Derechos humanos y democracia

Ope Pasquet

Durante la dictadura que sufrimos los uruguayos entre 1973 y 1985, estuvieron formalmente vigentes diversos tratados y convenciones internacionales, protectores de los derechos humanos.

¿Sirvieron para algo?

No; todos los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida, fueron violados en aquellos años, sin que la invocación de norma alguna, ni la acción de los organismos internacionales, pudiesen evitarlo.

Y lo mismo que pasó en Uruguay sucedió en Argentina, en Brasil, en Chile y en todos los países sometidos a dictaduras, como sigue pasando hoy en Cuba por la misma razón.

De poco valen las declaraciones de derechos, si no hay instituciones que las apliquen y hagan respetar, incluso con el auxilio de la fuerza pública si es preciso. Cuando es la propia fuerza pública la que se alza en rebeldía contra el Derecho, usurpa la función de gobierno y somete al aparato del Estado a su voluntad, las personas quedan desamparadas y sus derechos librados a la voluntad de los que mandan, digan lo que digan la ONU, la OEA o el gran rey de Borgoña.

Los derechos humanos sólo tienen verdadera vigencia, sólo amparan efectivamente a las personas de carne y hueso a las que deben amparar, en el marco de la democracia. Cuando hay una prensa libre para denunciar abusos y jueces independientes para investigarlos y sancionarlos, cuando en el Parlamento los representantes del pueblo pueden controlar a quienes ejercen el poder, cuando la fuerza pública militar y policial obedece realmente a las autoridades legítimamente constituidas, cuando los ciudadanos pueden cambiar al gobierno sin que para ello sea necesario jugarse la vida ni derramar sangre, sino simplemente votar; cuando todo esto ocurre, es cuando los derechos humanos pueden dejar de ser solamente un ideal y comenzar a incorporarse a la vida real de una sociedad.

Pasar de la dictadura a la democracia, sortear los peligros de toda transición, consolidar y fortalecer la democracia, ampliar su alcance y enriquecer su contenido: eso fue lo que hicimos los uruguayos en los treinta años que van desde aquel NO augural del plebiscito de 1980, hasta el presente. Por eso es que la situación de los derechos humanos en el Uruguay de hoy, es infinitamente mejor que la que teníamos en 1980.

En esa tarea política, absolutamente política, de restablecer y afirmar la democracia, los uruguayos utilizamos diversas herramientas, como la Ley de Amnistía para los Tupamaros y otros presos políticos, la Ley de Reposición de los Destituidos, varias leyes de reparación jurídica y económica para diversos colectivos perjudicados por la dictadura, y la Ley de Caducidad para militares y policías. Esta última fue la única que encontró resistencias; tantas, que fue sometida a un referéndum en 1989, y a un plebiscito en el 2009. Ambas consultas populares tuvieron en sustancia el mismo resultado y la Ley de Caducidad sigue vigente hasta hoy. Sin embargo, el Frente Amplio se propone anularla y todo hace suponer que concretará su propósito a breve plazo.

Hoy, después de veinticinco años de pacífica convivencia democrática, es muy fácil criticar a la Ley de Caducidad, comparándola con los estándares impuestos por los organismos internacionales protectores de los derechos humanos y señalando sus innegables defectos.

Lo cierto es que ni las meras declaraciones de derechos, ni los organismos internacionales que las proclaman , fueron los que resolvieron los problemas de los uruguayos cuando aquí adentro las papas quemaban. En esos momentos difíciles, cuando nos apremiaba la necesidad de lograr que los militares volvieran definitivamente a los cuarteles, para que gobernasen los elegidos por el pueblo y la gente pudiese volver a vivir en libertad y sin temor, la Ley de Caducidad fue una de las herramientas útiles para realizar la tarea. Renunciamos a castigar a los responsables por las atrocidades del pasado, para que no hubiese más atrocidades en el futuro.

El pueblo uruguayo lo entendió, y en 1989 ratificó expresamente la ley. Veinte años después, nuevamente convocado a las urnas para volver a pronunciarse sobre ella, no quiso anularla.

Ya que, como la amarga experiencia sufrida lo demuestra, no hay derechos humanos sin democracia, los defensores de los derechos humanos tendrían que ser los primeros en respetar y defender la regla básica de la democracia, que es la del acatamiento a la voluntad popular.

El pueblo uruguayo ya se pronunció acerca de la Ley de Caducidad.

Sólo cabe respetar su decisión.