Editorial

Sin reforma no habrá Patente Unica

El Uruguay es un país chico, con poca población distribuída de modo poco equitativo. Territorio y población no resulta el mejor parámetro ni para calcular impuestos, ni para proyectar por sí solo las actividades que más necesita el país para crecer y proyectarse definitivamente rumbo al futuro.

La crisis que representa a los Gobiernos Departamentales la querella por la conquista del tributo de patente de rodado, se observa en el propio discurso de los Intendentes, quienes lejos de advertir cuál es la sustancia o esencia del tributo por el que debaten, sólo se plantean a partir de él una fuente de recursos que les pueda resultar genuina a la hora de valorar sus roles, potestades civiles y hasta la perspectiva política que cada uno de ellos pueda tener en una próxima contienda electoral.

Para muchos Intendentes blancos la patente es algo así como la pancarta ante la población de que ellos sí son justos y que precisamente por eso es que sus patentes son más bajas que la de otros departamentos. Para otros, el hecho de reducir sus costos fiscales en los impuestos a los automóviles, se basa en que deben recuperar aquellos vehículos que algún momento les fueron quitados por sus gobiernos vecinos. Otros más, lejos aún de plantearse el debate por dónde se debe ir, sostienen que la determinación del costo de las patentes que se laudo en el Congreso de Intendentes a fines de 2008 (4,5% del valor de factura en dólares sin IVA y 2,5% para camiones), es lo que debe cumplirse a rajatabla como señal de entendimiento para poder discutir un poquito más arriba, quizá con el Presidente de la República, realmente dónde está inscripto este tema, cuál es el verdadero tema de fondo que está en debate y cómo puede empezar a ordenarse algo que ya está desbordado por tanta debilidad institucional.

Si algo quedó claro por éstos días es que los Intendentes podrán ser buenos ejecutores de las políticas públicas para sus territorios, pero que no tienen por cualidad saber negociar y escribir con letra claramente aquello que piensan, porque salieron de una sesión de 8 horas en el Congreso alegando las virtudes de sus acuerdos, cuando en realidad lo que habían hecho era definitivamente sellar cualquier instancia de diálogo al ensanchar la brecha del debate bajando unos los tributos, fiscalizando otros a los eventuales “Robin Hood”, o manteniendo un silencio casi cómplice otros como forma de protestar ante tanta insensatez.

La cuestión es que el tena mentado acuerdo de los Intendentes ocurrido al promediar la tarde del jueves, apenas si llegó a la edición matutina de los diarios del viernes, en tanto allí quedaron expresadas circunstancias que levantaron declaraciones que además de ir formando opinión, tiraron por la borda cualquier buena intención.

Montevideo, por su parte, haciendo uso de su criterio legalista salió a fiscalizar a quienes con chapas del interior circulan por Montevideo, sin observar dos cuestiones de fondo que merecen su atención: la primera, que Montevideo bajó los precios de la patente en 2011 y ese es un dato incontrovertible de la realidad, y otra que Maldonado, según un informe trascendido del propio Congreso y que es autoría del Partido Nacional, da cuenta que haba un Robbin Hood encubierto: Maldonado, quien es administrado por el Frente Amplio y que casualmente es quien más vehículo tomó de la cartera de los otros como si los automotores fueran parte de un negocio y los contribuyentes meros clientes en el marco de una legítima puja del mercado donde la ley de la oferta y la demanda es quien debe fijar las reglas del juego en el terreno tributario.

Pero yendo al principio cada vez queda más claro que no hay opciones: no pueden los Intendentes por sí resolver estos temas por una cuestión de conflicto de intereses; y los tributos deben estar regidos por su esencia y no por la frivolidad de la oferta y la demanda quedando sus resultancias a opción del contribuyente.

En suma, si la patente de rodado pretende pagar el desgaste que se produce con el tránsito vehículos sobre las calles, la necesidad de instalar semáforos para la seguridad, así como hacer frente a los costos del servicio prestado, no estamos ante un impuesto sino ante una tasa que impone legalmente que debe haber una razonable equivalencia entre el servicio prestado y el tributo cobrado. Siguiendo esta línea de razonamiento veremos que hasta Colonia con sus tributos en baja es cara para una población que tiene algunos pocos kilómetros de calles, tanto como los es Montevideo que debiendo prestar mayores servicios no mantiene las calles debidamente, tiene un reducido parque de semáforos y apenas unos 250 inspectores controlando el tránsito ocurrido en las miles de manzanas que conforman la ciudad.

Si el tránsito fuera una cuestión de Estado ¿tendríamos al menos un helicóptero sanitaria para las rutas y caminos?, o en Tacuarembó no moriría gente todo los días consecuencias de las picadas en moto tanto porque la Intendencia no tiene inspectores en horarios nocturnos o porque la policía no presta debidamente sus servicios.

Desde aquí insistimos en lo que en muchas ediciones anteriores hemos sostenido: sólo una reforma constitucional puede solucionar ese tema, y esa reforma debe realizarse a base de un tributo razonable, que lo fije el Gobierno Nacional y que lo cobren las Intendencias, pero a base de alícuotas idénticas, beneficios iguales y bases de cobro específicamente reguladas donde el mercado no puede ni debe intervenir como agente de distorsión.

Hasta que esto no sucede los meses de enero de cada año seguirán siendo caldo de cultivo para el periodismo y para la especulación fiscal.