Ope Pasquet
En declaraciones a la prensa, el presidente
Mujica dijo que “hay que arreglar esto [refiriéndose a las demandas de la OCDE
de que Uruguay suscriba acuerdos de intercambio de información fiscal con sus
“socios relevantes”, es decir, Brasil y Argentina] como parte de un paquete
donde esté el tema de información a cambio de cuotas de productos” (Búsqueda
del 10 de noviembre).
A criterio del presidente, pues, Uruguay
tendría que poner su información tributaria –esa que hasta hoy está protegida
por un régimen legal de secreto- a disposición de sus vecinos. A cambio, ellos
nos permitirían acceder “a distintos mercados que hoy están restringidos (...)
como forma de compensar las fugas de capitales que podría sufrir el país”
(fuente citada).
La propuesta presidencial nos parece
profundamente equivocada.
En primer lugar, porque quienes radicaron sus
capitales en Uruguay cumpliendo con nuestras leyes, se sometieron al imperio de
estas y al mismo tiempo se pusieron bajo su protección. Confiaron en el
Uruguay; en sus leyes, en sus instituciones y en su gobierno. Un país serio y
responsable no les puede decir ahora que esa confianza será defraudada, porque
por un lado nos presionan para que lo hagamos y por otro podemos obtener
beneficios si lo hacemos. Si procediéramos así estaríamos vendiendo la
confianza depositada en nosotros y, de esa manera, nos estaríamos faltando el
respeto a nosotros mismos.
Esta primera objeción, de carácter moral,
podría salvarse si se estableciera que sólo se entregará la información que se
obtenga a partir del cambio del régimen vigente. Si los acuerdos de intercambio de información
con los vecinos no tienen alcance retroactivo, quienes en el futuro vengan a
invertir o ahorrar en el Uruguay –queremos creer que algunos habrá que lo
hagan- sabrán de antemano a lo que se exponen y no podrán decir que fueron
sorprendidos en su buena fe.
Pero aún partiendo de la base de que los
acuerdos a los que se llegue no sean retroactivos, la propuesta de “información
por comercio” nos sigue pareciendo inconveniente y más aún, gravemente
perjudicial para el Uruguay.
De acuerdo con el artículo primero del
Tratado de Asunción, constitutivo del MERCOSUR, este implica “La libre
circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a
través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y
restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier
otra medida equivalente”.
Es la misma existencia del MERCOSUR, pues, la
que nos da derecho a acceder, con nuestros bienes y servicios, a los mercados
de los demás socios, así como pueden ellos acceder al nuestro. Entre 1995 y
2010, el intercambio comercial con los socios mercosureños le significó a
Uruguay un déficit acumulado de U$S 12.000.000.000 (doce mil millones de
dólares). Todos los años pagamos, pues, para ser socios del MERCOSUR. Que no se
nos diga que además tenemos que entregar información tributaria para poder
exportar a Argentina y a Brasil.
Es cierto que una cosa es la teoría del
MERCOSUR y otra, muy distinta, su realidad. La teoría habla de comercio libre
entre los miembros del bloque y la
realidad informa de trabas de todo tipo a ese comercio. Frente a estos problemas, lo que corresponde
es exigir que se respete y cumpla lo acordado, o sincerarnos y liberarnos
recíprocamente de los compromisos que no se quiere o no se puede cumplir.
Lo que no se debe hacer es mantener la
vigencia aparente de las normas, aceptar que de hecho no se cumplan y ofrecer
nuevas concesiones para obtener lo que ya hoy nos corresponde por derecho. De
esta manera lo que se logra es cohonestar los incumplimientos, alentar a los
incumplidores, corromper definitivamente lo que quede del espíritu del MERCOSUR
y dejar por el camino, hecho jirones, el interés nacional.
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