Cesar García Acosta
Cuarenta y dos meses es mucho tiempo: ni un trámite corriente y mucho menos uno judicial se merece más de mil doscientos días para que se haga justicia.Es más, tanto tiempo -además de costar mucho dinero recaudado por la vía de los impuestos a la sociedad-, constituye un agravio para quienes atónitos veían en diciembre de 2007 cómo marchaba a la cárcel uno de los directores municipales más destacados de la Administración del entonces Intendente Mariano Arana.
Muchos decían por aquél entonces que “se estaba cortando el hilo por el lado más fino”, en alusión a que Juan Carlos Bengoa no podía haber creado tal entramado en las entrañas de los Casinos Municipales, sin que nadie más que él supiera el verdadero objeto delictivo de su gestión.
Y hubo otros que razonando más en profundidad, sostenían: cuánto ganaron los casinos privados como consecuencia del desbarajuste de los casinos municipales. No se trató sólo de si se alquiló un Hotel para poner unos spots pagándose por arrendamiento más de 12 mil dólares mensuales. O que se haya tapiado el Casino Carrasco para -deterioro edilicio mediante- desestimular al apostador asiduo lanzándolo a manos de los casinos privados que crecieron en número y en equipamiento precisamente en su zona de influencia.
Y en realidad, sí, pasaron tres años y medio desde que en solitario inicié (siendo edil) la denuncia que indagó las irregularidades en los casinos municipales, por las que el fiscal penal Diego Pérez presentó ahora la acusación contra el ex director de las salas de juego, Juan Carlos Bengoa. Pérez solicitó que Bengoa sea condenado a cinco años y medio de prisión por los delitos de fraude, concusión (coimas) y conjunción de interés público y privado, adicionándole, además, un nuevo delito: la falsificación ideológica por un funcionario público, como consecuencia de las notas de agradecimiento que el ex director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, Alberto Rosselli, envió a un grupo de empresarios, por sus colaboraciones económicas para la refacción de la cantina del Casino Parque Hotel.
La fiscalía solicitó también que a Bengoa se le imponga una multa de 7.000 Unidades Reajustables (UR, equivalente a $ 3.577.000) y que se le establezca una prohibición judicial de cinco años para ejercer cargos públicos, manteniéndose la imputación contra los otros cuatro procesados en diciembre de 2007: los dos ex asesores de Bengoa, un empresario y un funcionario municipal. Los cinco indagados habían sido acusados de integrar una red de corrupción que favoreció a empresas –algunas familiares- vinculadas con el arrendamiento de máquinas tragamonedas.
A pesar de la solicitud fiscal ninguno de los cinco procesados volverá a prisión, ya que todos obtuvieron la excarcelación en marzo de 2010, cuando ya habían cumplido dos tercios de la pena que se preveía les recayera.
Pero sinceramente no vislumbro que el Ministerio Público y Fiscal siga indagando si el ex intendente Mariano Arana, la ex secretaria general de la comuna, María Julia Muñoz, y el ex director de Desarrollo Económico, Alberto Rosselli, tuvieron algún tipo de responsabilidad en las maniobras delictivas en el período 2000- 2005.
Por más que se mantenga un presumario para determinar por qué un empresario privado logró contratos de arrendamiento de slots al 50% del rendimiento, siendo que la mayoría de los acuerdos eran por el 30%, y todo agravado por la denuncia de Bengoa sobre que ese contrato fue por gestión directa de Arana y Muñoz, las cosas seguirán un rumbo de dimes y diretes que será inconducente.
Mientras tanto, los que se enriquecieron con la fracasa licitación del Hotel Casino Carrasco, y con la explotación empresarial de los casinos privados, hoy saben que ya no son objeto de investigación, que su suerte no corre riesgo y que sus ganancias fueron consecuencia de un buen negocio. Y todo esto, entre otras ingenuidades y por tildarlas de alguna manera, porque la Justicia ha sido lenta y víctima de una falta de análisis increíble.
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