea, en lugar de desenredar lo que ocurre en la administración federal
y analizar las bases reales de la corrupción y el poder, encontró un chivo
expiatorio afuera del gobierno.
En el caso, que yo sepa, es opinión de
alguien que no tiene las manos sucias por desvío de recursos públicos. No se
trata, sin embargo, de una simple cortina de humo para ocultar prácticas
corruptas. Son palabras que expresan la visión del mundo del nuevo ministro: lo
que concierne al "Estado", al gobierno, es correcto; lo que viene de
afuera, de la sociedad, trae impurezas. El mal, pues, estaría en las
organizaciones no gubernamentales en sí mismas, no en el desvío de sus
funciones ni en la falta de fiscalización, cuya responsabilidad es de los
partidos y de los gobiernos.
Ese tipo de ideología viene asociado con otra
perversión común: fuera del partido y del gobierno, nada es ético. Ya lo que se
hace dentro del gobierno para beneficiar al partido encuentra justificación y
se vuelve ético por definición.
Se repite algo del escándalo de las
mensualidades. En ese episodio ya estaba presente la ideología que santifica al
Estado y hace de cuenta que no ve el desvío de los dineros públicos, aunque sea
para ayudar a los partidos "populares" a mantenerse en el poder. Con
una diferencia: en las mensualidades se desviaban recursos públicos y de
empresas para pagar los gastos electorales y obtener el apoyo de algunos
políticos. Ahora, son los partidos los que se acogen a los ministerios e,
incluso fuera de la temporada electoral, construyen redes de recaudación por
donde pasan recursos públicos que abastecen sus arcas y los bolsillos de
algunos dirigentes, militantes y cómplices.
Siempre existirán la corrupción y, más que
ella, el "fisiologismo", el clientelismo tradicional. Después de la
redemocratización, empezando por las prefecturas, el Partido de los
Trabajadores (PT) - y no sólo éste - emprendió un camino de buscar recursos
para el partido en las empresas de recolección de basura y en las de transporte
público (sin ONG de por medio). Sin embargo, hay una diferencia esencial en la
comparación de lo que se ve ahora en la esfera federal.
Antes, el desvío de recursos rozaba el poder
pero no era condición para su ejercicio. Ahora, los partidos exigen ministerios
y puestos administrativos para obtener recursos que permitan su expansión,
atrayendo militantes y apoyos con los beneficios que extraen del Estado. Es con
esta condición como dan votos en el congreso. Lo que era episódico se volvió
"sistemático", lo que era una desviación individual de la conducta se
convirtió en una práctica aceptada para garantizar la
"gobernabilidad".
De esa manera, las "bases" de los
gobiernos resultan más de la composición de intereses materiales que de la
convergencia de opiniones. Con eso pierden su sentido las distinciones
programáticas, por no hablar de las ideológicas: no importa que el partido se
diga "de izquierda", como el Partido Comunista de Brasil (PCdeB), o
centrista, como el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, o de
centro-derecha como el Partido de la República, ni qué epíteto tengan. Al fin
de cuentas, todos son condóminos del Estado.
Hay sólo dos lados, el de los condóminos y el
de los que están fuera del reparto del botín. El antiguo lema de "dar para
recibir", popularizado por el diputado Roberto Cardoso Alves en el
gobierno de José Sarney, se refería a los nombramientos, al apadrinamiento que,
eventualmente, podrían llevar a la corrupción, pero que en sí mismos no la eran.
Se trataba de una forma tradicional y clientelista de hacer política.
Hoy es diferente. Además de la forma
tradicional - que continúa existiendo - hay una nueva manera,
"legitimada" de garantizar apoyos: el otorgamiento casi explícito de
ministerios con los "portones cerrados" a los partidos socios del
poder. Digo "legitimada" porque desde el asunto de las mensualidades,
el propio presidente Luiz Inacio Lula da Silva no hizo otra cosa que justificar
este sistema. Como hizo todavía ahora en el caso de la renuncia de dos
ministros acusados de corrupción, a los que pidió que tuvieran el "cuero
duro" (¿o quiso decir que fueran caraduras?) y se mantuvieran en los
cargos. En un clima de bonanza económica, la aceptación tácita de este estado
de cosas por un líder popular ayuda a convertir el desvío en norma más o menos
aceptada por la sociedad.
Pues bien, me parece grave que en momentos en
que la presidenta Dilma Rousseff esboza una reacción ante este lavado de manos,
un ministro reitere la vieja cantilena: la contaminación es consecuencia de las
ONG. Se olvida de que el gobierno tiene la responsabilidad primordial de cuidar
la moral del Estado. No hay Estado que sea por sí mismo moral, ni partido que
sea inmune a la corrupción por la gracia divina. Peor: no hay partido que no
pueda volverse cómplice de un sistema que se base en la corrupción.
El "sistema" reacciona a esa
argumentación diciendo que se trata de "moralismo udenista", en
referencia a las críticas que la Unión Democrática Nacional (UDN) hacía a los
gobiernos del pasado, como si al pueblo no le interesara la moral republicana.
Bonito engaño. Es sólo discutir el tema relacionándolo, por ejemplo, con los
desórdenes de la Copa para ver si el pueblo reacciona o no a los desmanes y a
la corrupción. El alegato antimoralista es parte de la misma tonada de
"legitimación" de los "imperfectos".
No me parece que la tan anunciada limpieza,
todavía muy lejos de haber sido terminada, haya atraído apoyos populares a la
presidenta. El obstáculo a una posible limpieza no es la falta de apoyo popular
sino la resistencia del "sistema". Como se vio en el cambio de un
ministro por otro del mismo partido, posiblemente también para preservar un ex
titular del mismo ministerio que cambió al PCdoB por el PT y que hoy gobierna al
Distrito Federal. Estamos ante un sistema político que empieza a tener a la
corrupción como base, más que simplemente ante personas corruptas.
Todavía hay tiempo de reaccionar. Pero es
preciso ir más lejos y más rápido en la corrección de rumbos. Y las oposiciones
no deben sustraerse a este esfuerzo. Pueden luchar en el Congreso por una ley,
por ejemplo, que limite el número de ministerios y por otra, si no en la misma,
que restrinja al máximo los nombramientos fuera de los cuadros de los
funcionarios. ¿Por qué no hacer explícitas las condiciones para que las ONG
puedan recibir los dineros públicos? Los desmanes no se limitan al ministerio
de deportes, hay otros en la fila. Los archivos de los medios de comunicación
deben estar llenos de denuncias.
No ayuda decir que se trata de
"conspiraciones" contra los intereses populares. De lo que se trata
es de su salvaguardia.
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