Repartiendo Impuestos

Cesar García Acosta

En Uruguay estamos empezando a transitar senderos distintos en lo que hace a la articulación de los Gobiernos del nivel Nacional y Departamental, y ahora entre éstos últimos y los Locales del denominado tercer nivel de Gobierno, que se integran -a lo largo y ancho del país- con 89 Alcaldías que vienen demandando más atención y mayores recursos para satisfacer las necesidades de la base estructural de la sociedad uruguaya.

Tomando el ejemplo español y sus últimos comicios, podemos ver cómo el mundillo local viene generando un efecto denominó en contra de los intereses del partido del Gobierno Nacional. Y vemos con claridad meridiana que no se trata de que estos Gobiernos Locales sean compartimentos estancos ajenos a los grandes intereses de la política, sino que el ciudadano populariza y visualiza con mucha nitidez, qué es lo que lo favorece en su vida cotidiana y qué no, estando implícito en ello, la jubilación, el trabajo, la calidad de vida, la atención primaria de su salud, la seguridad ciudadana y la certidumbre.

¡Y qué factor éste: la certidumbre!

Muy pocos reconocen la virtud de la certeza como la principal arte del bien vivir cotidiano: de muy poco sirve un papel que diga que se ganará millones si efectivamente no se gane un solo peso. Lo que importa es lo que se compra en el supermercado y no el efectivo en el bolsillo, porque el valor de cambio es, no se tenga duda alguna al respecto, la diferencia entre la felicidad, la incertidumbre, la seguridad y la certidumbre.

Actualmente del Presupuesto Nacional, es decir, de todo lo que se recauda vía impuestos, queda para los Gobiernos Departamentales el 3,33%. Este monto alcanza, en la mayoría de los casos, a cubrir los gastos del 40% del Presupuesto Departamental incluidos los 89 Municipios.

Con este dato en el imaginario político, pongamos el punto de mira en dónde es que se recaudan efectivamente los dineros fiscales el país, y veremos que el interior real es fuente de recursos genuinos, por lo que justicia mediante, esos dineros deberían ser afectados mayormente a los territorios que los producen. Pero no es así, porque la realidad impone al país un sistema tributario que grava el trabajo, no la riqueza, y que centraliza el poder aunque se dicten leyes que pretender descentralizar a los Gobiernos Departamentales en Municipios, aunque no al Gobierno Nacional en relación a las Intendencias.

Insisto: el 3,33% de lo recaudado es para repartir entre los 19 gobiernos departamentales el dinero que ellos producen con impuestos en sus territorios. España, por poner un punto de referencia, asigna a los Gobiernos del segundo nivel, las Intendencias del Uruguay, el 50% de sus recursos.

De poco vale un 3,33% dirigido y limitante de las autonomías, si el objetivo político no crece y se acompasa con los intereses del país real.