Editorial

Hace unos el Presidente José Mujica reunido con los Intendentes Departamentales de todo el país, anunció su intención segura de echar a andar la maquinaria del Estado a favor de generar los espacios adecuados para que se dé, con cierta efectividad, un marco propicio para las asociaciones público-privadas.

Explicó el mandatario en esa oportunidad, ante el asombro de varios gobernantes departamentales, que él era proclive a formar Corporaciones Regionales con el fin de perfeccionar la fuerza del trabajo y de las empresas, hacia la construcción y mantenimientos de carreteras, puentes y caminos, labor a la que estarían integrados el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Municipios y la actividad privada.

Aseguró en aquella oportunidad que si se estaba de acuerdo él promovería la iniciativa más allá de las dudas razonables que ofrece al día de hoy la ley de empresas mixtas para el segundo nivel de gobierno (departamental), o que no haya normativa que avale la integración de capitales con un fin común.

El asfalto, el combustible, la especialidad e maquinaria y otras tantas facetas del quehacer municipalista, son factores centrales de un debate que, ciertamente, los Intendentes dieron por discutido en la interna de la fuerza política de gobierno, y por que no, hasta laudado en vista del planteamiento realizado a gobernantes, como los Intendentes, que pertenecen a tres de los partidos políticos con representación parlamentaria.

El diario EL OBSERVADOR en su edición del miércoles 27 de octubre deja en evidencia que existen diferencias sustanciales en el gobierno que aplazan la ley de asociación público-privada. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dejó en claro mensajes hacia la interna del Frente Amplio sobre los riegos que se corren de no poder operar con instrumentos como los que propone la ley.

La participación público privada (PPP) es una herramienta, en la visión del gobierno, para financiar obras de infraestructura más allá del plan de inversiones del presupuesto. Si el plan del gobierno en el actual presupuesto quinquenal es achicar el margen de compromiso presupuestal, dejando librado mecanismos de ingresos paralelos de claro corte extrapresupuestal, la tranca que ahor5a opera por la vía de los hechos la interna frenteamplista pone en riesgo no sólo un proyecto político, sino un proyecto país.

Analicemos, reflexionemos y no pongamos palo en la rueda para que el país cola de paja, como gusta llamar el Presidente, sea quien prevalezca.