Alberto SCAVARELLI
Abogado. Periodista. Diputado (2005/2010)
En mayo del año 2008 publicamos la nota que hoy reeditamos por cuanto
lamentablemente mantienen vigencia los hechos y vigente la preocupación.
Sinceramente tememos que lo peor este por venir con la organización de
pandillas y procesos grupales de venganza en espiral.
Los incidentes de las últimas que culminaron con el asesinato a balazos,
de un jovencito de sólo 16 años, en medio de una trifulca enorme, en pleno
corazón comercial de Montevideo, son un alerta más de la gravísima situación en
la que nos estamos instalando a pasos agigantados.
Docentes atemorizados, alumnos a los que se les cobra peaje, amenazas de
violencia de toda naturaleza, se denuncian simultáneamente en varios espacios
del quehacer nacional esencial.
Es tiempo de respaldo institucional a las acciones enérgicas que por
derecho corresponden, es tiempo de fortalecer la autoridad docente e
institucional, porque la cuna del aprendizaje del cumplimiento de las
obligaciones formales, debe estar desde el comienzo en la educación. Este
ablandamiento del compromiso de convivencia, debemos revertirlo rápida y
ejemplarmente. La libertad requiere de la responsabilidad que permite la
convivencia social. Esta regla de vida se enseña y se trasmite de generación en
generación, de lo contrario la involución y el oportunismo radical es un riesgo
probado que acecha en el horizonte.
En mayo de 2008 editorializamos y hoy reiteramos ante análogas
circunstancias:
Los violentos incidentes producidos en un liceo de Montevideo,
protagonizados por adolescentes dentro y fuera del local liceal, debe ser
abordado con determinación, rapidez y en profundidad.
Todo procedimiento de análisis de la situación es importante, como
también lo es realizar encuentros donde se procure crear conciencia sobre la
gravedad que encierran estos procesos de violencia colectiva y de destrucción y
amedrentamiento, que pueden, ¬como de hecho ya ha sucedido antes¬, terminar en
males mayores.
Pero también es cierto que identificados los autores de los hechos, con
la debida tramitación reglamentaria y con todas las garantías del caso, los
autores materiales e intelectuales de la agresión y la destrucción, deben ser
sancionados de acuerdo a las normas vigentes.
No es posible cumplir con el deber esencial y elemental de todo estado,
de garantizar la seguridad básica a la que tienen derecho los estudiantes, los
profesores, el personal del liceo, los padres y los vecinos, sin que se
apliquen las medidas sancionatorias que por derecho corresponden.
Identificados plenamente los autores de los desmanes ¬que además están
filmados¬ y determinadas con todas las garantías del debido procedimiento su
responsabilidad, se les debe además imponer a ellos y a sus responsables, la
carga de reparar lo destruido y de indemnizar por los medios que dispusieren,
los perjuicios causados. Si no se tienen bienes con que responder, en
aplicación de principios elementales de las normas vigentes aplicables a todo
habitante de la República que causa un daño a otro, deberán imponerse por vía
judicial otras medidas supletorias que en definitiva resulten en la
indemnización debida, independientemente de la sanción a recaer.
No es posible la permisividad, porque ese relajamiento de la
responsabilidad de vivir en sociedad, sólo acarreará males mayores. El
desborde, la pérdida del respeto por los demás, la violencia y la prepotencia,
no puede ser administrada solamente desde el laboratorio social y el análisis
teórico. Hay una clara violación a las normas vigentes, y en consecuencia
resulta inevitable llamar a responsabilidad a sus autores y responsables
legales.
De seguirse así, terminarán estableciéndose las pandillas, el germen de
las tribus urbanas con códigos propios de violencia. La aparición de bandos
formados por quienes se agrupan para protegerse o vengarse, hasta que las cosas
se salen de su curso definitivamente.
Basta mirar a poca distancia para ver el proceso, la globalización y
también debiera servir para ver los resultados de los procesos de deterioro
social librados a su suerte.
Las expresiones de los docentes que estaban presentes durante el
desarrollo de los hechos, dentro y fuera del local liceal, fueron claras,
públicas, dando el rostro y terminantes. Su preocupación no podría ser mayor.
En ningún centro educativo de cualquier país con un desarrollo humano
como el nuestro, conductas de este tipo quedan impunes ni son minimizadas.
Sencillamente se trata de educar, también por la vía de exigir el respeto por
los demás y de las normas que nos rigen
Si la educación no forma para la vida y para la convivencia social, es
inútil dotarla de todos los recursos materiales que con sacrificio la comunidad
dispone en cifras muy importantes. Los recursos son el combustible que impulsa
en una dirección dada a los procesos a los que se aplica, pero resulta esencial
tener claro el norte y el propósito al que se aplican, sino se corre el riesgo
que devengan en absolutamente inútiles. Se debe exigir un resultado académico y
curricular, pero además se debe exigir el acatamiento a reglas de conducta cuya
violación resulta inadmisible. Esto no se arregla con recursos solamente, sino
con la resolución de cumplir con el deber y hacerlo cumplir, como corresponde
al ejercicio de la libertad, en cualquier democracia, en un estado de derecho.
No es posible que padres, alumnos y docentes, asistan con temor a un
centro de estudios, porque un grupo de inadaptados toma el control de la
situación para destrozar, y agredir, queriendo imponer las reglas de su
inconducta.
Si eso pasa en los centros de estudio, en los espectáculos deportivos,
en los lugares bailables, y se admite como algo natural, la consecuencia será
que ya no será posible tener vida en sociedad.
Sin tranquilidad básica no hay convivencia libre y pacífica posible. Sin
seguridad básica, la libertad se torna en un eufemismo.
Es deber de las autoridades, de los padres, de los docentes, de los
medios y de todos nosotros, hacer lo que corresponda para poner ¬de acuerdo a
derecho¬ las cosas en su justo lugar, antes que sea demasiado tarde.
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