Marcelo
GIOSCIA CIVITATE
La amplia
difusión a través de la red de redes, de un video en el que se exhibe sin pudor
alguno, la muerte a golpes de un can, a manos de unos jóvenes uruguayos que,
riéndose, se jactan de su proceder, (mientras otra compañera los filmaba) ha
causado honda consternación y un severo rechazo social que nos llena de alarma.
¿Cuántos escalones de civilidad hemos descendido? Pues no se trata aquí sólo de
la respuesta esperada de las Asociaciones Protectoras de Animales, sino de la
sociedad en su conjunto, que consternada, no alcanza a comprender la insana
conducta de los autores responsables del hecho ocurrido. Hecho que, ha quedado
registrado y ha tomado estado público y que por cierto, ha afectado la
sensibilidad de todos quienes hayan podido observar la filmación en cuestión.
Sin embargo,
el análisis del asunto por su gravedad, debiera hacernos reflexionar sobre la
violencia y cómo evitar hechos de esta naturaleza, así como las respuestas que
debieran brindarse por parte de los organismos públicos que intervengan en este
tipo de asuntos. Se trata de una conducta reprobable por donde se la analice,
que delata una violencia que no habla bien de la educación en valores que
debieran trasmitirse, y pone de manifiesto un complicado entramado social donde
se verifican carencias de todo tipo, así como la falta de contención de un
sistema de rehabilitación y reeducación que requiere profundas
transformaciones.
Pero además,
y a estar por la respuesta dada por quienes se sintieron afectados por el
incalificable proceder de los autores materiales del hecho que nos ocupa, se
advierte que no se ha aprendido nada. Pues, por más indignación que pueda
causarnos la ejecución de un animal indefenso, llamar a la violencia, a la
venganza o al escarnio público, (difundiendo nombres de los implicados,
domicilios de sus familias, sus teléfonos) para responder ante tal proceder,
sin esperar el pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales que han tenido
que intervenir en el asunto y a los que se denunció el caso, no es otra cosa
que favorecer se instale un espiral de violencia de proporciones
inconmensurables. También esta conducta es reprobable.
Se advierte
con preocupación que, -en la vigencia plena de un Estado de Derecho- si bien se
debiera confiar en los resultados de los procedimientos judiciales ya iniciados
y en las decisiones que se adopten legalmente, para sancionar las
responsabilidades que le caben a cada uno de los participantes del hecho, ello
no ha ocurrido a cabalidad. Por ello, el llamado a repudiar y en cierta forma a
sancionar a los autores, es lisa y llanamente estimular o propender a que se
haga justicia por mano propia, conducta punible penalmente y que debiera
permanecer alejada de toda sociedad civilmente organizada.
Recordemos
que sólo la Justicia podrá recurrir a la Fuerza Pública a la hora de hacer
ejecutar sus decisiones, pero esa “violencia” será legítima y deberá ser
aceptada tanto por los directamente implicados, como por la sociedad en su
conjunto, cuando se dicte conforme a Derecho, con todas las garantías del
proceso y sin desviación de poder. Pues, por más válidas que sean las movilizaciones
que se realicen para que las autoridades públicas tomen conciencia del alcance
e insten al pleno cumplimiento y vigencia de la Ley 18.471, las mismas no serán
más que una demostración de repudio e indignación frente a lo ocurrido y
quedarán en ello, si no se insiste una y otra vez, en la validez de una
formación en valores y en el respeto de los derechos y obligaciones de todos
(incluyendo por cierto los derechos de los animales y las obligaciones de sus
propietarios) para lograr vivir en armonía y sin violencia de ningún tipo, en
una sociedad en la que, el mayor número pretende sea más justa, responsable y
solidaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario