Oportunidad histórica

Dr. Marcelo Gioscia Civitate,

Con la honrosa excepción del Senador Saravia, los otros Senadores del partido de gobierno en formación disciplinada, han logrado de espaldas a la ciudadanía, la “media sanción” de una ley que en puridad, busca anular la denominada Ley de Caducidad y hacer como si nunca hubiera existido.

Estos parlamentarios, con una arrogancia propia de iluminados, se burlan de la manifestación del soberano, quien en sendas e históricas consultas –distanciadas veinte años una de otra- ya se expresó sobre el mantenimiento de la Ley de la Perención de la Pretensión Punitiva del Estado.

Olvidan, en su ánimo de revancha, que esta Ley, como ninguna otra en la historia de nuestra República, ha sido sometida a consideración de la ciudadanía y avalada legítimamente por ésta en dos límpidas consultas populares.

¿Pretenden olvidar acaso -en el año del bicentenario- que la autoridad que hoy detentan debe cesar ante el pronunciamiento del soberano?

¿Cuáles son las reales motivaciones de este proyecto?

¿Puede acaso pensarse ingenuamente que, el proyecto que ahora pasó a Diputados, no sea hijo de una resentida motivación política o tal vez, de presiones internacionales que desconocen nuestro ordenamiento jurídico interno?

Porque fue política la solución que nuestro país encontró para salir de los oscuros años de dictadura, y política fue sin dudas, la forma en que se liberaron los presos y se recompusieron las carreras administrativas o las cédulas jubilatorias de los perseguidos de aquellos años. Y estos costos, los asumimos todos los uruguayos.

Históricamente fue la solución que nuestro sistema encontró para el retorno a la Democracia y contra ella, se alzaron en su momento –aplicando los mecanismos previstos en nuestra Ley Fundamental- los que no compartían esta solución.

Hace más de veinte años, en 1989 se nos consultó por primera vez sobre si avalábamos o no dicha solución legislativa y entonces nos pronunciamos luego de una extenuante recolección de firmas en la que uno de los eslóganes animaba a “firmar para que el pueblo decida”. ¡Vaya paradoja! Hoy resulta que, sólo vale la decisión popular cuando coincide con la del partido de gobierno. Y llegan a expresar que, en la primer consulta influyó el miedo y en la segunda, la desinformación y por ello es necesario aprobar este “mamarracho jurídico” que atenta no sólo contra la unidad de los uruguayos, sino contra el centro mismo del sistema republicano y representativo de gobierno.

Bueno es recordar que, nuevamente en el 2009 los ciudadanos que integramos esta Nación y que constituímos “la voluntad soberana”, fuimos convocados a una consulta popular sin precedentes y nuevamente, la Ley quedó confirmada.

¿No será hora de mirar de una vez por todas y con grandeza el porvenir?

Los señores legisladores del oficialismo debieran haber tenido presente que habiéndose pronunciado categóricamente el soberano y funcionado los mecanismos de democracia directa a la perfección, no les corresponde a ellos, modificar su pronunciamiento. ¡Se atreven a desconocer la voluntad soberna! Atropello que ni los militares cometieron cuando nos pronunciamos por el NO en 1980. El panorama se nos presenta entonces, como verdaderamente desolador.

En caso de funcionar en Diputados las mismas disciplinadas mayorías oficialistas, sólo resta esperar que el Presidente de la República aproveche su oportunidad histórica y ejerza el derecho al veto que la Constitución le reserva en su calidad de Primer Mandatario. Si no lo hiciera, sería el comienzo de una larga noche que por cierto no favorecería en nada al funcionamiento de nuestra República.