Proteger a la población

Ope Pasquet

“El Brandon”, “el Pelón”, “el Maikol”...La lista de casos similares es muy larga y las situaciones se repiten: un “menor infractor” es detenido por la Policía tras haber cometido un delito, la Justicia competente lo procesa, dispone que se le prive de su libertad y lo remite al INAU para que se cumpla la medida, el menor se fuga del INAU (o la Justicia dispone su liberación) y vuelve a cometer delito. Y el número de víctimas de la acción de estos menores sigue creciendo, día a día, inexorablemente.

Las fugas del INAU son parte de la normalidad cotidiana; hubo más de mil (exactamente: 1024) el año pasado. Un Defensor Público ha denunciado, públicamente y con encomiable valentía, que los propios funcionarios del INAU alientan las evasiones, como modo de evitar el crecimiento explosivo de la cantidad de menores internados.

En lo que tiene que ver con la atención a la minoridad infractora el INAU está en crisis, evidentemente. Si no puede impedir las fugas, es obvio que menos puede lograr la rehabilitación de los internados.

El problema no es de hoy, ni tampoco empezó ayer; se arrastra desde hace muchos años y parece ir agravándose con el paso del tiempo. La cantidad de delitos se duplicó entre 1989 y el presente. Otro tanto sucedió con el número de menores infractores. A fines de los años 80 la Dra. Adela Reta estimaba que esos menores eran poco más de 200; hoy serían entre 350 y 400. En el mismo período la población uruguaya apenas creció. ¡Como para que no haya “sensación” de inseguridad!

Por supuesto, hay que empeñarse a fondo para mejorar el INAU. El actual Directorio del Instituto está trabajando seriamente en pos de ese objetivo, el Parlamento votó por unanimidad y sin retaceos todos los recursos que le fueron solicitados para ello y nadie en el Uruguay se opone a algo tan evidentemente necesario.

Pero aunque el actual impulso reformista tenga éxito (en el pasado otros intentos no lo tuvieron), pasarán años antes de que se noten sus resultados. Mientras tanto, ¿qué hacemos? La pregunta es insoslayable y perentoria, porque los “menores infractores” cobran nuevas víctimas todos los días. Según el Ministerio del Interior, ellos cometen más del 40% de las rapiñas que se registran anualmente en el país. Estos datos obligan, en mi opinión, a revisar viejos criterios acerca de los límites de la minoría de edad.

Soy partidario de modificar la legislación vigente para considerar penalmente imputables a los mayores de 16 años. Es la realidad la que reclama esta reforma -con todos los matices que se quiera establecer-, para defender a la población de los embates del delito. Esta es una tarea esencial y prioritaria del Estado. Si el INAU no sirve para cumplirla, busquemos otras herramientas para hacerlo; pero no dejemos de hacerlo.