Conflictos sindicales

Dr. Marcelo Gioscia Civitate

El ordenamiento jurídico de nuestra República contiene disposiciones que protegen los derechos de los trabajadores, reconociéndoles desde larga data, el derecho a la agremiación y las prerrogativas de los trabajadores sindicalizados.

No resulta menor significar que nuestro país, ha sido pionero en la defensa de los derechos de quienes trabajan y que, desde el retorno a la Democracia, los respectivos gremios se fortalecieron y han tenido desde el funcionamiento de las mesas de negociación colectiva, un formidable espacio para su protección y desarrollo.

Resulta del caso reconocer que, el aumento de afiliaciones a los respectivos gremios (tanto públicos como privados) ha aumentado exponencialmente desde que el Frente Amplio conquistara su primer mandato. Aunque estos gremios, no solo se han dedicado a defender los derechos de sus afiliados (en sus respectivas áreas de actividades) sino que, han alcanzado a integrar a miembros de sus cuadros, en puestos de la administración del gobierno al que (sin tapujos ni prejuicios) ayudaron a alcanzar y mantenerse en el poder.

La comprobación histórica que anotamos, así como las normas sobre funcionarios públicos contenidas en el proyecto de ley de Presupuesto no han impedido el incremento de la conflictividad sindical en los primeros siete meses del actual gobierno.

¿Se pretendía desconocer acaso por los militantes de izquierda que “la política es el arte de lo posible”? ¿O que los recursos son limitados?

Recientes declaraciones del Sr. Presidente de la República sobre las estatizaciones (“la estatización es una solución abandonada”) y sobre la asociación de capitales públicos y privados, hicieron resurgir viejas consignas que creíamos superadas. Tan es así que, lo declarado por el presidente de la Asociación de Funcionarios de OSE (“la posición del Presidente va por un camino de entrega y extranjerización de los organismos públicos”) ha significado la intervención del propio Ministro de Trabajo quien manifestó su malestar y pidió explicaciones por la acusación al Primer Mandatario y ello motivó que, en la Mesa de Entes, el delegado de esa Asociación (AffOSE) tomara distancia de los dichos de su presidente: “habló a título personal”, mientras el coordinador del PIT-CNT aseguraba que “cada uno es libre de opinar lo que quiera”.

Quizá por esa misma libertad, es que en la Mesa Ejecutiva Ampliada del PIT-CNT se decidió la realización de un paro general de 24 horas, sin concentraciones ni movilizaciones de los trabajadores el que, según ha trascendido, será un plebiscito contra el Presupuesto, la política salarial y por las reivindicaciones del PIT-CNT.

¿Cómo conciliar entonces, el apoyo al gobierno, con las reivindicaciones de los trabajadores públicos y privados? ¿Cuál fue la conducta de los gremios en sus reclamos frente a los anteriores gobiernos? Duro es reconocer que, la vara con que se midieron las cosas con los partidos tradicionales, no ha sido la misma. Por alguna razón advierte el propio sector del Primer Mandatario una “crisis de militancia”. Resulta por demás contradictorio. ¿Cómo mantener los “principios de clase” y la “actitud combativa” cuando parte de los cuadros dirigentes disfrutan de las mieles de los cargos públicos y del poder que ejercen? ¿Cómo impulsar el desarrollo en asociación con capitales privados y a la vez mantener satisfechos a los gremios que nos apoyan? La ambivalencia conceptual, utilizada por muchos gobernantes propios y ajenos, resulta altamente inflamable.

Ante el evidente conflicto de intereses que se manifiesta latente, o en ocasiones desembozado, debiera imponerse una clara separación entre el gobierno de turno y las centrales sindicales; y la misma, más allá del mantenimiento de principios éticos, debiera ser garantizada por una Ley de orden público, so pena de ingresar al resbaloso terreno de las ingerencias en las políticas de Estado y las suspicacias por subordinaciones, que ningún favor le hacen a nuestras instituciones republicanas.