Beatriz BUGALLO
Abogada. Docente Universitaria
Es mucho más que eso: es considerarse infalible, aislarse con soberbia, regocijarse en el pequeño círculo de poder. En definitiva: es estar ciega. Y, lo peor de todo, con un componente de politización a nivel ideológico nacional en sus autoridades, que desvía recursos nacionales en pos de intereses sectoriales.
En la Universidad de la República, la Universidad de todos, hay muchos esfuerzos serios, que superan muchos obstáculos, con la calidad como meta. Eso es innegable. Pero, lamentablemente, chocan con un espíritu sesentista de los malos, de los que impiden el desarrollo, que se reflejan en las decisiones de sus autoridades a distinto nivel.
El año pasado quedó reflejado notoriamente en el proyecto de ley que se enviara desde el Ministerio de Educación y Cultura, en relación con la creación de una Agencia de acreditación y evaluación de la Educación terciaria ¡que era solamente para las universidades privadas! Dejando egoistamente de lado a la mayoría de los estudiantes universitarios del Uruguay, que hoy concurren a la universidad pública. Ningún sistema puede sustentarse en una autoevaluación, menos teniendo los antecedentes de valoraciones autocomplacientes como tiene nuestra universidad.
Este año, por un lado, se persigue a incuestionables académicos nacionales negándoles el título de Profesor Emérito por consideraciones ideológicas y “de chacrita”. Eso sucedió en la Facultad de Derecho, me refiero al vergonzoso episodio en el que la mayoría oficialista del Consejo de Facultad articuló para no votar tales designaciones a los profesores Dres. Brito y Martins, ambos exministros del Partido Nacional y que ocuparon cargos como Rectores en universidades privadas. Quien quiera puede ver la versión taquigráfica, de la pequeña parte que no fue en sesión de Comisión General. En un sucio episodio de mentiras, tal posición subió al Consejo Directivo Central de la UDELAR, que apoyó lo actuado a nivel de la Facultad de Derecho.
Por otro lado, salta a la opinión pública el gasto de algo más de U$S 60.000 (sí, dólares, leyó bien) autorizado para el XVI Congreso Latinoamericano de Estudiantes (CLAE), que organizan en Montevideo, en agosto de este año la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE), con sede en La Habana, Cuba. Sin contar con colaboraciones de ANTEL y algunos ministerios. ¿Es para fijarse metas de excelencia? ¿Es para intercambiar conocimientos formativos? No. Según el CDC se gasta todo ese dinero porque se apoyan las actividades “que apunten a la mejor contribución del demos a la conducción de la Institución y a fortalecer el carácter formativo del ejercicio de la democracia universitaria". En Cuba, desde la Federación de Estudiantes coorganizadora dicen que es “una tribuna contra la demagogia imperial”. Un gasto desmedido, absurdo, solamente comprensible dentro de la línea general ideológica de las autoridades de la UDELAR.
En Cuba, aún en pleno siglo XXI se persigue el ejercicio de derechos civiles mínimos, sus ciudadanos no pueden siquiera salir con libertad, de libertad de opinión, expresión y elección de autoridades, ni hablemos... ¿Lideran el congreso para fortalecer la democracia a nivel estudiantil? Ojalá alguno de quienes vengan se “contagie” del mundo liberal y, por lo menos, se entere de cuánto mejor podría ser su vida en libertad. Pero claro, a quienes les pueden pasar esas cosas no los dejan salir de Cuba...
No hay comentarios:
Publicar un comentario