Profesores emeritos

Dr. Marcelo Gioscia Civitate,

Duele enterarnos de la renuncia presentada al Consejo de la Facultad de Derecho, por el destacado Prof. Dr. Carlos Delpiazzo por la pérdida que sufre en última instancia, la Universidad de la República. Y más nos duele, conocer los hechos que motivaron tal decisión: dilatar el tratamiento, retirarse de sala, en suma no considerar la propuesta de conferir las justas distinciones a dos grandes profesores de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, como son Mariano Brito y Daniel H. Martins quienes, más allá de Partidos, por su actividad académica, su amor al estudio y respeto a la Constitución (en la misma línea que señalara Alberto Ramón Real) por su desempeño en la esfera pública y en la privada, reúnen méritos más que suficientes para obtener cada uno de ellos, el título de “Profesor Emérito”.

Duele saber que dentro del ámbito universitario, exista una sesgada visión discriminatoria que no permita actuar con la grandeza que todo el país espera.

Bueno es recordar lo que dispone nuestra Carta Magna -desde la fundación misma de nuestra República- en cuanto a la prohibición de conceder en nuestro país distinciones hereditarias, y establece además, en general, el principio de igualdad entre los habitantes del territorio nacional, no reconociéndose otra distinción entre quienes formamos parte de esta nación, que los talentos y las virtudes de cada uno.

Estas disposiciones por cierto, nos alejan de regímenes aristocráticos. En nuestra realidad republicana, donde muchas veces ha predominado la ausencia de reconocimientos, las distinciones hay que ganarlas. ¿Alguien puede dudar de los méritos de Brito y Martins, para acceder a ellas?

La Universidad de la República y las distintas Facultades, a través de resoluciones adoptadas legítimamente, por los respectivos Consejos de cada Facultad, tienen previsto distinguir a quienes han dedicado su vida a la docencia y a la formación de sus estudiantes con el título de “Profesor Emérito”, presea honorífica de hondo significado a nivel universitario que, en su austeridad, significa un merecido reconocimiento a los distinguidos.

Por mandato constitucional, todo habitante de este suelo, tiene derecho a ser protegido en el goce del honor. Este Derecho al Honor, colocado no por casualidad a continuación del Derecho a la Vida (ya que una vida sin honor en cualquier nivel de actividad, no vale la pena ser vivida) podría interpretarse como una aureola de límpido destaque en toda una existencia y trayectoria vital, ya se trate del desempeño en la carrera docente, como en la actividad académica, pública y privada de una persona que, ha sabido velar su vida de tal forma que, por sus obras, trascienda su propia existencia.

Cuando alguien propone tal tipo de distinción en el ámbito institucional que corresponde, no debiera hacerse otra cosa que tratarlo y decidirlo. Otra actitud, significa una afrenta o lo que es peor, como ha quedado de manifiesto en el caso que nos ocupa, una muestra de intolerancia y oscurantismo, nada menos que en el recinto donde debiera prevalecer el amor al Derecho, a la Justicia y a la Libertad.

Esta renuncia-denuncia, por su gravedad y por todo lo que ella implica, no debiera pasar desapercibida.