Por Cesar García
El Presupuesto del Gobierno no analiza aspectos de la gestión de los Gobiernos Departamentales tan evidentes como de imperioso tratamiento. Tan controversial resultan algunos de los instrumentos que pretende concretar, como la figura del Delegado Presidencial, que para resolver supuestamente un problema de burocracia, lo que hace es aumentarla en 18 cargos más con funcionarios políticos y de particular confianza.
En esta columna no voy a hacer un análisis de la capacidad de gobierno en la búsqueda de soluciones; eso sería disparatado después de haber leído tan solo algunas de las tantas disposiciones que se insertan como la panacea para la resolución de los conflictos de nuestra sociedad desde el punto de vista no de un Partido Político, sino del Gobierno.
En esta columna me quiero referir a la desconsideración del Gobierno de José Mujica para con las intenciones reales de los gobiernos locales a la hora de atender servicios y prestaciones que le corresponden por cometido constitucional al Poder Ejecutivo. Y me refiero, concretamente, al desechado Gasto Público Social.
En promedio este tipo de gasto –definido no por los gobiernos departamentales como público y social- sino por Intendencias como la de Montevideo, o las autoridades de la anterior OPP del ex presidente Tabaré Vázquez, conjugan nada más y nada menos que un 30% del presupuesto anual de las Intendencias.
Para determinar estos valores desde el Congreso de Intendentes se proyectó y se aprobó una planilla con los rubros básicos que lo integran, pasando de ahí en más, ese gasto público social, a ser un valor referencial no a la hora de armar el presupuesto del Gobierno Nacional, sino al momento de impartir justicia política.
Pero en la antesala del examen que los parlamentarios harán de este tema, no está de más decir que la figura del Delegado Presidencial, para el que se crean 18 cargos políticas, pretende coordinar servicios y realizaciones que precisamente son las que están incluidas en el gasto público social. Entonces, no es que este gasto no se esté ejecutando, tampoco es que no se reconoce que el mismo le pertenece al Gobierno Nacional, lo que sucede es que en vez de transferir los recursos para que estas prestaciones se cumplan por quien la hace, lo que se busca ahora es retomar sus deficiencias para no perder espacios políticos considerados de real importancia a la hora de las decisiones.
Este asunto merece un debate más profundo, no sea cosa que el Delegado Presidencial trasmita mal lo que sucede en el territorio y tengamos que terminar descentralizando hasta al propio Presidente de la República.
No hay comentarios:
Publicar un comentario